La vivienda: ¿hacia un conflicto redistributivo?
Volvemos a estar en una situación que se asemeja a la de los primeros años de este siglo: fuerte demanda de vivienda por parte de nacionales y de extranjeros, tanto en compra como en alquiler. Sin embargo, a diferencia de hace veinte años, no se construye –o poco se construye–. Incluso la iniciativa pública se ha desmoronado y no vuelve a crecer. Cabe recordar que los excedentes de vivienda que quedaron por vender o que nadie quería comprar después de la crisis inmobiliaria del 2008 han pesado duramente sobre muchos particulares, sobre los bancos y cajas –hasta el punto de causar la ruina de algunos y la desaparición de otros– y sobre las administraciones. Estas viviendas han sido imposibles de vender o alquilar porque estaban mal ubicadas y porque se han ido deteriorando mucho. Asimismo, la aprobación europea de nuevas reglas –mucho más exigentes– sobre la concesión de créditos ha frenado mucho la financiación privada, que fue muy dinámica en los primeros años del siglo XXI. Ahora no es así.
Actualmente, la situación es, como al empezar el siglo, de crecimiento demográfico por inmigración y gran demanda de vivienda. Por el contrario, la demanda nacional es mucho menos solvente y la oferta de vivienda mucho más escasa. Éste es el tuétano de los conflictos actuales. Esto está haciendo que el problema del acceso a la vivienda se plantee cada vez más como un conflicto crudamente redistributivo. Este cambio de enfoque es la receta para el desastre, porque nada divide y enfada más que los conflictos distributivos en los que unos quieren mejorar su situación reduciendo o haciendo desaparecer los derechos de otros y estos otros se asustan ante la posibilidad de ser expropiados. Estamos en unos estados –los europeos del bienestar– de muy alta fiscalidad y en los que ya se produce una fuerte redistribución vía fiscal. Si no se quiere tensar a la sociedad y si no se quieren forzar soluciones en las que la respuesta de la oferta sea la retracción completa ("antes vender que alquilar sin seguridad jurídica"), son necesarios grandes pactos que todo el mundo pueda entender. Dado que la propiedad inmobiliaria está fuertemente fiscalizada por todas las administraciones –es el objeto ideal de todo impuesto–, jugar con la seguridad jurídica es muy peligroso. Los propietarios inmobiliarios pueden huir en todas direcciones –ya lo están haciendo–, empezando por vender y cambiar su patrimonio por activos financieros, bien sean de renta fija o de renta variable. Sorprendentemente, nadie cuestiona los activos financieros ni plantea su socialización, por lo que los activos inmobiliarios son políticamente incorrectos pero los financieros, no. Ya se empieza a ver este fenómeno en acción, y no hará más que crecer si la propiedad o la renta inmobiliaria se convierten en un campo de batalla.
Se echa de menos un reforzamiento de la seguridad jurídica de los propietarios que les garantice que sus viviendas no se pueden ocupar o que los alquileres no se pueden dejar de pagar. Solo con esto volverá a aparecer abundante oferta de vivienda de alquiler. Desde el punto de vista de los propietarios que se retiran de la oferta de vivienda de alquiler, duele mucho que las administraciones públicas consienten que la mala suerte de un empleo o la mala suerte de un inquilino que no paga y que puede alargar su impago durante años sea una lotería negativa que le puede caer a cualquier ciudadano sin que las administraciones hagan nada por impedir. Y que, además, estas administraciones no promocionen vivienda pública para alquilar, como sería su obligación. Este conflicto está tensando mucho a las cuerdas y puede llevar a reorientaciones de los votos y de las fidelidades políticas de gran alcance, más que lo que ya está provocando la inmigración.
Si añadimos la tensión que representa la voluntad de moderar y reducir las emisiones de CO₂ en un contexto de fuerte crecimiento demográfico en el que nadie quiere renunciar a disfrutar del nivel de bienestar de las generaciones anteriores, la situación se complica aún más. Lo vemos en otros países donde "Contaminamos!" se ha convertido en un mensaje político movilizador, porque se le asocia con más bienestar y riqueza. El encaje de las diferentes necesidades enfrentadas en el mercado de la vivienda se complica extraordinariamente si añadimos nuestras obligaciones de sostenibilidad medioambiental con las generaciones futuras.
Todo ello es un rompecabezas en el que las piezas no encajan. Se necesitan negociaciones entre partidos, entre grupos de intereses, entre generaciones y entre sensibilidades, pero no olvidemos que el cuestionamiento de la seguridad jurídica está en el origen de todos los radicalismos que pueden llevar a tensiones incontrolables. Nos acercamos a los años treinta del siglo XX en muchas cosas. Esperamos que no sea también en las radicalidades de hace cerca de un siglo. Hay alternativas que vale la pena explorar.
