El acuerdo PSOE-ERC-PSC para un supuesto nuevo modelo de financiación es un ejemplo insuperable de cuál es la actual realidad política catalana. O, dicho con mayor rigor: del estado actual de . En primer lugar, porque en nuestro país, tanto desde la centralidad mediática como desde quienes siempre priorizan la estabilidad —incluso por encima del interés económico particular—, el acuerdo se ha presentado como un hecho consumado, cuando en realidad no es más que una posibilidad altamente improbable. Dicho de otro modo, ERC y el PSOE han vendido la piel del oso antes de cazarlo, contando con que quien lo denuncie pagará un alto precio.
De hecho, desde 2017 nos alimentamos de promesas incumplidas, medias verdades y deseos frustrados. Se ha aceptado negociar desde la cárcel y el exilio, bajo amenazas y sentencias severas, apoyándose en una fuerza efímera y transitoria fruto casi del azar, y siempre atados de pies y manos. Así ha ocurrido con la amnistía, con Renfe, con el catalán en Europa, con la publicación de las balanzas fiscales y con una larga lista de compromisos hasta llegar ahora al hipotético modelo fiscal. Por eso, los acuerdos de gobierno aquí y allá hace tiempo que se dan por satisfechos sin necesidad de cumplirse. Pactar con alguien sabiendo de antemano que no depende de él poder cumplir conduce indefectiblemente a esta irrealidad de acuerdos irrealizables.
La segunda gran irrealidad política que pone de manifiesto este acuerdo sobre el modelo de financiación —que, insisto, ni siquiera es un acuerdo entre todos los que deben decidirlo y acatarlo, ni mucho menos constituye un nuevo modelo— es la supuesta reconciliación entre Cataluña y España liderada por los presidentes Sánchez e Illa. Las reacciones que ha provocado muestran claramente que quien busque concordia hispano-catalana debería ir primero a buscarla en España, no aquí. La expresión más directa —la más populista, sí, pero no por ello menos contundente— del estado real de las relaciones “amistosas” entre unos y otros es la de Carolina España, consejera de Economía de Andalucía: «Montero lo que quiere es dar champán y caviar al independentismo, y al resto de las comunidades autónomas y de los españoles, el menú del día, pero sin postre y, lo que es peor, un menú que está precocinado por el independentismo». Aquel «España nos roba» resulta una caricia comparado con este «La Cataluña gourmet se atraca mientras a nosotros nos dan flatulencias».
También se hace patente una tercera irrealidad cuando se trata de aclarar precisamente aquello que debería ser la parte más fáctica y menos discutible del acuerdo: los números, las cuentas claras. Resulta que esos 4.700 millones que dicen que podrían llegar de más, al no restárselos a nadie —«todos ganan»—, significan que en buena medida ya los habremos pagado nosotros mismos, anticipadamente, en forma de déficit fiscal o, en el futuro, mediante deuda pública. Además, al carecer de balanzas fiscales actualizadas, no podremos comparar sus efectos. Asimismo, la ordinalidad —que podría cumplirse en 2027— no queda garantizada explícitamente más allá de esa fecha en el modelo. Tampoco se tiene en cuenta el coste de la vida, ni se sabe cómo se calculará la «población ajustada» —es decir, ajustada a su tamaño—, una irrealidad que ignorará la población real. En definitiva, incluso la parte que debería ser medible resulta un galimatías que cada cual puede interpretar —y creerse— según le convenga.
Pero el acuerdo Montero-Junqueras revela aún una última dosis de profunda irrealidad política. Dado de dónde venimos y la experiencia acumulada que arrastramos, a estas alturas la desconfianza debería ser la perspectiva más sensata desde la que leer este acuerdo. Y, por tanto, puesto que ya nos conocemos, la intuición debería ser nuestra guía más fiable. Imaginemos, por un momento, que efectivamente el acuerdo promete un poco más de pan para hoy, aunque probablemente mucha más hambre para mañana. Incluso en un arrebato de delirio supongamos que la concordia hispano-catalana logra imponerse frente a VOX, al PP, al PSOE de Pepe Blanco y Emiliano García-Page, e incluso a Junts. Aceptemos incluso que finalmente, en uno de esos giros dramáticos que Pedro Sánchez sabe orquestar justo antes de caer por el precipicio, se aprueba en las Cortes españolas la actualización del viejo modelo. ¿Qué probabilidad hay de que realmente se cumpla? ¿Cuánto tardarán en llevarlo al Tribunal Constitucional? ¿Y quién gobernará entonces España? ¿O quién gobernará Cataluña?
No sé si cuentan con que la mayoría de catalanes seguiremos anestesiados durante mucho más tiempo con la retórica condescendiente de los ocupantes, si piensan que nos conformaremos eternamente con vivir entre tanta irrealidad o que haremos la vista gorda ante esta próxima estafa. Llamadme soñador, pero que nos resignemos a vivir para siempre en esta irrealidad política me parece una ficción insostenible y muy poco probable.
