El viento y la democracia

La gestión del riesgo por parte de las instituciones públicas se mueve en una zona de intersección incómoda y a la fuerza incierta, que va de la prudencia razonable a la sobreactuación destinada sólo a cubrirse mezquinamente los hombros, a consecuencia de escarmentos recientes. Cuando la semana pasada la Generalitat de Catalunya decretó medidas preventivas ante la previsión de fuertes ventoleras, algunos sectores consideraron que se había ido demasiado lejos: fenómenos como aquel, o incluso peores, se han visto muchos, aunque nunca se había actuado de forma tan radical. Otros, en cambio, consideraron que la crisis se había gestionado proporcionadamente en relación a las amenazas meteorológicas previstas. El debate, en cualquier caso, no es nuevo: forma parte de una cuestión más profunda sobre hasta dónde resulta legítimo que llegue el Estado en la protección de los ciudadanos.

La filosofía política y la ética han abordado esta tensión desde múltiples ángulos. John Stuart Mill (1806-1873) ya advirtió de que el poder público sólo puede limitar la libertad individual para evitar un daño objetivo a terceros. Aplicado a la prevención de riesgos naturales, esto implica que las instituciones tienen el deber de actuar cuando la inacción podría acarrear perjuicios graves y previsibles. Sin embargo, Mill también alertaba contra uno –digamos– paternalismo inercial que acaba erosionando sin remedio la autonomía y responsabilidad personal, uno de los axiomas claves del liberalismo político. Les aseguro que releer al sensato Sobre la libertad de Mill a la luz de la gestión de las ventoleras de hace unos días puede ser un ejercicio provechoso. Lo recomiendo.

Desde una tradición filosófica bastante distinta a la de Mill, el filósofo alemán Hans Jonas (1903-1993) formuló un principio de responsabilidad según el cual en un mundo complejo y lleno de incertidumbres hay que actuar con especial cautela frente a riesgos potencialmente catastróficos. Jonas defendía que cuando las consecuencias de un error pueden ser irreversibles, como en el caso que comentamos, debe prevalecer la prudencia. Este enfoque justifica medidas preventivas estrictas, pero exige también transparencia y proporcionalidad. En cualquier caso, difumina lo que Mill precisamente subraya: la responsabilidad personal y el carácter irrenunciable de la libertad. Aquí, la filósofa valenciana Adela Cortina (1947) aporta una perspectiva que me parece relevante. Su ética de la responsabilidad cívica cree que las instituciones deben generar confianza, y eso sólo es posible cuando las decisiones se perciben como justificadas, están bien explicadas y son coherentes (es decir, cuando son exactamente el reverso de las que llevó a cabo el infausto Mazón). Una prevención que parezca desmedida puede erosionar esa confianza, incluso cuando es técnicamente defendible. La clave es la deliberación pública: la ciudadanía debe entender los criterios que guían las medidas. Sin embargo, en un contexto de urgencia esto parece más bien quimérico... Además, hay consideraciones ultratécnicas que sólo están al alcance de un número reducido de especialistas. Dios me guardo, por ejemplo, pontificar cuñadísticamente sobre cuándo hay que abrir o cerrar las compuertas de una presa (estoy pensando en un espectáculo ruborizador que presencié hace poco). Más crítico es Byung-Chul Han (1959), que describe a algunos países avanzados como sociedades del cansancio y de la hiperprevención. Según él, la obsesión por eliminar cualquiera riesgo puede generar una cultura del miedo que limita y empobrece la vida colectiva. La prevención no puede convertirse, en definitiva, en un mecanismo que infantiliza a la ciudadanía y la hace cada vez más dependiente del papá estado.

Me parecería muy atrevido por mi parte decidir si las medidas de la Generalitat que comentamos fueron las acertadas o bien resultaron desproporcionadas. Creo, en todo caso, que los límites razonables de la prevención institucional deberían dibujarse siempre a partir de una triangulación que tuviera en cuenta la proporcionalidad, la transparencia y la corresponsabilidad. Las medidas deben ser adecuadas al riesgo real, deben estar explicadas con claridad y deben reconocer que la seguridad es una tarea compartida entre las instituciones y los ciudadanos. Si estos tres elementos fueran realmente coherentes, quizá la prevención dejaría de ser percibida como una imposición –o, lo que es peor, como un miedoso cubrirse los hombros– y podría convertirse en la expresión de una sociedad democráticamente madura que asume a la vez la existencia inevitable del riesgo y la posibilidad, siempre parcial, de atenuarlo.