La Audiencia Nacional procesa a los 13 miembros de los CDR acusados de terrorismo
Tal como pedía la Fiscalía, a nueve de ellos también les atribuye los delitos de tenencia y fabricación de explosivos de carácter terrorista
BarcelonaEl juez de la Audiencia Nacional Manuel Garcia Castellón ha procesado por pertenencia a organización terrorista a los trece presuntos miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) vinculados con la Operación Judas. Nueve de ellos ya fueron detenidos en septiembre de 2019 en el marco de este operativo y después de casi cuatro meses en la prisión quedaron en libertad provisional una vez pagada la fianza. Justo después de salir del centro penitenciario, uno de los acusados, Xavier Duch, aseguraba al ARA que el objetivo de las detenciones solo era parar el movimiento después de la sentencia del 1-O y "vincular independentismo y terrorismo". Ahora, además de procesarlos por pertenencia a organización terrorista, el magistrado, tal como pedía la Fiscalía, acusa a nueve de ellos de delitos de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables. En su auto de procesamiento, el juez afirma que los implicados "evidencian una gran radicalidad" y todos, dice el instructor, comparten principios ideológicos favorables a la independencia y el activismo radical para conseguirla. Su objetivo para hacerla efectiva, sigue el magistrado, era emplear la violencia.
Según Garcia Castellón, los acusados formaban parte de los Equips de Resposta Tàctica (ERT), "un grupo reducido de carácter clandestino y estable, el objetivo del cual sería llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando explosivos y sustancias incendiarias fabricados en dos laboratorios clandestinos en dos domicilios particulares". Además, asegura que los implicados han tenido una participación activa en la materialización de las acciones "más contundentes" de los CDR, mencionando varios cortes de carretera o el vertido de aceite en la calzada de la C-55, un lugar de paso de la comitiva que trasladaba a los presos políticos a Lledoners. El escrito del juez, sin embargo, no acababa con estas acciones, sino que describe otras previstas que no se llegaron a materializar.
Atrincherarse en el Parlament
El juez afirma que los investigados participaron en la creación del centro de coordinación (CECOR) para las acciones de los CDR. ¿Cuál era la función de este organismo? El magistrado asegura que asumieron el encargo de un denominado CNI catalán para que aportaran la logística para ocupar el Parlament y defenderlo. El juez admite que estas 13 personas no podían hacerse cargo de la totalidad de la acción, y por eso apunta que sería necesaria una gran capacidad de movilización y conocimientos en redes ilícitas y clandestinas de telecomunicaciones.
¿Cómo se habría ocupado el Parlament? El magistrado narra en el auto que se haría por la puerta principal de la cámara porque se les facilitaría el acceso desde el interior. No todo transcurriría en el interior del Parlament, puesto que el magistrado apunta que los implicados cooperarían con el llamado CNI catalán para alquilar locales donde se establecerían bases que proporcionaran seguridad y conexiones con el interior de la cámara. Concreta, además, que se habrían montado antenas de larga distancia. En este punto es donde el juez asegura que serían esenciales los servicios de uno de los acusados: Ferran Jolis, con amplios conocimientos de informática. Todo esto, afirma el juez, tenía un presupuesto de 6.000 euros.
Objetivos
En el auto, tal como hizo la Fiscalía en su momento, el magistrado describe algunos de los objetivos seleccionados por los implicados. Apunta que hay evidencias de que pretendían perpetrar algún tipo de acción en la Comandancia Naval de Barcelona; el Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de gobierno español en Catalunya; la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil; miembros, vehículos e instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad; torres de alta tensión; instalaciones en autopistas y peajes; o el Parlament.
El juez asegura que los investigados desarrollaron actos preparatorios en estos espacios como la vigilancia y toma de fotografías y vídeos. En estas imágenes, sigue el auto, los acusados recogen determinados aspectos de las instalaciones como accesos, cámaras de vigilancia, agentes policiales o matrículas de los vehículos policiales.
Con todo, el magistrado procesa por pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias inflamables o explosivos a Eduardo Garzón, Esther Garcia, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros, Xavier Duch y Joaquín Delgado. Solo por el delito de terrorismo procesa a Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budría y Clara Borrero.
