Salir del agujero del régimen común

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El Congreso de los Diputados en un pleno reciente en el que se debatía sobre la ley de amnistía.

No apostaría dinero de mi bolsillo al éxito de la operación: tal es la dificultad del periplo de tramitación que espera al acuerdo para un concierto económico solidario. Sin embargo, para mí las reparos no tienen que ver con la falta de detalle, ni con la letra pequeña –creo que no puede ser de otra manera, dada la magnitud del cambio que está sobre la mesa– ni con la falta de un calendario pautado –de precisión imposible–. Puedo entender el escepticismo de muchos, pero no sobre la base de una descalificación genérica del preacuerdo con sentencias como que es más de lo mismo, que no hay cambio respecto al régimen común, que todo es un disfraz, etc.

La verdad es que si no fuera por la batalla que libran entre ellos los dos grandes partidos nacionalistas españoles –la falta de acuerdo de los partidos del 155, pese a dominar el Parlamento catalán–, no habríamos llegado hasta aquí. Una propuesta como la que el gobierno del PSOE dice que aceptará supone sacar petróleo –como lo ha ido haciendo también Junts– de la coyuntura política. Esto cuece a muchos analistas, catalanes incluidos.

Un recordatorio, en todo caso, a los incrédulos: el sistema del régimen común, hasta la fecha, se ha basado en que el Estado lo recauda prácticamente todo, estima las necesidades de sus entes descentralizados y les remite una transferencia. Lo hace con toda la opacidad que puede, sea para congraciarse con algunos o para dificultar la vida de otros. Define variables de necesidad, las pondera como cree, ajusta las poblaciones beneficiarias y, en su caso, articula fondos y subfondos adicionales. En la propuesta que las bases de ERC han aprobado, la Generalitat empezaría a recaudar un gran impuesto, el IRPF –el más significativo, que identifica parte de la soberanía fiscal–, dentro de la normativa general –incluida la europea– y de la capacidad tributaria que de entrada ya tiene; esto aunque al principio, muy probablemente, deba hacerlo a través de la Agencia Estatal Tributaria. La ingresa en origen, desde el momento en que se producen las retenciones sobre la renta, en su tesorería, con cuenta propia. Es el inicio del fin de los malévolos anticipos y de la imposibilidad de planificar correctamente la tesorería de la Generalitat. Se articula una contribución solidaria –transparente, clara, que debe respetar la ordinalidad y que tiene como referente, si se quiere, la progresividad fiscal personal– y se empieza a acabar tanto con la dependencia de las transferencias del Estado, que tiene poco federal según el pacto constitucional, como con la pelea con otras comunidades por la nivelación horizontal, que permite aparentar que el gasto que una comunidad no puede cubrir se debe a la tacañería de la comunidad rica, que nunca aporta suficiente; se hace una contribución solidaria, lo que distingue al nuevo sistema de los conciertos vascos, pero no solo en esto sino también en el hecho de disfrutar –los conciertos vascos– de otros privilegios poco presentables que, se dice, quieren reconducirse.

El preacuerdo puede criticarse por muchas razones –les podría hacer una lista larga–, pero en ningún caso con el argumento de que el sistema propuesto "es más de lo mismo". Si la propuesta llega a buen puerto, debe permitirnos abandonar la mesa de negociación común de las 15 comunidades. Cuidado con Baleares, que ahora las Islas serán las insolidarias, sabiendo que Madrid ya compensa por su cuenta con la capitalidad. Es, de entrada, bastante singular (de ahí los llantos), y establece una relación bilateral: estas son mis competencias, esta es mi soberanía tributaria, nos entendemos con las competencias compartidas o subrogadas, acordamos una contribución para una solidaridad no impuesta –acotada a una regla–, nos olvidamos de fondos y transferencias ad hoc... e iniciamos un nuevo camino, que ya veremos adónde nos lleva pero que probablemente nos sacaría del agujero en el que ahora estamos instalados. Aunque el incremento de recursos no fuera alto –que puede serlo, y bastante, dada la protección de la regla de ordinalidad y teniendo en cuenta el nivel del que partimos–, intentar salir del sistema actual en el que se ha quedado la financiación, que el Estado no ha sabido resolver y que nos ha dejado enganchados durante tanto tiempo, créanme que tiene que valer la pena.

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