Marchena abre una guerra entre el PSOE y Unidas Podemos

El choque entre el Tribunal Supremo y el Congreso por la condena del diputado de Podemos Alberto Rodríguez ha pasado a ser ahora una guerra entre socios de gobierno. La ley de vivienda, los mismos presupuestos o ahora también la reforma laboral habían aireado las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos, pero el verdadero conflicto que pone al límite el gobierno de coalición ha llegado a raíz de una decisión judicial. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido esta tarde dejar finalmente sin acta a Alberto Rodríguez, después de que el presidente de la sala penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, le recordara esta mañana que la inhabilitación mantenía "la vigencia" a pesar de haber conmutado la pena de 45 días de cárcel por una multa. La decisión de Batet ha enervado a Unidas Podemos, que pocas horas después anunció que Alberto Rodríguez presentará una querella por prevaricación contra la presidenta de la cámara baja y ha abierto así un conflicto grave con el partido con el que comparte gobierno.

Durante toda la semana la polémica sobre si Alberto Rodríguez tenía o no que mantener el escaño ha sido un runrún que ha ido in crescendo a medida que pasaban los días. El pasado viernes los letrados de la cámara emitieron un informe en el que avalaban que el diputado lila mantuviera el escaño porque interpretaban que la condena no había llegado a "nacer" por el hecho de haber liquidado la pena de prisión con una multa de 540 euros -que ya había pagado-. Este martes la mesa del Congreso hizo caso de la decisión de los juristas de la cámara y, por mayoría, permitió que Rodríguez mantuviera el escaño. La triple derecha comenzó una ofensiva llevando el caso al Supremo, a la Junta Electoral Central y la Fiscalía, además de pedir una reconsideración a la mesa del Congreso. Al día siguiente, el Supremo desautorizaba la decisión de la mesa y Marchena pedía a Batet qué día el diputado sería inhabilitado.

Batet reunió el jueves al órgano parlamentario en un encuentro extraordinario que duró más de dos horas y que terminó con la presidenta del Congreso enviando un escrito al Supremo para pedirle una aclaración sobre cómo ejecutar la sentencia. Y la aclaración llegó esta mañana. Marchena ha sido tajante afirmando que la inhabilitación se cumpliera, según el artículo 56 del Código Penal, y aprovechaba para recordarle que su función no es "asesorar a órganos constitucionales".

Guerra de declaraciones

De este modo, el magistrado volvía a pasar la pelota a Batet, que finalmente ha decidido dejar sin escaño a Rodríguez. La presidenta se ha escudado en el escrito de Marchena para cambiar de posición. "La presidenta del Congreso se ha limitado en todo momento a dar cumplimiento a la ley y en las sentencias de los tribunales", han defendido posteriormente fuentes socialistas. "Las sentencias se pueden recorrer pero no se puede romper", añadieron. Sin embargo, no todo el PSOE se ha expresado de manera granítica. Antes de la decisión de Batet, el diputado Odón Elorza había calificado de "desproporcionado y escandaloso" que se acabara inhabilitando a Rodríguez.

"Meritxell Batet ha tomado la decisión de retirar el escaño a Alberto Rodríguez de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la cámara y de la mesa del Congreso", apuntan fuentes de Unidas Podemos. Las mismas que aseguran que Batet sabía que la inhabilitación de Rodríguez era "para ser elegido en unas próximas elecciones, lo que en ningún caso implica perder el escaño". Unidas Podemos considera que la presidenta de la cámara ha tomado la decisión "cediendo a la vergonzosa presión del Supremo y la extrema derecha" y que hace "un daño enorme a la democracia". El jueves el partido había avisado de que si el Congreso acababa retirando el escaño a Rodríguez, llevarían el caso al Tribunal Constitucional como paso previo para abrir la vía del Tribunal de Estrasburgo. Un camino que también abrirán, según ha explicado el portavoz del grupo lila, Pablo Echenique, en la SER, aunque ha admitido que no tienen "esperanzas" de que puedan prosperar ni la querella ni el recurso en el TC.

El aviso del CGPJ

Echenique ha dicho que no cree que este conflicto pase factura al gobierno de coalición, pero de momento a la guerra abierta entre ambos partidos se le ha añadido un tercer actor: el Consejo General del Poder Judicial. Pocos minutos después de que Batet hiciera pública la decisión, la ministra de Derechos Sociales y también secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un tuit en el que ha acusado a la presidenta de la cámara de haber cedido ante la "presión" del Supremo y apuntó a un delito de "prevaricación".

Las palabras de Belarra han molestado profundamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Estas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, a ser posible con más intensidad y rotundidad que en otras ocasiones", han escrito en un comunicado los vocales del órgano de los jueces, aunque tres de ellos no lo han suscrito. La cúpula judicial cree que Unidas Podemos ha puesto en duda la manera de "proceder" del Supremo porque atribuyen un "delito" a sus magistrados. "Una afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, más cuando quien hace estas manifestaciones es un miembro del poder ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable", apuntan.

El CGPJ asegura que a lo largo de la historia ha dado "muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, independientemente de la posición política o social de los enjuiciados". Por todo ello, hace un llamamiento a los cargos públicos y de gobierno "a no dañar la imagen" del poder judicial. "La primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el poder judicial".