Borràs acepta la dimisión de la secretaria general del Parlament

BarcelonaLa presidenta del Parlament, Laura Borràs, después de conocer el informe de la Oficina de Antifraude, ha decidido que acepta su dimisión. El ente que preside el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha concluido que Andreu no gestionó la situación correctamente, puesto que su relación de parentesco es una causa de conflicto de interés. El hecho de que la secretaria general del Parlament, como reveló Efe, no comunicara a la mesa su relación de parentesco con uno de los aspirantes a cubrir la plaza concluye Antifraude que es un incumplimiento de sus obligaciones.

El informe no deja lugar a duda: “La secretaria general del Parlament se encontraba en una clara situación de conflicto de interés real, que no se gestionó adecuadamente”. Esther Andreu se tenía que haber “abstenido” de cualquier procedimiento y no simplemente “apartarse del procedimiento”. La abstención también implica, dice Antifraude, “que se informe de la concurrencia de la causa” de consanguinidad en primer grado: su hijo participaba en el proceso de selección y, de hecho, acabó siendo escogido. “El cumplimiento de la obligación de informar se constituye en un elemento esencial para preservar el principio de confianza en las actuaciones públicas”, dice el informe que, además, niega que la hasta ahora secretaria general se apartara de todo el proceso: “gestionó actuaciones directamente –por ejemplo, la sustitución del jefe de gobierno interno, Ferran Domínguez, y actuaciones en las que tomó parte de una forma o de otra”.

De los informes que le ha trasladado el Parlament, Antifraude no puede decir, sin embargo, que Andreu hubiera actuado de forma indebida para influir en la elección de su hijo. Aun así, todo ello “genera dudas razonables sobre la correcta tramitación del procedimiento”. Por todo ello, “la inadecuada gestión del conflicto de interés podría generar dudas generalizadas sobre la imparcialidad y objetividad de determinada actuación pública, y con esto un daño evidente a la confianza en las instituciones”.

El mandato de la secretaria general ha estado rodeado de polémica por la gestión que ha hecho de la administración parlamentaria. En el caso de las licencias por edad -la figura que permitía cobrar sin trabajar antes de jubilarse-, fue uno de los altos cargos de la administración junto con la dirección de estudios parlamentarios que obstaculizó la entrega de la totalidad de las retribuciones de los funcionarios que estaban en licencia por edad y después abrió un expediente al exletrado mayor Antoni Bayona -favorable a entregar toda la información- por acoso psicológico que ha acabado en nada. También ha mantenido una relación conflictiva con el letrado mayor, Miquel Palomares, a quien le retiró las competencias de dirigir los servicios jurídicos de la cámara a raíz de un informe sobre la posibilidad de revocar las licencias por edad que ya se estaban disfrutando.

En términos políticos también ha estado en el centro de atención. Ejecutó las órdenes de la Junta Electoral Central para retirar el escaño a Pau Juvillà -como hizo en la anterior legislatura el entonces secretario general, Xavier Muro- para evitar su "imputación" y el resto de los funcionarios de la casa.

El colofón de su gestión ha sido el ingreso de su hijo como ujier en el Parlament después de presentarse a un proceso selectivo para cubrir vacantes de forma temporal.