Choque entre la Moncloa y el gobierno de Ayuso en el Supremo por la regularización de inmigrantes: "Será un colapso"

MadridDesde que el gobierno español anunció una regularización extraordinaria de migrantes, la derecha y el PP avisaron que plantarían batalla. Y el cara a cara –jurídico y con tintes políticos– se ha consumado en el Tribunal Supremo este viernes, con una vista antes de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo estudie la paralización temporal de la regularización. La han pedido, entre otros, el gobierno de Madrid, Vox y Hazte Oír. Durante una de las cinco vistas que se han celebrado, el abogado del Estado ha anunciado que hasta el 21 de mayo se han presentado 549.596 solicitudes y se han empezado a tramitar 91.905. Los que han superado el primer filtro han recibido una autorización provisional para poder trabajar. En muchos casos, era gente que tenía trabajo: estaba trabajando en negro y ahora lo hace de manera regular o ha encontrado trabajo en otro lugar. "No estamos hablando de entrada, sino de una cuestión radicalmente diferente. Estamos hablando de un conjunto de personas que estaban en España, que pueden acreditar cinco meses de haber vivido allí y que tenían déficit de acceso a los derechos", ha argumentado el abogado del Estado. También ha puesto de relieve que la regularización sirve para "dar respuesta a los retos del mercado laboral" y "evitar" que la gente trabaje en negro.

Lejos de estos argumentos, el abogado del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha exhortado al tribunal, presidido por Carlos Lesmes, a "empatizar" con los gestores públicos que tendrán que hacer frente a las consecuencias de la regularización y ha advertido de los que considera que son los peligros que comporta: "Son personas que serán demandantes de prestaciones, que se han de dimensionar de manera abrupta. De manera inmediata, se puede intuir y presumir el colapso que supondrá para los servicios sociales", ha verbalizado. Asimismo, ha reconocido que la población "ha de ser atendida" para evitar un "conflicto social".

Por su parte, Jorge Buxadé, abogado de Vox, ha presumido de que el partido de Santiago Abascal "ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal un elemento esencial" de su planteamiento político y ha asegurado que la regularización provocará un "incremento brutal del gasto social", afectará "la estructura electoral" y "modificará" el Congreso y el Senado. Ahora bien, el abogado del Estado –en nombre del gobierno español– ha desacreditado su argumento. "Por mucho que se quiera correr, en ningún caso estas personas podrán acceder a votar en las siguientes elecciones, tan sencillo como eso", ha justificado. La realidad es que el plazo para conseguir la nacionalidad española –que es la que permite votar en las elecciones españolas– es de entre cinco y diez años. Solo en casos excepcionales, como gente que se casa con españoles o personas que nacen en el Estado, el tiempo puede ser inferior, pero tampoco habrá tiempo de cara al 2027.

Patricia Fernández, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y de la Coordinadora de Barrios, ha defendido que suspender la regularización tendría un "impacto directo" en los 147.000 niños que se podrían beneficiar. Y Javier Moreno, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes, ha esgrimido que tendría un "perjuicio de gran importancia" para la economía española, especialmente en los sectores de la construcción, la agricultura y los cuidados, donde se destina buena parte de esta mano de obra. Por su parte, Javier María Pérez-Roldán, abogado de Hazte Oír, ha reclamado que se frene la regularización para evitar que se produzcan "derechos consolidados" que sean irreversibles. Y ha puesto el ejemplo de los expedientes de retorno o expulsión: "El archivo o revocación serán definitivos porque no se podrán volver a abrir", ha argumentado.

Los antecedentes de delitos

La Abogacía del Estado también ha tenido que salir al paso de afirmaciones relativas a los antecedentes de delitos penales. "Hablar de la posibilidad de la regularización con carencia de antecedentes penales es simplemente no leerse lo que finalmente ha sido el decreto", ha manifestado. En el primer borrador, en ausencia de un documento oficial que acreditara que no se tienen antecedentes penales, sí que se permitía presentar una declaración responsable. De hecho, Junts y el PP querían aliarse en el Congreso para revertirlo, pero la Mesa del Congreso lo impidió. Finalmente, después del dictamen del Consejo de Estado, el gobierno español lo matizó para hacerlo obligatorio. "Miles de personas están haciendo un esfuerzo extraordinario solicitando los antecedentes penales en sus países de origen. Esto, sin duda, demuestra el estricto filtro que hay", ha subrayado Javier Moreno.