Política 17/02/2021

Catalunya certificará este miércoles el mínimo histórico de participación en unas elecciones al Parlament (51,4%)

Sumados los votos del extranjero, la cifra cae 27,7 puntos respecto al 2017

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Un ciudadano votante en Lleida

BarcelonaEste miércoles se confirmará el peor dato de participación en unas elecciones al Parlament, que acabará superando por poco el 50% del censo. En total habrán votado el 51,4% de los catalanes que podían hacerlo, dos puntos por debajo del dato registrado el pasado domingo una vez finalizó la jornada electoral. El motivo del retraso es la incorporación del voto de los residentes en el extranjero, que se añade al recuento tres días después de las elecciones. Solo 15.852 catalanes de los 255.087 que tenían derecho a hacerlo han solicitado usar esta opción, es decir, el 6,2%. Representan la mitad de los que votaron desde el exterior en 2017 pero una cifra similar a la de las elecciones del 2015 y el 2012, las primeras catalanas en las que se siguió el sistema del voto rogado. De hecho, como no se ha hecho público todavía el total de electores que hicieron efectivo el voto, el porcentaje de participación podría variar alguna décima.

Así pues, las del 14-F pasarán oficialmente a ser las elecciones catalanas con menos participación de la historia y superarán los récords negativos del 1992 (54,87) y del 2006 (56,04). El enfriamiento de las tensiones entre unionistas e independentistas (por la ausencia de un verdadero pulso a corto plazo), la desafección ciudadana hacia la política y, evidentemente, los efectos de la pandemia (con dudas incluso sobre la fecha electoral) han jugado a favor de la abstención. La comparación con los comicios del 2017 apunta, sin embargo, a que no hay relación directa entre el descenso de la participación y las zonas más afectadas por la pandemia. Tampoco ña hay cuando se compara con los territorios con un porcentaje más elevado de gente mayor, el colectivo más golpeado por el covid-19.

Sin incidencia en los resultados

Este miércoles, pues, empieza el escrutinio oficial, que se puede alargar un máximo de tres días según la ley electoral. Más allá de empujar a la baja la cifra definitiva de participación, no se espera que haya efectos en los resultados. De las 15.852 personas que habían pedido poder votar desde el exterior, 11.682 corresponden a la demarcación de Barcelona. Suponiendo que la gran mayoría haya podido votar, solo podría aspirar a ganar un escaño el PP, pero se tendría que dar una circunstancia poco probable: conseguir más de la mitad de los votos y que ERC o los comunes no obtuvieran prácticamente ninguno. El PDECat también podría optar a lograr el 3% de los votos en una situación todavía más improbable: obtener todos los votos que se han emitido desde el extranjero.

La situación no varía en las otras demarcaciones. En Tarragona, donde el PP obtuvo ahora hace cuatro años un escaño gracias al voto exterior, la única modificación posible pasaría precisamente porque los populares le quitaran un escaño a Vox. Para lograr este hito tendrían que obtener todos los votos (1.372) que se incluirían en el recuento. En Girona pasaría lo mismo en caso de que los comunes lograran los 1.499 votos que se habían solicitado desde el extranjero, una hipótesis prácticamente imposible que dejaría a la CUP con un escaño menos. Y, por último, el PDECat tendría que conseguir nuevamente todos los votos de los leridanos en el extranjero para aspirar a quitarle un diputado al PSC.

Las dificultades del voto rogado

Para combatir las sospechas de fraude en el voto exterior, el Congreso de Diputados modificó la ley orgánica del régimen electoral general (Loreg) para introducir el voto rogado. Una modalidad pesada que obliga a los electores residentes en el extranjero (e inscritos en el censo) a hacer la solicitud de voto en caso de querer participar en las elecciones. Esta es la primera barrera, pero hay otras. El votante tiene que recibir por correo en su lugar de residencia los boletines y el certificado de votación que se envían desde España. Después puede optar por votar en un consulado o embajada (con el desplazamiento que esto conlleva en función de la ciudad donde viva) o por el voto por correo, que tiene que enviar al consulado más próximo.

La lentitud y la problemática del modelo hicieron que la Generalitat planteara en 2017 una reforma legal para permitir que los residentes en el extranjero pudieran votar de forma electrónica. La ley nunca ha llegado a aprobarse en el Parlament, a pesar de que necesitaría, además, una reforma de la legislación estatal. Hay 255.087 electores que viven fuera del Estado de forma permanente y un 6% habrá participado el 14-F. Antes de la aparición del voto rogado (todo el mundo recibía la documentación electoral sin tener que hacer ninguna solicitud) este porcentaje se elevaba de forma regular por encima del 20%.

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