¿La UE en un punto de no retorno?
Los países de la Unión Europea (UE) han aprobado un endurecimiento histórico de las normas migratorias, que incluye la creación de "centros de retorno" fuera del blog y un nuevo mecanismo de solidaridad basado en multas. Se trata de un giro radical que implica a terceros países, y no podemos prever cuáles serán sus consecuencias a corto plazo desde el punto de vista de la geopolítica de las migraciones en Europa. Lo aprobado en Bruselas es una inflexión restrictiva motivada por la presión política interna de la extrema derecha, pese a la reciente caída de las entradas irregulares. En síntesis: más autoritarismo por gestionar, hacia fuera y hacia dentro.
Hacia fuera, el acuerdo establece "centros de retorno" –ya no "de acogida"– situados fuera de las fronteras de la UE, y permite expulsar a personas migradas a países considerados "seguros" aunque no sean el de origen. De hecho, llamarlos así es un eufemismo: es una política de deportación sin matices. Se trata de un paso adelante enorme hacia una UE cada vez más alejada de sus valores fundacionales.
Hacia dentro, el acuerdo introduce un sistema de "solidaridad obligatoria", una "solidaridad de pago": los estados que se nieguen a acoger a solicitantes de asilo tendrán que pagar 20.000 euros por persona. Este paquete no sólo cierra la puerta a la solidaridad real, sino que legaliza e institucionaliza una política de contención y externalización que la UE lleva años practicando encubierta.
La reforma es profundamente equivocada y peligrosa, no sólo para las personas en movimiento, sino para el propio proyecto europeo.
1. Externalización y vacío legal de los derechos humanos. La creación de "centros de retorno" fuera de la UE y la posibilidad de enviar a personas migrantes a terceros países "seguros" es una manera de desplazar responsabilidades y crear un vacío legal donde la protección internacional se diluye. La experiencia de Australia y Dinamarca está clara: estos centros no desincentivan las salidas, pero sí multiplican el sufrimiento, la inseguridad jurídica y las vulneraciones de derechos humanos fuera de la jurisdicción europea. Europa exporta su frontera e importa menos responsabilidades.
2. El reconocimiento explícito del fracaso de la solidaridad. El nuevo sistema de multas convierte el derecho de asilo en un bien transferible. La UE pasa de una solidaridad basada en la acogida a una solidaridad basada en el pago. El mensaje es alarmante: es aceptable pagar por no cumplir las obligaciones éticas y jurídicas de acogida. Los solicitantes de asilo se transforman en una carga económica, cuando deberían ser considerados como personas titulares de derechos. Es un peligroso precedente que institucionaliza la insolidaridad.
3. Cesión en la agenda de la extrema derecha. La reforma se vende como una forma de "recuperar el control", pero es, de hecho, una cesión directa al lenguaje y la lógica de la derecha y la extrema derecha europeas. Y esto ocurre en un momento en que las entradas irregulares han caído un 20%. No es una respuesta a una emergencia, sino una respuesta al clima electoral. En lugar de crear vías legales, invertir en gestión inteligente de la movilidad o apostar por modelos de inclusión efectivos, la UE opta por una política de miedo y cierre. Una Europa pequeña, desconfiada y obsesionada con la fortaleza, en lugar de ver la diversidad como un recurso estructural para su futuro.
El nuevo pacto migratorio nos aboca a dos derivas profundamente preocupantes: una cooperación internacional que deja de perseguir la democratización para convertirse en un instrumento de seguridad y contención –alimentando autoritarismos fuera y erosionando valores dentro–, y la entrada en una fase "post derechos humanos", en la que la lógica nacional. Es un giro que puede marcar de forma irreversible el rumbo del proyecto europeo, y que podría llegar demasiado lejos antes de que nos demos cuenta de hasta qué punto lo ha transformado.