El calendario del TJUE complica el regreso de Puigdemont en verano

MadridLa posibilidad de que el expresidente Carles Puigdemont regrese a Catalunya en verano se aleja. El motivo es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) todavía no ha comunicado la fecha en la que se pronunciará sobre la amnistía. La práctica habitual de este órgano es que avise con un mes de antelación, de manera que desde el Tribunal Constitucional (TC) ya no esperan una resolución de las cuestiones prejudiciales con relación a la malversación antes de junio. Este calendario de la justicia europea complica las perspectivas de que el TC pueda resolver el recurso del líder de Junts antes de las vacaciones de agosto, según confirman a el ARA diversas fuentes del Constitucional.

Así pues, si nada cambia, en el TC sitúan como el escenario más probable que su decisión definitiva sobre la aplicación de la amnistía a Puigdemont sea a partir de septiembre, tal como ha avanzado El Periódico. Si el TJUE tampoco se pronunciara antes del verano, una posibilidad que las mismas fuentes tampoco descartan, el regreso del expresidente todavía podría alargarse más. Teniendo en cuenta que en julio solo hay previstos dos plenos en el Constitucional –es un momento del año al que se llega con acumulación de temas para cerrar antes de las vacaciones– y que el debate de la amnistía se prevé conflictivo internamente, en el TC ven difícil que se pueda dejar resuelto si la sentencia del TJUE no llega hasta junio. "En mayo ya era justo", puntualiza una de las fuentes.

El camino de la aplicación de la amnistía a Puigdemont ha estado marcado por previsiones de calendario reiteradamente pospuestas. Esta ocasión es una más, si bien desde el TC matizan que el tiempo que está tardando en pronunciarse el TJUE entra dentro de lo que es habitual y no se puede hablar de retraso. El clima en el Constitucional no es de prisa, porque ahora la prioridad es que la decisión que tomen tenga todas las garantías ante las resistencias que puede generar posteriormente en el Tribunal Supremo, que es el que tendrá que aplicar la amnistía al expresidente, en caso de que la decisión del TJUE y posteriormente la del TC sean favorables a Puigdemont.

La derecha judicial

Lo que ya se da por hecho es que los magistrados conservadores del Constitucional, que son minoría, se opondrán a permitir el regreso en libertad de Puigdemont. De hecho, el encargado de la primera sentencia sobre este asunto es José María Macías, el ariete contra la amnistía que antes estaba en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ahora está en el Constitucional. Macías es el ponente del recurso de Jordi Turull, secretario general de Junts y el primer condenado por el 1-O que lo presentó ante el TC. El escenario más plausible es que Macías presente una propuesta de resolución contraria a la amnistía en un primer pleno y que, por tanto, tenga que hacerse otro porque quien lo sustituya como ponente presente una alternativa, lo cual dilataría el procedimiento.

Ahora bien, no todas las dilaciones son atribuibles a estos factores. La decisión de la defensa de Puigdemont de recusar Macías y dos magistrados conservadores más –Enrique Arnaldo y Concepción Espejel– ya hizo que en octubre del año pasado el TC advirtiera que este movimiento implicaría un retraso. En aquel momento, la decisión sobre Puigdemont se situó después de Navidad.

Los pronunciamientos del Proceso

Que el Procés ha sido uno de los quebraderos de cabeza del Constitucional en los últimos años ha quedado en evidencia este miércoles. En una intervención con motivo de la visita del presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, a la sede del TC en Madrid, el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha reivindicado que el TEDH no les ha llamado la atención. Conde-Pumpido ha citado el aval de Estrasburgo a dos decisiones en particular del TC. La que avalaba que en el Parlament se pudieran vetar debates sobre la autodeterminación o la amnistía y la que avalaba la prisión preventiva a los líderes independentistas. "España puede considerarse con razonable orgullo como uno de los países con un sistema de garantías de los derechos humanos más sólido y consistente", ha reivindicado.