Un año de autodestierro de Juan Carlos I

MadridHace esta semana un año -el 3 de agosto-, el rey emérito Juan Carlos I decidía abandonar España. Empezaba su autodestierro en Abu Dabi bajo protección de su amigo, el jeque Jalifa bin Zayed Al Nahayan, presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), quien ordenó preparar para él una villa en la isla de Nurai, en pleno Golfo Pérsico. 

A primera vista, la situación parece surrealista.  ¿Por qué? Porque el rey emérito no está formalmente imputado o investigado en ninguna de las dos investigaciones en curso: ni en Suiza ni en España. En los próximos días – el 6 de agosto- se cumplen tres años desde que el fiscal del Cantón de Ginebra, Yves Bertossa, inició las diligencias de investigación P/14783/2018 sobre una transferencia de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) cursada el 8 de agosto de 2008 por el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí a una cuenta de la Fundación Lucum (primer beneficiario Juan Carlos I y segundo el entonces príncipe de Asturias Felipe de Borbón) en el banco Mirabaud de Ginebra.   

Los imputados –por presunto delito de blanqueo de capitales agravado en relación con el contrato de adjudicación del tren AVE La Meca-Medina-- son Dante Canonica, abogado de Juan Carlos I; Arturo Giancarlo Fasana, gestor del dinero del entonces rey de España; el banco Mirabaud, y Corina zu Sayn-Wittgenstein, amante de Juan Carlos I entre 2005 y 2009.  Los dos primeros -Canonica y Fasana- ejercían como administradores de dos fundaciones (Lucum y Zagatka) sobre los que indaga Bertossa. 

El pasado mes de junio, asimismo, se cumplió un año desde que Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Tribunal Supremo, y un equipo de tres fiscales - Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López Coig- y el fiscal-jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, asumieran la investigación de la Fiscalía Anticorrupción que llevaba el fiscal Luis Pastor sobre un posible cohecho en la adjudicación del citado contrato del Ave en Arabia Saudí.  

Suma de investigaciones

A dicha investigación se le añadieron otras dos. Una por uso de dinero enviado a su testaferro, el coronel del aire Nicolás Murga, por el magnate mexicano Allen Sanginés-Krause, y otra sobre un trust en la isla de Jersey que en origen había recibido dinero enviado a Suiza por orden del financiero Javier de la Rosa -a cuenta de Kuwait Investment Office (KIO)- a un trust de la isla de Jersey en los años noventa del siglo pasado cuyo beneficiario real era el rey de España.

El autodestierro de Juan Carlos I no frenó las noticias sobre este escándalo. Su residencia en la lujosa mansión que le facilitó el jeque Bin Zayed Al Nahayan en la isla de Nurai arruinó, a su vez, el cordón sanitario que la Casa de Su Majestad el Rey Felipe VI intentaba erigir en los últimos dos años para frenar lo que ya tempranamente, en julio de 1978, uno de los “padres constituyentes”, Óscar Alzaga, catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Político, definió como “el desprestigio y, por ende, el ocaso de la institución monárquica” si se daba el “caso improbabilísimo” de que “el rey delinca”.  

Sus dos regularizaciones fiscales -actualmente son comprobadas en la Agencia Tributaria- por valor superior a 5 millones de euros, presentadas por el despacho del abogado Javier Sánchez-Junco, a las que el rey emérito dio luz verde desde su mansión del Golfo Pérsico, fueron la aceptación de que era un defraudador que intentaba eludir el delito fiscal.

Una de ellas regularizaba por 4.395.901,96 euros, en su mayor parte gastos de alquiler de aviones que había pagado la Fundación Zagatka de Liechtenstein, cuyo primer beneficiario es Álvaro de Orleans, primo lejano, y donde figuraban como tercer, cuarto y quintos beneficiarios Juan Carlos I, el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y las infantas Cristina y Elena. 

Las investigaciones continúan. El fiscal Bertossa viajó a Madrid el pasado 1 de julio para reunirse con los fiscales del Supremo y coordinar los próximos pasos de la investigación. La reunión se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la madrileña calle de Fortuny, número 30. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que en su condición de ministra de Justicia conoció ya en marzo de 2019, por comunicación de la Casa de Su Majestad el Rey, el asunto de las fundaciones Lucum y Zagatka, aprovechó la reunión del 1 de julio para saludar a Bertossa. “Fue un saludo de cortesía”, dijo el portavoz de la FGE al ser preguntado por ARA. 

La demanda de Corinna

Mientras las Fiscalías de Ginebra y del Supremo continúan, respectivamente, sus diligencias, se ha unido un tercer procedimiento en un tercer país: Reino Unido. Corinna zu Sayn-Wittgenstein ha presentado una demanda civil contra Juan Carlos I en diciembre pasado que el juez "master" del Alto Tribunal de Justicia británico, Richard Davison, a cargo del procedimiento, ha oficializado esta semana, aunque Juan Carlos I ya conocía el escrito. ARA ha tenido acceso a la demanda por acoso, seguimiento ilegal y difamación, demanda que exige medidas cautelares como una orden de alejamiento para Juan Carlos I y una indemnización sin cuantificar por daños y perjuicios. 

El entonces rey de España donó los 100 millones de dólares a Corinna en junio de 2012 -mediante documentos firmados al respecto- y le propuso matrimonio varias veces -la última en 2014-, pero la negativa de la examante condujo, según la demanda, a que Juan Carlos le exigiera la devolución del dinero. Una exigencia a la que Corinna no accedió. La examante describe los seguimientos y acosos a los que, según afirma, fue objeto por parte de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español enviados a Londres y Mónaco, donde también tiene residencia, por el director del servicio de inteligencia, Félix Sanz Roldán, por orden de Juan Carlos I, a partir de 2012. Y la campaña de descrédito entre amistades comunes y de negocios que habría impulsado Juan Carlos I, en una operación desesperada por recuperar el dinero, habida cuenta de que ya daba por perdida la relación.

Hace un año que Juan Carlos puso tierra de por medio para intentar huir de su pasado y la monarquía sigue intentando cimentar las grietas que se han abierto desde entonces. Felipe VI todavía cuenta con la complicidad de los principales partidos políticos y, de momento, ni la justicia suiza ni la española han imputado a su padre. Sí que tendrá que afrontar, pero, una demanda civil de la justicia británica.