El Estado avisa al PP de que enviará las fuerzas de seguridad si sus comunidades se niegan a acoger a los menores migrantes

BarcelonaEl consejo de ministros fijó este martes el número de menores no acompañados que debe acoger a cada comunidad en el marco de la nueva regulación legal para afrontar la llegada de refugiados a Canarias y Ceuta. Los criterios se basan en un decreto ley aprobado por el Congreso y el gobierno español ya avisa de que, por más aspavientos que hagan los presidentes del PP, pronto se activarán los traslados de los 3.900 menores pendientes de distribución. En una entrevista en TVE este miércoles, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se mostró confiado en que todas las autonomías cumplirán y asumirán la tutela de los menores que reciban en aplicación del reparto, que es obligatorio. Ahora bien, ante posibles resistencias, les ha lanzado un aviso: "Si alguna comunidad se opusiera, lógicamente deberían intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero no tengo dudas de que los presidentes y presidentes cumplirán la ley", ha añadido.

El gobierno de Canarias también ha advertido que las comunidades autónomas no se pueden negar a recibir a los refugiados y que, si lo hacen, será la fiscalía quien mueva pieza. De hecho, el ministerio público ha sido quien ha liderado en Canarias la batalla judicial para que se modificara el protocolo que, inicialmente, el gobierno canario aprobó para poner trabas a la acogida, a la espera de la modificación legal sobre el reparto en el Estado. "Esperamos que no tengamos que llegar a esto. Esperamos que el sentido común impere", ha afirmado este miércoles el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que gobierna con el PP. Por otro lado, el ejecutivo canario ya ha pedido recurrir al llamado mecanismo de "contingencia" en el archipiélago, que permite activar los traslados cuando una comunidad autónoma haya visto superada en tres veces su capacidad de acogida -de 737, en el caso de Canarias-.

El PP lleva meses utilizando el reparto de migrantes como arma arrojadiza contra el gobierno español. De hecho, ésta fue la causa por la que Vox rompió con los ejecutivos autonómicos del PP, a los que acusó de no plantarse con el Estado y ser demasiado blandos en materia migratoria. Este martes, la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, cuestionaba la fórmula que ha utilizado el Estado para el reparto –donde el mayor peso es la población– y avanzaba que la impugnarán ante el Supremo y pedirán su suspensión cautelar, así como harán la Comunidad de Madrid y Aragón.

"No hay profesionales para atenderles. Que diga el gobierno en qué espacios debe acogerse, porque no hay centros", advirtió a la SER. Así respondió Prohens a la pregunta de si se plantea desobedecer: "No puedo imaginar que el gobierno sea insistente ante esta falta de humanidad y sensibilidad". Este miércoles, Torres le ha contestado que lo "lamentable" es que Baleares ni siquiera enviaran el certificado de los menores que ya tenían acogidos, como se les requirió desde el ministerio de Infancia.

Cataluña, fuera del reparto actual

Baleares tendrán que acoger a 406 menores, muy por detrás de las comunidades que, según lo que fijó ayer el gobierno español, deben acoger a más menores no acompañados. Andalucía (2.827), Cataluña (2.650), Madrid (2.325) y la Comunidad Valenciana (1.767) ocupan las primeras posiciones de la lista. Ahora bien, tanto Cataluña como Euskadi quedan fuera de esta tanda de reparto de menores por el esfuerzo de acogida que ya han hecho hasta ahora, aunque la Generalitat se había ofrecido a acoger a una treintena. El criterio deriva de un pacto anterior con Junts por aprobar el cambio legal para hacer obligatorio el reparto.

La exclusión de Catalunya y Euskadi del reparto en curso ha enfurecido a Andalucía, donde también gobierna el PP. En declaraciones a Canal Sur Radio este miércoles, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, criticó el planteamiento "poco realista" al que, a su juicio, responden las cifras acordadas por el gobierno español. "¿Alguien puede explicarse que en Catalunya y en el País Vasco no tengan que afrontar la acogida de menores migrantes para que tengan pactos políticos para mantener la silla?", ha dicho.

Pero los ejecutivos del PP de Baleares, Andalucía, Madrid y Aragón no son los únicos que han puesto el grito en el cielo ante el reparto. Mientras Murcia denuncia "ocultismo y falta de información", el gobierno de Carlos Mazón mantiene que en el País Valenciano ya están al "160%" de su capacidad y el riojano dice que teme un "desbordamiento" de sus capacidades de acogida. La fórmula, en cambio, tiene el visto bueno de Canarias.

Ofensiva judicial

Ésta no es la primera vez que el PP impugna el reparto de migrantes ante los tribunales. Un total de 10 comunidades autónomas ya recurrieron al Constitucional un primer decreto ley sobre el reparto, mientras que la Comunidad de Madrid en solitario llevó al Supremo un segundo decreto aprobado específicamente para atender a la emergencia en Canarias. En rueda de prensa este miércoles, el portavoz del gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García, ha explicado que también han exigido al Estado urgentemente "la información utilizada para elaborar el reparto forzoso" que deja al margen al País Vasco y Catalunya, por considerarlo "arbitrario, opaco y discriminatorio".

Ante la ofensiva de los populares, el ministro Torres se ha mostrado confiado en que la norma superará el escrutinio judicial por muchos recursos que presente el PP, y ha recordado que retrasando la acogida están condenando a estos menores a vivir "hacinados". "Deben tener condiciones de igualdad, como cualquier otro niño que huye de una guerra, como ocurrió con los de Ucrania, que se les recibía con brazos abiertos y se abrían instalaciones municipales y buses. ¿Por qué no se puede hacer igual con los niños que vienen de África?", se preguntó.