En la actual crisis de la vivienda me parece que hay un componente antipático del urbanismo y la arquitectura que nadie acaba de atreverse a confrontar pero que lo atraviesa todo; se filtra en todas las conversaciones y debates urbanos, y da mucho miedo. La temida especulación.La especulación no es buena para nadie, pregúntenselo a los promotores. Tener que comprar terrenos a precios desorbitados, no saber nunca si el precio de venta es adecuado o si te están tomando el pelo, tener múltiples terrenos abandonados en las ciudades esperando que pasen los años y aumente la demanda para venderlos por el triple de lo que costaron es lo que más daña la confianza de la ciudadanía hacia el urbanismo. Oír hablar de aumento demográfico y parálisis de la construcción de vivienda protegida desasosiega y hace aún más irracional cualquier decisión personal sobre la vivienda. Las leyes se han ido engrosando, pero no parece que ahora haya más control y mecanismos públicos para hacer frente a la especulación.El año 1933 se celebró el Primer Congreso de Arquitectos en Lengua Catalana, organizado por la Asociación de Arquitectos de Cataluña, con presencia de 129 arquitectos venidos desde Valencia hasta Mallorca, delegados del Cuerpo de Arquitectos Municipales de España, del GATCPAC y de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura. El Congreso tuvo un componente político importante, cuyo objetivo era establecer los fundamentos de las leyes que habrían de regular el urbanismo y la vivienda en la Cataluña republicana. Francesc Macià no asistió, pero envió a Joan Casanovas, y la sesión inaugural se celebró en el Palau de la Generalitat.Lo que me parece destacable de aquella iniciativa es que, más allá de sus despachos individuales y de la dificultad de generarse encargos particulares, el centenar de arquitectos fuesen capaces de consensuar un texto sintético y con propuestas concretas para una nueva ley de urbanismo, política social de barrios obreros y contención de la especulación en los barrios, además de proponer cambios en la enseñanza de la arquitectura y apostar por la arquitectura escolar.
En cuanto a la política urbanística, concluyeron que todo proyecto debería fijar el período de ejecución, en función del crecimiento de la ciudad, villa o pueblo. Este precepto, aún hoy, no se cumple en la mayoría de los planes urbanísticos de los años 1990 y 2000, y nadie pierde los derechos a edificar aunque hayan pasado decenas de años, porque el planeamiento no caduca. También decían lo siguiente: “Todos los ayuntamientos de Cataluña deberán encontrar en la legislación catalana los medios necesarios para que puedan desarrollar una política social del suelo que tienda a favorecer la vivienda y evitar la especulación de terrenos”. Estos “medios necesarios”, que quería decir financiación municipal para que se pudiera crear y mantener un patrimonio público de suelo y vivienda, no han aparecido nunca, y, de hecho, la ley del suelo estatal de 1956, en período franquista, reconoce en su preámbulo que la falta de previsión en cuanto a la formación de reservas de suelo había abocado a las ciudades españolas a la especulación rampante. En cuanto a la política social, con relación a los barrios obreros y la especulación de los terrenos en las ciudades, ya en los años treinta el consenso profesional llamaba a la iniciativa y el liderazgo públicos para hacer frente a las necesidades de vivienda. Escribieron que la Generalitat debería velar “porqué se establezca un programa de casas económicas para todos aquellos que vivan de un jornal o sueldo” y que debería dar “soporte a toda iniciativa individual o colectiva que tienda a la mejora de la vivienda, tanto urbana como rural, siempre que tenga una finalidad social y no persiga directa o indirectamente la especulación de los terrenos o de los alquileres”. La Casa Bloc es fruto de estas ideas, como también lo son los centenares de viviendas sociales para trabajadores de fábricas, sufragados por las mismas industrias, que hicieron Martorell, Bohigas y Mackay en los años 1980. La última propuesta que quiero destacar sería controvertida actualmente, pero tiene todo el sentido del mundo: “Toda entidad o particular que realice una urbanización deberá fijar los precios de venta de los terrenos edificables y las condiciones en que efectuará la venta y los alquileres; condiciones que deberán ser aprobadas por los organismos que en su día creará la Generalitat”. El año 1936 los arquitectos más propositivos del GATCPAC son depurados: Torres Clavé muere en el frente víctima de la aviación fascista italiana, Sert marcha al exilio y funda la Escuela de Diseño Urbano de Harvard, Fàbregas marcha a Cuba, Rodríguez Arias a Chile y Bonet Castellana a Argentina. Ricard Giralt i Casadesús, defensor de la adquisición pública de suelo y de cortar el ciclo especulativo en el paso de suelo agrícola a urbano, fue obligado a abandonar su cargo como arquitecto municipal de Girona y Figueres. Y con su desaparición y la consolidación del franquismo, la contundencia y claridad de sus propuestas se borraron del mapa. Las actuales leyes del suelo y de urbanismo son más numerosas, más extensas y más complicadas, pero no afrontan estas cuestiones fundamentales.
