La vivienda y la prevalencia del conflicto de clase
Ayer el Congreso tumbó los decretos de vivienda con los votos del PP, Vox y Junts. Puede parecer un episodio más de una legislatura que se juega la supervivencia en cada votación, pero es más que eso. Vuelve al centro de la política un conflicto, presente en toda Europa, largamente aplazado y nunca resuelto. Un conflicto que se sitúa sin ambigüedades en el eje izquierda-derecha, entre liberalización e intervención. Una fractura entre quien tiene casa y quien no la tiene, entre quien podrá dejar un piso en herencia y quien no podrá nunca.
El problema no es nuevo, pero sí ha cambiado de naturaleza. Raquel Rolnik, cuando era relatora de las Naciones Unidas para el derecho a la vivienda, ya advirtió que para el capitalismo financiarizado la vivienda es uno de los refugios más seguros y rentables. Una casa ha dejado de ser solo un lugar donde vivir para convertirse en un activo que debe rendir. Y esto ha ido desplazando los usos hacia todo lo que es más lucrativo. El piso turístico, el alquiler de temporada, la habitación o, simplemente, el piso vacío que se espera que se revalorice. En Barcelona, las habitaciones de realquilados (ahora se llama coliving) gestionadas por empresas han pasado de 175 en 2020 a más de 1.700 en 2026, a un coste de 1.100 euros cada una.
El resultado es que un derecho constitucionalmente reconocido ha quedado fuera del alcance de mucha gente, obligada a pagar alquileres imposibles con salarios bajos. En 1991, solo un 6% de los jóvenes de 30 a 34 años vivían de alquiler. En 2024, el 43%. La edad de emancipación ha pasado de 26 años a más de 30. Cataluña, con el 17% de la población, concentra más de una cuarta parte de los desahucios del Estado. Ni los gobiernos del PP ni los del PSOE han construido ni han conservado el parque público de alquiler que tienen los países de nuestro entorno. El mismo gobierno del Estado, en su informe de prospectiva Vidas futuras, reclama un parque "protegido de forma permanente" y políticas "con perspectiva de largo plazo". Lo sabe. Pero no ha sabido convertirlo en una mayoría.
Es un problema que atraviesa a toda la ciudadanía, vote a quien vote. Según el CEO, la vivienda es el primer problema para el 28% de los catalanes, casi el triple que la inmigración. E incluso entre los votantes de Junts, con un electorado mayoritariamente propietario, el 65% quiere regular los precios del alquiler y el 73% cree que los grandes tenedores deberían destinar pisos a alquiler social.
Los decretos eran medidas de urgencia hechas a toda prisa tras la enorme conmoción por el desahucio de Maricarmen Abascal. No pretendían resolverlo todo. Querían reducir los casos de emergencia y los costes sociales inmediatos, y evitar también que muchos pisos continúen fuera del mercado residencial para usos turísticos o especulativos. Se dice que lo que hace falta es construir y dejar que el mercado funcione, y que sin rentabilidad no hay inversión. Pero la regulación no pretende sustituir la construcción. Hace algo que la construcción no puede hacer a corto plazo, que es proteger la vivienda que ya existe. La Constitución subordina la propiedad a su función social y manda "impedir la especulación", y el Tribunal Constitucional ya ha avalado la contención de rentas. Aun así, a la hora de votar, los partidos han seguido la lógica izquierda-derecha. Han votado a favor de los intereses que defienden, y no de los de la población en general ni de sus propios votantes. El argumento de que la regulación "reduce la oferta y sube los precios" es, casi literalmente, lo que repiten desde hace años las patronales del sector.
Existe, sin embargo, una consecuencia política de fondo. El caso Maricarmen ha desplazado el centro de gravedad del debate de la inmigración a la vivienda. Y esto favorece el conflicto clásico de clase, entre los que tienen y los que no, por encima del conflicto de origen, entre "nosotros" y "ellos", donde la extrema derecha juega en casa.
El voto de Junts se explica precisamente por este cambio. En un momento de debilidad extrema, con Aliança Catalana adelantándolo en las encuestas, la vivienda le ofrece el protagonismo y la voz propia que la inmigración le negaba, y en un espacio en el que Aliança Catalana no está. En el terreno de la inmigración, Junts llega tarde y parece una copia. En el de la propiedad, recupera un perfil reconocible, el de la vieja CiU, partido de orden y de las clases medias propietarias. El riesgo de que todo acabe con una coalición PP-Vox que ataque el autogobierno es conocido, y es evidente que el PNV, con mejor situación que Junts, no quiso correrlo. Junts ha calculado que, hoy, el peligro más inmediato lo tiene en casa. Y así se prepara para el retorno de Puigdemont y para unas elecciones generales a las que Aliança Catalana ha dicho que no se presentará. El viernes, votando contra los decretos, Junts votaba por su supervivencia.
Lo que es racional para un partido, sin embargo, no lo es necesariamente para el país. Cada semana sin protección hay familias que pierden la casa. Junts no puede refugiarse en decir que había partes del decreto que no le gustaban, ya que tenía sobre la mesa la posibilidad de aprobarlo e inmediatamente tramitarlo como proyecto de ley por trámite de urgencia e incorporar enmiendas. Esto habría permitido detener los desahucios que esta semana irán cayendo desde juzgados donde se apilan las demandas.
Hasta hace pocas semanas, el gran eje de conflicto era inmigración sí o inmigración no. El caso Maricarmen ha desplazado este eje. Ahora la cuestión es elegir entre proteger el derecho a vivir en una casa digna o proteger la rentabilidad de los fondos y de los grandes tenedores. Es una fractura que atraviesa identidades. Interpela a jóvenes, personas mayores y clases medias que han dejado de poder pagar. Los tiempos que vivimos exigen volver a las cosas básicas. La pregunta central no es de dónde vienes, sino si puedes vivir con lo que tienes.