Amnistía y corrupción, una mezcla infernal

BarcelonaEl sismógrafo que recoge las oscilaciones de la política registra movimientos espasmódicos y de alta intensidad. El caso Ábalos-Koldo pone de nuevo en primera línea el problema de la corrupción y, de paso, la constatación de que los órganos de control del gasto público no funcionan porque no son eficaces. Nos esperan unas semanas muy agitadas, a las puertas de las elecciones del País Vasco, pero sobre todo de preparación de las europeas del próximo mes de junio. Ahora existen otras urgencias, pero esta cita es particularmente importante, porque sus resultados marcarán tendencias. Servirán, entre otras cosas, para medir el desgaste del gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez, quien con las implicaciones de diversas áreas de la administración en los contratos irregulares con la nueva trama de corrupción, no ha podido parar un fuego que ya llega a las rejas que protegen a la Moncloa. En este asunto habrá leña para todos, pero el PSOE se la juega muy singularmente. Su discurso contra la corrupción puede perder toda credibilidad según el índice de suciedad que vaya apareciendo y cómo se compruebe su veracidad.

Sin olvidarnos, obviamente, de lo que está en juego con la ley de amnistía. Se vota la próxima semana y difícilmente podrá haber una tercera oportunidad. Además, la hostilidad de la justicia ya ha quedado mucho en evidencia por la evolución del caso Tsunami Democrático, asumido por el Supremo mediante un auto en el que ve delito de terrorismo en las acciones de protesta contra la sentencia dictada por la sala penal en la causa del Proceso, y considera a Puigdemont el principal responsable diciendo que está “acreditado” que jugó este papel. Llama la atención la rotundidad de la resolución en este aspecto, porque lo que ha hecho el Supremo a la hora de quedarse el asunto es valorar indicios, no pruebas, por lo que hablar de que la autoría de un supuesto delito de terrorismo por parte de Puigdemont se ha "acreditado" es, como mínimo, extraordinariamente prematuro.

Estos dos asuntos —el caso Ábalos-Koldo, y la ley de amnistía y la oposición judicial a esta iniciativa política— son líneas paralelas de aquellas que se dice que se encuentran en el infinito, pero que de momento marcarán el paso de los próximos movimientos del gobierno y los partidos, en función de sus respectivos intereses. En cuanto a la estabilidad, y la continuidad de la legislatura, lo importante es que haya pacto político sobre la ley para pasar página. Sabiendo que el acuerdo en el Congreso no es el fin de esta historia. Quedará el paso por el Senado y, sobre todo, la prueba definitiva, que será la de la reacción judicial una vez que la ley sea aprobada y deba empezar a aplicarse. Puede darse como casi seguro que el Supremo planteará alguna cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Asimismo, la causa de Tsunami Democrático dará la oportunidad de que la nueva instructora de este sumario, Susana Polo, vuelva a pedir la entrega de Puigdemont a la justicia española.

Asumir riesgos

Juntos puede seguir teniendo dudas de lo que hay que hacer en esta situación. Pero no apoyar la ley de amnistía no coloca a sus dirigentes en una posición más confortable, razonable y explicable. Después de lo que ha dicho este sábado Puigdemont, lo lógico es que sus diputados acepten la ley como está y asuman los riesgos que se derivan. Sobre todo después del auto del Supremo y, muy especialmente, tras el informe favorable de la Comisión de Venecia, que subraya que "la reconciliación social y política son objetivos legítimos de las amnistías". Hay mucho capital político invertido en esta iniciativa, que va más allá de favorecer la continuidad de un gobierno ahora afectado por la fuerte sacudida del nuevo caso de corrupción de las mascarillas con comisiones ilegales. Una parte del poder judicial apuesta por conseguir que las decisiones políticas del Parlamento español queden supeditadas al control y revisión de los jueces en términos que cuestionan el reparto de competencias entre los poderes del Estado.

Hace unos días advertía que estamos corriendo el riesgo de repetir las experiencias de países de nuestro entorno que han derivado hacia modelos de “gobierno de los jueces”, mediante un desplazamiento de atribuciones que pueden convertir a algunos magistrados u órganos judiciales en auténticos actores políticos. Hace unos años se hablaba de jueces estrella. Pero el problema no es ahora el empeño de protagonismo, sino de intervencionismo en la esfera política. Es evidente que en España existen muchos ciudadanos en contra de la amnistía, pero el mecanismo de respuesta no debería ser la desnaturalización del sistema, sino la corrección por vía electoral. El PSOE puede sufrir –está sufriendo, de hecho– un fuerte desgaste por esta apuesta política, que ha hecho porque no tenía otra opción para seguir en el poder. Y lo ha asumido intentando convencer a la sociedad española de que el intento valía la pena. Cataluña debería ser un factor de estabilidad en este contexto, porque la alternativa consiste en prolongar una situación de la que nadie sacaría provechos tangibles. Luchar por ideales desprovistos de brújula sólo lleva a perderse.

¿Cree que puede haber ahora mucha gente pensando lo que “cuanto peor, mejor”? Nos vuelve a venir una ola de rechazo de la política. Las encuestas vuelven a dar elevados porcentajes de preocupación por la corrupción. Me acuerdo estos días de la mirada desconcertada del conserje de los edificios quemados en Valencia cuando un grupo de políticos le rodearon para aplaudirle en plena calle. No tengo ni idea de lo que vota este hombre. No sé si se ha publicado algún dato sobre su ideología. Pero imagino su perplejidad pensando "hoy me festejan y elogian, pero pronto se olvidarán de mí". El incendio de Valencia nos acercó el espejismo de una respuesta concertada ante un grave problema social, una tragedia. Pero la evolución del caso Ábalos-Koldo nos devolvió rápidamente a la realidad. El ventilador de la corrupción se ha puesto en marcha entre PSOE y PP de nuevo. Mientras, el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de decirnos que el índice de población en riesgo de pobreza supera el 26%. Hay un contexto en el que, según se resuelvan, amnistía y corrupción hacen una mezcla infernal. Tratamos de parar el carro y no tomar daño.