La victimización de policías nacionales y guardias civiles
Cuando se haga la historia de la gestión de la pandemia en Catalunya, sin duda uno de los episodios más estrambóticos será el que explique que la justicia intervino para obligar Salud a vacunar a los guardias civiles y los policías nacionales por delante de otros sectores de la población. El TSJC dio este martes a Salud 10 días para que vacune a los miembros de estos dos cuerpos, a los cuales considera discriminados. La historia de este caso es un cúmulo de despropósitos donde no es difícil detectar una cierta voluntad de los sindicatos policiales de abonarse al victimismo.
El caso es que cuando se empezó a vacunar a los sectores esenciales (policías, maestros, sector sanitario, etc.), Salud estableció una operativa igual para todo el mundo, pero resulta que la Policía Nacional y la Guardia Civil pidieron una vacunación a la carta con puntos móviles y con diferentes horarios, lo cual atrasó el inicio de la inmunización en comparación, por ejemplo, con los Mossos. También hubo problemas para conocer el listado exacto de personas que vacunar. Como resultado de todas estas trabas, cuando el gobierno español suspendió la vacunación con AstraZeneca, que es la que se usaba de forma mayoritaria en estos casos, ya había un 80% de Mossos vacunados pero solo un 10% de policías nacionales y un 6% de guardias civiles.
En aquel momento, Salud decidió parar, de acuerdo con el ministerio, la vacunación a los sectores dichos esenciales y pasar a vacunar solo siguiendo el criterio de la edad. Es un hecho que los guardias civiles y policías nacionales están mucho menos vacunados que los Mossos, pero de aquí a atribuir a las autoridades sanitarias de Catalunya una querida voluntad de discriminación hay un salto que el gobierno español no se tendría que haber atrevido a hacer nunca. Y mucho menos tendría que haber intervenido la Fiscalía, primero, y la justicia, después. Se trata de una cuestión que afecta a unos pocos miles de personas que se habría podido resolver de forma rápida y sin dejar que se convirtiera en una polémica política.
Da la impresión de que ha habido un interés en convertir en víctimas a los cuerpos policiales estatales presentes en Catalunya en plena campaña de las elecciones madrileñas para beneficiar a los partidos de derecha, y aquí Salud habría podido ser más habilidosa para no caer en la trampa. Pero esto no quita que sea indignante que se acuse a los responsables de la consejería de estar perjudicando a personas concretas por el hecho de pertenecer a un colectivo determinado, cuando lo único que han hecho es seguir los protocolos dictados desde Madrid. La decisión de parar la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años no fue de Salud, sino del ministerio de Sanidad. Y como dijo ayer el secretario de salud, Josep Maria Argimon, a los responsables del departamento les "importa un pepino" quién se vacuna, puesto que el único criterio operativo a estas alturas es el de la franja de edad.
La conclusión es que los tribunales y el gobierno español tendrían que dejar trabajar a los profesionales del departamento de Salud y no actuar al dictado de unos sindicatos policiales que todo el mundo sabe de qué pie cojean.