La Audiencia Nacional absuelve a Gonzalo Boye por el caso de narcotráfico

MadridSiete años después de ser imputado, la Audiencia Nacional ha absuelto a Gonzalo Boye de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. De por medio, ha habido una investigación de catorce meses contra él, dos años de espera para enviarlo a juicio, dos años de interludio hasta que se celebró y una vista oral de cuatro meses. El juicio quedó visto para sentencia hace un año y medio. En cambio, el tribunal ha condenado a 17 años de prisión al narcotraficante gallego Sito Miñanco por la operativa para introducir en Europa casi cuatro toneladas de cocaína en 2017. En una sentencia de 325 páginas, el tribunal ha exonerado al abogado de Carles Puigdemont porque no ha podido “concluir de un modo inequívoco” que tuviera “ninguna participación en la elaboración” de los documentos que sirvieron para camuflar y ocultar el origen ilícito de los 890.000 euros en efectivo que se intervinieron en el aeropuerto de Barajas en febrero de 2017 y que fueron el embrión de la causa. El caso ha acabado con 24 condenados y 24 absueltos.

La acusación contra Gonzalo Boye se sustentaba únicamente en la declaración de Manuel Puentes Saavedra, un narcotraficante y presunto asesino que también estaba acusado, pero el tribunal no la ha dado por válida: “No la consideramos totalmente veraz porque hay cuestiones que no aclara”, argumenta la sentencia. Pone como ejemplo sus viajes a Colombia después de la intercepción del dinero en Barajas, y esgrime que hay “otros elementos probatorios igual de verosímiles” que sustentan que los hechos ocurrieron de manera diferente. Son las declaraciones de cinco acusados y dos testigos, un acta notarial de un acusado y varios informes periciales. “Todo esto nos impide dar credibilidad a su declaración”, concluye. La Fiscalía pedía nueve años y nueve meses de prisión y 3,1 millones de euros de multa para Gonzalo Boye.

Desde el día que la jueza María Tardón –la misma que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta– imputó a Gonzalo Boye, Junts ha denunciado que se trataba de una persecución por ser el abogado de Carles Puigdemont. El líder independentista lo atribuyó a una maniobra de “lawfare a todo trapo” una semana después de que Pablo Llarena hubiera dictado la tercera euroorden contra él: “Cuando alguien les gana las partidas y les deja en evidencia, embisten sin miramientos”, dijo. Hace dos años, en el arranque del juicio, Boye recibió el apoyo de la plana mayor de Junts en San Fernando de Henares: “Es un juicio político. No se haría si no fuera abogado de Puigdemont”, denunció el portavoz juntero, Josep Rius.

¿Por qué se le ha juzgado?

Lo que estaba en el punto de mira son los contratos privados de compraventa de letras de cambio que Manuel González Rubio entregó a Gonzalo Boye para que los remitiera a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias para justificar el origen del dinero bajo sospecha. Cinco personas transportaban el dinero oculto en dobles fondos en el equipaje de mano: la Fiscalía Antidroga consideraba que estaba siendo transportado a Colombia para blanquearlo, pero la sentencia no da por probado que supieran que el dinero procedía de la venta de droga y que el objetivo fuera introducirlo en el tráfico legal.

Para recuperar el dinero, Manuel González contrató a Gonzalo Boye. En una reunión en su despacho, le entregó documentos para justificar el origen y el destino del dinero. En el juicio él mismo explicó que el abogado de Puigdemont le dijo que la única manera de recuperar parte del dinero era demostrar que el origen era lícito, y él le contestó que tenía toda la documentación de la empresa en Colombia. La sentencia también recoge lo que declaró Boye durante el juicio: “Le dijo que había hecho una operación financiera de compraventa de letras. No lo entendió muy bien, pero no le importó porque lo único que le interesaba es que le llevara la documentación y nada le hizo sospechar que no le dijera la verdad”.

Con todo, la Audiencia Nacional sí ha condenado a Manuel González Rubio a un año de prisión por un delito de falsedad en documento oficial porque fue él quien los elaboró “sabiendo que nada de lo que allí se decía era cierto”. “Ni compraba ni vendía las letras de cambio. En el juicio declaró que nunca había tenido las letras de cambio en su poder, por lo tanto, no era posible que vendiera algo que no tenía, ni tampoco que hubiera comprado las letras de cambio y no las tuviera en su poder sin explicar por qué”, resume la sentencia. La pena total de Manuel González se eleva a más de 20 años de prisión a raíz de un tiroteo contra los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la policía española durante el registro en su domicilio de Alpedrete en 2018.