Arranca el juicio de Boye en la Audiencia Nacional: "No se haría si no fuera abogado de Puigdemont"

San Fernando de Henares / BarcelonaEl abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, se sienta desde este lunes en el banquillo junto al histórico narco gallego Sito Miñanco por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de drogas. En la Audiencia Nacional se ha empezado a juzgar un caso que se remonta a 2017, cuando la policía requisó 889.620 euros en el aeropuerto de Barajas a supuestos miembros de la banda de Miñanco, cliente de Boye, cuando intentaban pasarlos hacia Colombia. "Estamos ante una acusación especulativa", criticó en declaraciones a los medios tras la primera sesión. La Fiscalía pide para el letrado de Puigdemont 9 años y 9 meses de cárcel y una multa de 2,7 millones de euros. Boye defiende su inocencia y asegura que es perseguido por desempeñar su trabajo como abogado y por sus vínculos con el independentismo.

Según la investigación, él y otros dos abogados falsificaron documentos para justificar que el dinero intervenido tenía un origen lícito y que pudiera volver a manos de Miñanco. El letrado niega que falsificara nada y recalca que se limitó a presentar al Sepblac, la autoridad de prevención de blanqueo de capitales, unos contratos que acreditarían que el dinero era del empresario Manuel González Rubio y que provenía de un negocio con una empresa de seguridad en Colombia. El empresario suscribe ahora esta versión, aunque antes había vinculado el dinero al narcotráfico. "Se detecta que los abogados no les están ayudando desde un punto de vista legal, sino que están falseando documentos para recuperar el dinero del narcotráfico", ha manifestado el primer testigo declarado, un inspector de la Policía Nacional que instruyó los informes que originaron la investigación.

Los contratos, bajo lupa

La Fiscalía mantiene que Miñanco, que estaba entonces en tercer grado tras pasar casi 17 años en prisión, nunca dejó el narcotráfico ni tuvo intención de rehabilitarse. Mientras trabajaba en un aparcamiento de Algeciras, el gallego reactivó sus negocios con la droga y montó todo un entramado societario fraudulento para esconder sus beneficios, sostiene. Tras la detención de sus colaboradores en Barajas, el equipo legal de Miñanco, liderado por Boye, habría fabricado unos contratos de compraventa de letras que, según Sepblac y fiscal, no tenían ningún sentido económico. Los abogados recibieron ya una sanción administrativa por estos hechos.

Miñanco se enfrenta ahora a una pena de prisión de 31 años y 6 meses. La Audiencia Nacional le investiga a él ya otras 45 personas por la llamada operación Mito, una red a través de la cual el narco gallego quería introducir 4.000 kilos de cocaína en España, pero que no prosperó porque la policía les impidió.

Boye ve persecución

La plana mayor de Junts se ha desplazado este lunes a la Audiencia Nacional para acompañar a Boye. Entre otros, han hecho acto de presencia el expresidente de la Generalitat Quim Torra; la expresidenta del partido Laura Borràs; el secretario general juntario, Jordi Turull; el vicepresidente y portavoz, Josep Rius; el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, y los portavoces en el Congreso y el Senado, Míriam Nogueras y Eduard Pujol. "Es un juicio político. No se haría si no fuera abogado de Puigdemont", declaró Rius en una atención a los medios. La Coordinadora de la Abogacía de Catalunya también le ha querido apoyar a las puertas del tribunal.

Dentro de la sala, la defensa de Boye ha pedido la nulidad de las actuaciones porque, durante un cacheo en su oficina en 2019, los investigadores intervinieron correspondencia que ha mantenido con sus clientes a lo largo de los últimos nueve años, vulnerando el su derecho de defensa y el secreto profesional. Precisamente, conversaciones de WhatsApp intervenidas en Boye acreditarían su participación en los hechos, según la Fiscalía.

Boye tiene otros ases en la manga para defenderse: ha presentado pruebas en las que el abogado de otro de los acusados, Manuel Puentes Saavedra, reconoce que su cliente le incriminó durante la instrucción tras recibir presiones mientras estaba en prisión. Además, el pasado viernes aportó documentación del registro migratorio de Colombia que acreditaría que una supuesta reunión en su despacho en Madrid en febrero de 2017 con algunos de los implicados no se habría producido porque González Rubio se encontraba en el país latinoamericano. Se añade a un informe sobre geolocalización de teléfonos móviles que probaría que Miñanco estaba en Andalucía en esas fechas. Sin embargo, el inspector que ha declarado este lunes ha explicado que, más allá de reuniones presenciales, constan multitud de conversaciones telefónicas donde se evidenciaría la participación de Boye en este entramado.

Es la segunda vez que Gonzalo Boye es juzgado en la Audiencia Nacional: la primera vez fue en 1996, cuando el tribunal le condenó a 14 años de cárcel (finalmente cumplió seis) por colaboración con ETA en el secuestro del industrial español Emiliano Revilla. Él siempre ha reivindicado su inocencia.