En paralelo al juicio, Junts ha registrado varias preguntas en el Congreso dirigidas al gobierno español pidiendo explicaciones sobre la protección policial que el ministerio del Interior habría otorgado a Puentes Saavedra. La formación independentista denuncia la "diferencia de trato que supone otorgar protección policial a un narcotraficante y presunto asesino mientras se niega a otorgar al presidente de la Generalitat en el exilio el escolta al que tiene derecho legalmente".
Boye denuncia un complot entre la policía y un presunto asesino por incriminarlo en un caso de narcotráfico
El abogado de Puigdemont asegura en el juicio que no se reunió con Sito Miñanco ni otros implicados

MadridEl abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha defendido la inocencia este lunes en el juicio en el que está acusado de presunto blanqueo de capitales y falsedad documental vinculado al narcotráfico. La Fiscalía pide para él 9 años y 9 meses de cárcel por formar parte supuestamente de una red liderada por el gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, que importaría droga a España proveniente de América Latina. "Cada vez que demuestro algo me lo cambian por otro", se quejó Boye al término del interrogatorio, en el que sólo respondió a las preguntas de su defensa.
El letrado se refería a una afirmación de Manuel Puentes Saavedra, otro acusado y que es el único que vincula a Boye en esta operación. En su declaración el pasado jueves apuntó por primera vez que habría participado en una reunión en el despacho del abogado el 22 de febrero del 2017, algo que Boye ha desmentido de forma categórica. De hecho, aseguró que no mantuvo ninguna reunión con Puentes Saavedra. La estrategia de defensa de Boye consiste en hacer constar que ésta es la única persona que sustenta el escrito de acusación de la Fiscalía, dado que ninguno de los otros 45 implicados en el juicio reconoce los hechos. En este sentido, el abogado de Puigdemont subraya que Puentes Saavedra le inculpó en julio del 2019 –tras no haberlo hecho en una declaración anterior– mientras estaba encarcelado a raíz de un pacto con la policía. "Me dice que ha recibido visitas, que hay desesperación y ofertas", ha declarado Boye, recordando una conversación con el entonces abogado de Puentes Saavedra, Jesús Prieto, que fue a verle a prisión. Supuestamente, se le ofreció no ser extraditado a Colombia por responder de un asesinato a cambio de estirar la manta en este caso de narcotráfico. No fue hasta enero del 2023 que Boye volvió a coincidir en la Audiencia Nacional con Prieto y grabó la conversación con el móvil: "Define quién le hizo las visitas, la policía y que le ofrecen la libertad a cambio de declarar en mi contra", ha dicho.
El origen del dinero
La causa se inició por la intervención de 890.000 euros en efectivo al empresario Manuel González Rubio en el aeropuerto de Barajas el 6 de febrero del 2017. La sospecha del ministerio público es que forma parte del narcotráfico, mientras que la versión de los encausados es que era dinero que González Rubio debía llevar a González Rubio. Boye ha defendido que este hombre acudió al asesoramiento de su despacho para intentar recuperar el dinero ante el Sepblac y la Fiscalía le acusa de haber fabricado una documentación que acreditara un supuesto origen lícito del dinero. A preguntas de su abogado, explicó que no participó directamente en los papeles que se aportaron al Sepblac acreditando una compraventa de letras de cambio. El organismo de prevención del blanqueo rechazó la documentación porque veía duplicidades y Boye ha explicado que se puso en contacto con las personas que habían firmado estos contratos con González Rubio para esclarecer la situación. "Me dijeron que era imposible, que se habían hecho en 2016 y eran únicos", aseguró.
El abogado de Puigdemont ha negado también haberse reunido en el 2017 y en los meses posteriores con otros encausados, entre ellos el propio Miñanco, que había sido cliente de Boye en procedimientos anteriores. El narco gallego declaró el martes de la semana pasada y defendió que era "totalmente inocente" y achacó la acusación a la "imaginación" del fiscal. "Dice 314 veces que traficé con drogas, pero no ubica la venta de un solo gramo", manifestó. Miñanco relató que en el 2016 estaba acabando de cumplir penas de prisión en régimen abierto y que residía en Algeciras, donde trabajaba en una empresa de aparcamientos y se dedicaba también a vender móviles encriptados.
El registro en el despacho
Otra de las patas de la estrategia de defensa de Boye es denunciar un cacheo ilegal de su despacho profesional porque, entre otras cuestiones, se le interceptó un pendrive con documentos sobre su estrategia de defensa en ese juicio.