Anatomía de una desclasificación

MadridEsta semana ha supuesto una nueva prueba para el sistema de monarquía parlamentaria del que se dotó España al aprobar la Constitución. La desclasificación de los documentos en relación al intento de golpe de Estado del 23-F ha generado diversos debates, en especial en lo referente a la posible vuelta del rey emérito y a las condiciones en las que se podría llevar a cabo. Ante la polémica, la casa real ha sido rápida de reflejos. Desde el Palacio de la Zarzuela se ha dejado muy claro que Juan Carlos I puede volver a residir en territorio español cuando lo decida. Pero el mensaje contenía una advertencia. Si viene, tiene que ser consciente de que este paso implica que "tendría que recuperar la residencia fiscal en España". Puede que este sea el factor decisivo que impide su regreso. Las investigaciones de la Fiscalía sobre el emérito que quedaron en nada no deben suponer que una vez instalado de nuevo aquí opere una especie de garantía de confidencialidad y desinterés sobre sus finanzas y patrimonio. En estas condiciones es poco probable que Juan Carlos I abandone la posibilidad que tiene ahora de ir y venir cuando quiera y que se instale de nuevo aquí con tranquilidad, que en su caso significa poder prescindir de las atenciones de la hacienda pública que la ciudadanía recibe habitualmente.

Quizás Feijóo no cayó en este detalle cuando defendió la vuelta del emérito y se apoyó en la desclasificación de los papeles en cuestión. Es verdad que estos documentos refuerzan la idea de que la actuación de Juan Carlos I el 23-F fue determinante para parar el intento de golpe de Estado. Pero tanto la reacción de la propia casa real como las de la mayoría de las fuerzas políticas llevan a la conclusión de que la posibilidad del regreso no está madura. Y, lamentablemente, quizás no lo estará nunca. Digo lamentablemente porque me parece negativo que el primer jefe de Estado de este periodo de democracia recuperada siga hasta los últimos días de su vida fuera del país en el que reinó durante casi cuarenta años. Teniendo en cuenta los avatares de nuestra historia contemporánea –con una terrible Guerra Civil incluida–, preferiría que hubiese sido posible una evolución diferente de la relación del país con su primer jefe de Estado constitucional. Y aun coincidiendo en el hecho de que los errores y transgresiones de los últimos años del reinado de Juan Carlos I fueron muy graves, imperdonables, habría sido mejor que su justificadísima abdicación no fuese seguida de la marcha al extranjero, a Abu Dabi, bajo protecciones a las que no debería haber recurrido.

Yo seguí desde las instalaciones militares del barrio madrileño de Campamento el juicio por los hechos del 23-F. Recuerdo la sensación generalizada entre los periodistas de que había numerosas incógnitas sin aclararse sobre las responsabilidades de aquel golpe fallido. Tanto el papel de la trama civil del golpe como el de otros jefes del ejército, que no se sentaron en el banquillo de los acusados, quedaron sin establecerse. Tampoco se profundizó lo necesario en la actuación del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), antecedente del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Recuerdo también los insultos y las amenazas del teniente general Milans del Bosch al general Armada, sentado a su lado, teniendo en cuenta que ambos eran los primeros de la doble fila de los procesados. Aquello hacía pensar que Milans del Bosch se había sentido engañado por Armada y que este posiblemente le había dado ciertas garantías de éxito del golpe.

Recuerdo del golpe

De hecho, el teniente general que sacó los blindados a las calles, en Valencia, dijo explícitamente durante el juicio que había sido un consejo de guerra. En concreto, lo que manifestó durante su interrogatorio fue que había preparado el golpe con Tejero y Armada, y que este último les había prometido que el rey estaba al corriente. La sentencia no dio credibilidad a estas manifestaciones. Milans del Bosch fue condenado a 30 años de prisión y Armada, a 6, pena que aumentó después el Supremo a 30 años. Ahora bien, la importancia de la desclasificación parcial de documentos es que confirma el papel determinante de Juan Carlos I para evitar el éxito del golpe. En este sentido, ha sido igualmente interesante el acto celebrado en el Senado el miércoles pasado para la recuperación del libro El Rey, del jurista Manuel García-Pelayo, que fue el primer presidente del Tribunal Constitucional español. La obra recupera el debate que tuvieron Juan Carlos I, Felipe González y el propio García-Pelayo sobre "el posible y necesario en las funciones del monarca parlamentario" para la primera visita del rey a Caracas.

El libro contiene diversos textos del eminente jurista. "Las medidas tomadas por el rey ante los acontecimientos del 23/24 de febrero –escribió– […] se sustentan en la conexión de diversos preceptos constitucionales, en virtud de los cuales se pudo hacer frente a la situación excepcional, manteniendo la vigencia de la Constitución, que no fue suspendida ni en un solo momento". Son las palabras casi textuales de Felipe González en el Senado, donde –con Felipe VI en primera fila– añadió que el papel del emérito para parar el golpe no solo fue "ejemplar", sino también "decisivo".

Los golpistas, en cambio, tenían preparado un texto para el 23-F diciendo que actuaban "por el bien de España": "Y no admitimos [nada] más que un gobierno que instaure una verdadera democracia sin autonomías separatistas". Recordarlo desde Cataluña es especialmente importante. Entre las versiones más populares de la noche del 23-F quedó aquella supuesta conversación telefónica en la que Juan Carlos I le dijo al entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, aquello de "tranquilo, Jordi, tranquilo". Los papeles desclasificados no aclaran si el episodio existió en estos términos, pero es obvio que toda la experiencia de distribución territorial del poder habría quedado anulada en caso de que el golpe hubiera triunfado. De la misma manera que queda claro que al salvar la Constitución de esta amenaza, Juan Carlos I pudo conservar la corona. Lo que deberíamos reivindicar ahora es que se apruebe una nueva ley de secretos oficiales que permita conocer con detalle todos los hechos del 23-F y de diversos episodios posteriores –como los de los años 2014-2019 en Cataluña–, rodeados de ocultación y silencio.