Aragonès avisa que la crisis no está resuelta mientras Robles azuza el fuego

BarcelonaLa política es un ámbito en el que el discurso oficial a veces tiene poco que ver con la realidad, pero en el caso Pegasus la disociación ha llegado a cotas nunca vistas. El Gobierno español ha cesado a la directora del CNI para intentar reconducir las relaciones con ERC y así lo admite en privado. Pero en público esto no lo puede decir para que no parezca una concesión a los independentistas. En público la versión oficial es que Paz Esteban ha caído por “un error grave en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno”, según dijo ayer Pedro Sánchez en la sesión de control. Aun así, nadie se cree esta versión oficial. Y, encima, para ERC la cabeza de una funcionaria es completamente insuficiente.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, fue meridiano ayer en el Parlament. “Nadie puede dar la crisis por matizada o por resuelta”, proclamó. “Se equivoca quien se piense que con la decisión de cesar a la directora del CNI se acaba la depuración de responsabilidades”, dijo Aragonès. El presidente insistió en las demandas que considera pendientes. Son básicamente tres: desclasificar los documentos judiciales que avalaron que él y 17 personas más fueran espiadas con autorización del juez (según Citizen Lab hay más de 60 personas espiadas con Pegasus), que el Gobierno español ponga rostro al cargo político que lo permitió -y lo haga dimitir- y, finalmente, “garantías de que esto no volverá a pasar”. Esta presión se produce mientras se negocia la reunión cara a cara con Sánchez que Aragonès pide desde el primer día.

Sesión de control en el Congreso

Y mientras esto pasaba en Barcelona, en Madrid la ministra de Defensa, Margarita Robles, se convertía en el centro de atención. Visiblemente alterada, y convertida en el pimpampum de la prensa de derechas, Robles respondió de malas maneras al portavoz republicano, Gabriel Rufián. “Cuando fue a la comisión [de secretos oficiales], supongo que pudo ver el contenido de las resoluciones judiciales motivadas. Y, si no lo hizo, debe de ser por algo. Debe de ser porque usted no quiere saber la verdad”. De este manera un poco enrevesada la ministra de Defensa, Margarita Robles, justificó en sede parlamentaria el espionaje del CNI al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Desde su escaño, Rufián movía la cabeza incrédulo, puesto que en su pregunta ni siquiera había hecho referencia al espionaje a independentistas catalanes y vascos, sino que se había limitado a acusar a la ministra, “por acción o por omisión”.

Robles, en cambio, hacía referencia al auto judicial en el que el juez del Supremo Pablo Lucas autorizaba la intrusión en el móvil de Aragonès y que se enseñó a los diputados miembros de la comisión de fondos reservados. Según ha podido saber el ARA, en este auto se relacionaba al actual president de la Generalitat con los CDR e incluso se le atribuía un papel de liderazgo y “coordinación”. Según publicó El Mundo, el CNI informó en 2019 al Gobierno español de que estaba espiando Aragonés, pero la Moncloa lo volvió a desmentir e insistió en que el presidente del Gobierno “ni lo sabía ni lo tenía que saber”.

En el Congreso, Robles repitió de pe a pa su discurso de defensa del CNI y sus funcionarios que había hecho el martes, pero se quiso encarar especialmente con Rufián para acusarlo de no tener el “valor” de mirar la documentación judicial por si “aquello que ponía les podía afectar”. Curiosamente, en teoría Robles no ha tenido acceso a estos documentos.

A ERC le sorprendió el tono de la ministra y lo atribuyeron al hecho de que, después de la destitución de la directora del CNI, ahora se encuentra en falso internamiento. De hecho, algunos medios españoles citan hoy fuentes del CNI en las que expresan su malestar por el cese de Paz Esteban. “A pesar de que era una decisión más que anunciada, a cámara lenta, ha caído como una bomba”, dijo un integrante del CNI a El Mundo. “Lo que han hecho es injusto y lo saben. Qué irresponsabilidad”, añadían.

Esta crítica interna es la que explica que Robles se niegue a admitir ninguna responsabilidad sobre el espionaje a los independentistas, que es el origen de la crisis política actual, y que ni siquiera haya ofrecido una explicación creíble al cese de Paz Esteban, que ella considera una “sustitución”.

ERC, por su parte, espera que el próximo paso sea la desclasificación y que se hagan públicas las autorizaciones judiciales al espionaje de 18 independentistas con aval judicial a pesar de que el PSOE se niega y solo acepta hacerlo a petición judicial. “Si se hacen públicas se verá que quien queda mal es el CNI”, afirman fuentes conocedoras de los expedientes. A pesar de las intervenciones de Robles, que consideran que va por libre, ERC todavía confía poder reconducir la relación con el Gobierno español, al contrario que sus socios de Junts.

Feijóo sube el tono

Quien ha olido sangre en esta crisis es la derecha, y en especial el PP, que ayer subió el tono contra Sánchez. Lo hizo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desde Santiago de Compostela acusó a Sánchez de “convertir un problema político con sus socios en una crisis de estado”. Feijóo fue más allá y tildó a Sánchez de “caricatura de presidente del Gobierno”, que se somete al “chantaje de sus socios independentistas, y avisó que el PP “defenderá al Estado desde la oposición”. Eso sí, evitó pedir de manera explícita elecciones anticipadas.

En la sesión de control, el diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro puso el dedo en la llaga: “El problema es que su gobierno considera a los dirigentes separatistas suficientemente sospechosos como para intervenir sus comunicaciones, pero a la vez sufrientemente fiables para Sánchez para ser sus socios de investidura. ¿Qué coherencia es esta? [...] Sinceramente, señora Robles, no sé qué hace allí [en el gobierno] todavía”.

La ANC apunta al CNI y a la policía

Al goteo de acciones en los tribunales por el espionaje al independentismo se sumó ayer una querella de la ANC en el juzgado de instrucción 32 de Barcelona. La entidad soberanista denuncia la vulneración de la intimidad y otros derechos fundamentales de su presidenta, Elisenda Paluzie; el expresidente Jordi Sànchez; los secretarios nacionales Sònia Urpí y Arià Baye, y el militante de base Jordi Domingo, todos atacados con Pegasus en el marco del Catalangate. El objetivo es pedir al juzgado que ordene las diligencias y actuaciones necesarias para averiguar quién hay detrás de los hechos. La defensa, a cargo del abogado Toni Abat y Ninet, ya apunta a miembros del CNI o a alguna división específica de las fuerzas de seguridad del Estado, como la Policía Nacional o la Guardia Civil. El letrado, en cualquier caso, denunció ayer el “carácter antidemocrático” de espiar a personas por sus “ideas políticas”.