Vivienda: escasez y especulación

Para bastantes de las personas que opinan sobre la crisis de la vivienda, la razón de esta es la especulación, es decir, que los propietarios estén subiendo los precios.

No hay duda de que si los propietarios no lo hicieran, los precios no subirían. En este sentido, la congelación de alquileres (vía renovación automática de los contratos) que establecía el segundo decreto del gobierno Sánchez era una respuesta coherente con este diagnóstico.

También lo eran algunas de las medidas contenidas en el primer decreto y de las anunciadas por el presidente Illa: la prohibición del desahucio de personas vulnerables, las compras conjuntas entre la Generalitat y un particular, el fondo público para comprar viviendas, los préstamos privilegiados a los jóvenes y, por supuesto, la limitación de precios.

En cambio, es ridículo pensar que si una parte significativa del parque de viviendas fuera de propiedad pública los precios del resto no subirían: ¿por qué no habrían de subirlos sus propietarios? En los grandes partidos de fútbol, el hecho de que los clubes hayan repartido gratuitamente algunas de las entradas no frena los precios de la reventa si la demanda es mayor que la oferta. Por el mismo motivo, también es ridículo pensar que si los fondos de inversión son excluidos del mercado los precios mejorarán. El razonamiento subyacente a esta medida es que los particulares propietarios de dos o tres pisos son menos codiciosos que las grandes corporaciones anónimas, lo cual es tanto como decir que los usureros estrangulan menos que los bancos. El caso Maricarmen pone de manifiesto que las cosas no van así: si el mercado está dispuesto a pagar 2.650 €, ni los particulares que administran su dinero, ni los gestores que administran el de otros, se conforman con menos (excepto bajo presión irresistible, por supuesto).

Acabar de manera radical con la especulación es relativamente sencillo y quizás legal (dado el redactado del artículo 47 de la Constitución, que es muy explícito). Podemos considerar como mínimo dos alternativas: la primera —aplicada en su día por el franquismo— consiste en la congelación de los alquileres sine die; la segunda consiste en la expropiación de todas las viviendas por parte de una institución pública, la cual fijaría un alquiler asequible para su ocupación.

El problema con este diagnóstico —que el problema de la vivienda es la especulación— es que es superficial, lo cual hace que las medidas que de él se derivan sean insuficientes. Supongamos que la Generalitat expropiara todas las viviendas de la metrópoli barcelonesa que no están ocupadas por sus propietarios. El problema con el que se encontraría no sería el alquiler —podría fijar el que quisiera— sino la cantidad: no tendría suficientes viviendas para satisfacer la demanda, y, por tanto, tendría que decidir a quién le adjudica una y a quién no. Empezar por los colectivos más vulnerables sería profundamente injusto, dado que se estaría excluyendo a la clase media, que es justamente la que habría pagado la expropiación con sus impuestos.

Porque el problema de fondo no es la especulación, sino la escasez. Los especuladores solo aparecen cuando hay escasez; por eso, de especuladores no los hay en Huesca ni los había en la Barcelona de las últimas décadas del siglo XX.

¿Y por qué ahora, de repente, hay escasez en todas las grandes ciudades occidentales, Barcelona incluida? Por dos motivos. El primero, porque los vuelos low cost y Airbnb han puesto de moda el turismo urbano, antes minoritario y ahora masivo. El segundo, porque las nuevas empresas tecnológicas se desarrollan mejor en las grandes ciudades que en las medianas (donde, en cambio, la manufactura tradicional tenía su hábitat óptimo). Entre una cosa y la otra, las grandes ciudades se han llenado de turistas, de expatriados, de estudiantes extranjeros y de inmigrantes (estos, para servir a los tres colectivos anteriores y para atender a una población envejecida), y el problema es que los turistas, los expatriados, los estudiantes y los inmigrantes tienen que dormir en algún lugar. En nuestro caso, los dos millones de habitantes y los 100 millones de pernoctaciones turísticas que ha ganado Cataluña este siglo han creado la presión que ha dado lugar a la especulación.

No estoy en contra de las medidas paliativas para tratar a un enfermo (¿quién puede estarlo?), pero es importante no confundirlas con la cura. Las medidas que se pretendía aprobar habrían ayudado a algunos —los colectivos vulnerables, los inquilinos a quienes se les acaba el contrato, algunos jóvenes...— pero no solucionaban el problema de la falta de vivienda: el mismo número de personas seguirían sin poder acceder a ella. Esta escasez solo se puede subsanar a corto plazo reduciendo la demanda y, a la larga, construyendo más.

¿Por dónde empezar? Reduciendo el número de turistas y nuestro atractivo como destino migrante. Ambos son demasiado altos para nuestras fuerzas.