Aumento de las pensiones y "protección" de los pequeños propietarios: así quedan los dos nuevos decretos ley de Sánchez

MadridTras el veto de Junts y el PP en el decreto ómnibus, el gobierno español se ha visto abocado a trocearlo para salvar el aumento de la subida de las pensiones y, por otra parte, ha introducido medidas a favor de los pequeños propietarios en la suspensión de los desahucios para asegurarse los votos del PNV y guiñar el ojo. "Son todo medidas buenas", ha defendido la portavoz de gobierno español, Elma Saiz, sorteando la marcha atrás que ha tenido que realizar la Moncloa en esta ocasión: pese a lo que había dicho previamente, después del batacazo la semana pasada en el Congreso, ha separado las pensiones -Juntos y también el PP apoyan la subida- de las medidas antidesahucios, con medidas nuevas en favor del "consenso", según el gobierno español.

¿Cuáles son los cambios? Si bien se mantiene la prohibición de desahuciar a una familia en situación de vulnerabilidad, son una excepción los propietarios que tienen uno o dos inmuebles, y en este caso sí se echará a la familia que no pueda pagar el alquiler. El decreto ley dice que serán los servicios sociales quienes se harán cargo de buscar una alternativa habitacional. En Cataluña, por ejemplo, están desbordados.

El decreto ley también establece otra excepción: en caso de que haya personas con tres o más viviendas en propiedad, tampoco se detendrá el desahucio si el propietario está en una situación de vulnerabilidad y existe un contrato previo de alquiler. ¿Qué significa "situación de vulnerabilidad"? Se definió en el primer decreto ley de escudo social a raíz de la pandemia, e implica a todos los efectos que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar en el mes anterior de la solicitud no superen el límite de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples mensual (IPREM). Es decir, tres veces 600 euros, que es el mensual de 2026: 1.800 euros brutos al mes.

En cuanto a los empleos, según fuentes del ministerio de Vivienda, se detendrá el desahucio si es una propiedad vacía o si se trata de una familia vulnerable y el propietario es una empresa o persona física considerada gran tenedor. Si se trata de una vivienda habitual de propiedad, se activa en un margen de 24 horas la vía judicial para iniciar el desalojo.

Ayer los junteros daban por hecho que se incluiría alguna medida en el marco del escudo social para intentar satisfacerlos, y este martes el PNV ha anunciado un pacto con el gobierno español que iría en sintonía con el que defiende el partido de Carles Puigdemont. "Se permite a los pequeños propietarios recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos", explican los jeltzales, que alertan del riesgo de que hasta ahora la persona que tenía la vivienda en propiedad se convirtiera también en un "ciudadano vulnerable".

Podemos critica las excepciones

Al tratarse de dos decretos ley, entran en vigor de forma inmediata a partir de su publicación en el BOE. Ahora bien, dentro de un mes como máximo habrá que convalidarlos en el Congreso para que no decaigan. La cuestión de la subida de las pensiones está garantizada, pero ahora mismo no está claro qué va a pasar en el caso del escudo social.

Tiene el apoyo del PNV, pero todavía está en el aire que Junts apoye. Fuentes de la Moncloa reconocen que no han hablado con los de Miriam Nogueras –no negocian directamente desde que rompieron la relación en octubre–, pero el gobierno español asume que las medidas pactadas con los nacionalistas vascos pueden encajarles. "Es un parche", ha reaccionado a La Sexta Nogueras, quien ha añadido que estudiarán la letra pequeña.

El problema para la Moncloa es que la decisión no ha sido bien recibida a su izquierda: la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cargado contra la excepción a los pequeños propietarios: "Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto", ha dicho a X. Ha reforzado la X. considera que la medida "agiliza los desahucios", y lamenta que se hable de "proteger a los rentistas y no a las familias". "Si gobiernas dando la razón a la derecha, después te sorprendes cuando ganan", ha resuelto. Una de las preocupaciones que muestra la izquierda es que, con la salvedad para los pequeños propietarios, queda en el aire la protección de las 60.000 familias que se veían beneficiadas de la suspensión de los desahucios. Fuentes del gobierno español no dan cifras, pero aseguran que se mantendrá el gran grosor de la prohibición.

Dos votaciones distintas

Desde Sumar, el socio minoritario de la coalición del gobierno español, reconocen que la negociación de las últimas horas con el PSOE ha sido "intensa" y, de hecho, se ha cerrado este mismo martes por la mañana durante el consejo de ministros, tal y como ha reconocido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una atención a los medios de comunicación. La formación que lidera Yolanda Díaz se muestra satisfecha por el hecho de que se hayan hecho dos decretos ley, el del escudo social y el de las pensiones –en algún momento ha estado sobre la mesa incluso hacer tres.

Para Sumar, a diferencia de Podemos, los cambios sobre la medida antidesahucios son mínimos y celebran que vaya de la mano del resto del llamado escudo social aprobado durante la pandemia: desde el bono social para familias vulnerables hasta las ayudas de la dana. De este modo, creen que desde el PNV y Junts no tendrán la tentación de oponerse a las demás medidas sociales que incluye el decreto ley. Una estrategia, en todo caso, que también pone a Podemos contra las cuerdas: ¿los de Ione Belarra se opondrán a todo el escudo social porque no están de acuerdo con las excepciones para pequeños propietarios introducidas para satisfacer a Junts y al PNV? La respuesta, como máximo, dentro de un mes en el Congreso.

La letra pequeña