El auto-155 de las autonomías durante el apagón masivo
BarcelonaDel apagón masivo existe un episodio que indica hasta qué punto en algunas autonomías la voluntad de autogobierno queda diluida enseguida. La decisión de hasta ocho comunidades autónomas –todas gobernadas por el PP menos una– de entregar las claves al gobierno español con la declaración de la emergencia nacional evidencian, por un lado, que no confían en su propio sistema de protección civil y que, para el Partido Popular, la autonomía es un mero instrumento para desgastar al gobierno de Pedro Sánchez.
Ninguna de ellas quería encontrarse en una situación complicada de gestionar y, ante problemas que pudieran surgir, optaron, tácticamente, por implicar directamente a la Moncloa en la gestión de lo que estaba pasando en su territorio, aunque significara que, en algunos casos, el mando de la crisis quedaba a 600 kilómetros de distancia. Probablemente todos tenían en mente a Carlos Mazón. Tampoco es casualidad que la última comunidad autónoma en reanudar el control de las competencias tras el apagón masivo haya sido la Comunidad de Madrid –el miércoles a última hora–, donde Isabel Díaz Ayuso lidera la oposición al sanchismo.
En medio de la confusión por lo que estaba pasando el lunes, las autonomías de Andalucía, Galicia, La Rioja, Murcia, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha –la única gobernada por el PSOE, aunque por el crítico Emiliano García-Page– solicitaron al ministro del Interior, el Gobierno de la Protección Civil de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis A última hora también lo hizo la Comunidad Valenciana, una decisión que contrasta con la que se tomó el día de la DANA. Según los juristas consultados, se trata de un mecanismo inédito que nunca se había utilizado hasta ahora. El Estado sólo ha tomado el control de la gestión autonómica por la pandemia, en la declaración del estado de alarma, y en el 155, la suspensión de la autonomía catalana por la DUI del 2017.
El Estatut del 2010
El del Sistema Nacional de Protección Civil es un mecanismo legal excepcional del que se dotó al Estado en el 2015, después de que Catalunya se atribuyera la facultad de protección civil al Estatut del 2006, como explica el ahora letrado en el Parlament Joan Ridao, en ese momento implicado en la redacción de la reforma estatutaria. Se trata de una competencia de los estatutos de segunda generación que después se ha extendido en otras autonomías. Una competencia "exclusiva" que no fue cuestionada por el Tribunal Constitucional en 2010.
Ahora bien, en 2015, el Estado sí impulsó una norma propia para asumir competencias en este ámbito. Un movimiento que también avala al propio TC pese a que la Generalitat impugnó la normativa por invasión de competencias. Ridao explica que el Constitucional atribuye facultades de coordinación al gobierno español y establece la posibilidad de que, cuando existe una crisis que trasciende las fronteras de las autonomías, el gobierno español pueda tomar su control, a iniciativa propia, a petición de las autonomías o de la delegación del gobierno central en la comunidad.
Es excepcional que, ante un apagón general que afecta por igual a todo el territorio, y sin que el gobierno español lo pida, sean las autonomías en cascada las que activen este mecanismo. Y sobre todo lo es por las autonomías que, como Catalunya, tienen recogido en su Estatut que la protección civil es competencia exclusiva, como la Comunidad Valenciana, Extremadura o Andalucía. Es como si, en medio de la crisis, parte de los ayuntamientos se hubieran desresponsabilizado de la situación en pro de administraciones superiores.
Al final, la entrega de competencias al Estado fue fugaz, ya que al día siguiente del apagón todo volvió al estadio habitual. Ahora bien, es un precedente que demuestra que existen autonomías que se toman poco en serio las competencias que marcan sus estatutos y también que el estado autonómico es un instrumento más en la dura batalla entre el PP y el PSOE de Pedro Sánchez.
