Cambio en la Constitución: Sánchez mueve ficha para "proteger" el aborto
El gobierno español necesita el apoyo del PP para sacar adelante la reforma
MadridEn octubre del año pasado el presidente español, Pedro Sánchez, anunció que reformaría la Constitución para blindar el derecho al aborto. Este martes el gobierno español ha dado un paso relevante en esta línea, ya que ha aprobado el proyecto de reforma del artículo 43 de la carta magna después de la luz verde del Consejo de Estado, con la intención de "constitucionalizar el derecho a la interrupción del embarazo" en el aspecto prestacional. Es decir, no en el ámbito abstracto del derecho al aborto –que consideran consolidado–, sino en el sentido más práctico de poder abortar.
La encargada de explicarlo ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que considera que ahora mismo el ejercicio "efectivo" del derecho al aborto está "en riesgo" en el Estado. Lo ha dicho con datos en la mano: ha asegurado que solo el 20% de los abortos en España se hacen en la sanidad pública, y tampoco se garantiza el derecho de la misma manera en todo el territorio. Por ejemplo, ha dicho que más del 50% de los casos en Galicia, Cantabria y Cataluña se practican en la sanidad pública, pero tan solo el 1% de los casos de la Comunidad de Madrid y Andalucía son en este ámbito. Es decir, la mayor parte de los abortos se hacen por la sanidad privada, y esto es lo que quiere evitar el gobierno español.
"Es un debate importante y fundamental y daremos batalla: ahora mismo este derecho no está garantizado en la sanidad pública", ha dicho Redondo. Fuentes del gobierno español se reafirman: "El ejercicio de este derecho no puede depender de la comunidad autónoma de residencia ni dejarse en manos de la sanidad privada".
el registro de médicos objetores a practicar el aborto. "Vayan a abortar a otra parte", dijo El momento de la reforma
El gobierno español ha aprobado este proyecto de reforma después de varios choques con el PP de Madrid, y en particular con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien los tribunales le han ordenado que cumpla la ley y cree de una vez el registro de médicos objetores a practicar el aborto. "Vayan a abortar a otra parte", dijo recientemente en un debate, y aseguró que este registro comporta "señalar" a los profesionales. También hubo polémica en el Ayuntamiento de Madrid, ya que se aprobó una iniciativa de Vox para obligar a informar a las mujeres sobre un falso "trauma postaborto".
"Hay una ola ultraconservadora que ha puesto los derechos de las mujeres en la diana", ha dicho Redondo, y ha añadido que es el momento idóneo para impulsar el cambio constitucional. "En Francia hasta la extrema derecha de Marine Le Pen votó a favor de una reforma constitucional similar", ha dicho la ministra sobre el cambio legal que hubo en 2024, según informa la Moncloa.
La letra pequeña
El consejo de ministros aprobó un acuerdo el 14 de octubre para impulsar esta reforma constitucional y remitió el texto al Consejo de Estado, que ha emitido un dictamen en el que se ha perfeccionado la propuesta. En concreto, se plantea añadir un apartado al artículo 43 de la Constitución con el siguiente literal: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con las prestaciones y servicios que sean necesarios para este ejercicio".
Este artículo, según explica el gobierno español, se interpretaría en consonancia con la libertad de decisión de la mujer, que está protegida por el artículo 10.1 –que garantiza la dignidad de las personas– y por el artículo 15 de la Constitución sobre el derecho a la vida y la integridad física, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Ahora bien, hay debate jurídico sobre si con esta reforma realmente se blinda la Constitución. ¿Por qué motivo? Algunos juristas apuntan que ahora, con la interpretación del TC, se considera el aborto un derecho fundamental (que son del artículo 15 al 29), y que lo que hace el gobierno español es introducir el aborto en otro apartado con menos protección jurídica –introducirlo en el capítulo de los derechos fundamentales requeriría un procedimiento de reforma agravado de la Constitución con mayorías de dos tercios en ambas cámaras, disolución de las Cortes y referéndum–. Cuando le han preguntado por esta cuestión, la ministra Redondo ha asegurado que con el cambio que proponen el derecho al aborto queda más asegurado, ya que interpretan que se añade la protección desde el punto de vista prestacional a la actual interpretación que hace el TC.