Política 28/05/2021

Cuando eran Aznar o Felipe González los que indultaban con la presión social en contra

La diferencia respecto a la situación de los presos políticos es que PP y PSOE iban de la mano

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El general Alfonso Armada el 24 de febrero del 1981 al Congreso  de Diputados, el día siguiente del golpe.

BarcelonaSi un indulto se le ha reprochado a Felipe González desde que en El hormiguero se posicionó frontalmente en contra de conceder la medida de gracia a los presos políticos catalanes, es el del general Alfonso Armada. En 1988 y cuando todavía le quedaban 19 años de condena para cumplir por el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, el gobierno socialista aprobó el indulto (que había rechazado antes en cuatro ocasiones). "El gobierno ha escuchado el informe del ministro de Defensa y ha decidido atender la propuesta del Tribunal Supremo", justificó el 24 de diciembre el entonces portavoz del ejecutivo español, Rosa Conde. El informe del Supremo, a diferencia del que ha emitido ahora para los dirigentes independentistas, argumentaba motivos de "equidad", una vez comprobada "la evidente reinserción del condenado", y avalaba por unanimidad la concesión del indulto. El consejo de ministros no tiene que justificar su decisión más allá de si se ha tomado "por razones de justicia, equidad o utilidad pública”.

Armada era el general que el 23-F tenía que relevar al presidente del gobierno (Adolfo Suárez) en un plan elaborado mano a mano con el teniente general Jaime Milans de Bosch y el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. Y a pesar de la condena por un delito de rebelión a 30 años de prisión (finalmente a 26), el consejo de ministros socialista no vio impedimento en indultarlo. Habían pasado siete años desde el asalto a punta de pistola del Congreso de Diputados y el secuestro durante dieciocho horas de los políticos y personal de la cámara baja. Alianza Popular (las antiguas siglas del PP) no protestó.

Diez años exactos después fue el gobierno de José María Aznar el que protagonizó otro indulto polémico: el del exministro del Interior socialista José Barrionuevo, su secretario de estado de seguridad y ocho personas más relacionadas con los GAL. Todos fueron indultados cuando solo habían pasado tres meses y medio en la prisión por el secuestro de Segundo Marey (un ciudadano francés al que habían confundido con un dirigente de ETA) en una de las primeras operaciones (1983) del terrorismo de estado de los GAL. Habían sido condenados a 10 años de prisión por secuestro y malversación de fondos públicos. La entonces ministra de Justicia popular, Margarita Mariscal de Gante (actualmente una de las consejeras del Tribunal de Cuentas más activas en la persecución de los líderes del Proceés), reconoció que, especialmente por la rapidez a la hora de resolver el expediente, podría parecer discriminatorio ante otros peticionarios del indulto: "Aparentmente ha sido discriminatorio, pero no lo ha sido tanto". El PSOE celebró los indultos, a pesar de que se quejó de que fueran parciales y no totales.

González, Aznar y el récord de indultos

A pesar de que no hay registros oficiales (el gobierno español no estaba obligado hasta 2015 a publicar semestralmente las estadísticas), los datos recopilados por el abogado Ireneo Herrero Bernabé en su tesis doctoral y por la plataforma ciudadana Civio (a través del estudio del BOE) atribuyen a González un total de 5.944 indultos en sus 14 años al frente de la Moncloa y Aznar tiene el récord con 5.948 en 8 años. El año 2000 el ministro de Justicia, Ángel Acebes, batió todos los registros con 1.856, de los cuales 1.328 fueron indultados el 1 de diciembre (para ponerlo en contexto, el año pasado se concedieron 30 y el anterior 40): argumentaba que era un buen año para que el gobierno optara por la medida de gracia con argumentos como el cambio de milenio y que era año Jubileo.

Uno de los que se benefició de ello fue el ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, que había sido apartado de la carrera judicial en octubre de 1999 por la condena a 15 años de inhabilitación por prevaricación continuada. También entraron en la lista el diputado socialista Carlos Navarro, condenado por el caso Filesa de financiación ilegal del PSOE, o alguno de los condenados por la estafa de Grand Tibidabo.

La historia está llena de indultos polémicos, pero hay una pauta común en los principales: PSOE y PP han ido de la mano o, al menos, no los han usado como arma arrojadiza contra el otro, incluso en casos con una fuerte presión social en contra. Hasta ahora. José Luis Rodríguez Zapatero indultó al banquero Alfredo Saénz por acusación y denuncia falsa en 2011 cuando ya estaba en funciones; el expresidente de Cantabria Juan Hormaechea (PP) fue condenado por malversación e indultado en 1995 por González y en 2011 por Zapatero, entre otros muchos ejemplos.

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