El Gobierno se abre a hacer cambios en la ley contra la compra especulativa para disipar los riesgos que ve el Consejo de Garantías

BarcelonaEl Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminado este martes, por unanimidad, que la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda, presentada por Comuns, vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa. Además, el órgano consultivo –cuyas resoluciones no son vinculantes– concluye que tramitarla por lectura única contraviene el artículo 138 del Reglamento del Parlament, que regula este procedimiento exprés, y el artículo 23.2 de la Constitución, que se refiere al derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. El dictamen también añade una tercera pata de inconstitucionalidad: considera que el artículo clave de la propuesta invade la competencia exclusiva del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales. Ante este escenario, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern buscará "todas las medidas legales [...] para proteger el derecho a la vivienda en Catalunya" de acuerdo con el Estatut.

Paneque ha advertido que la mercantilización de la vivienda "es un peligro cuando tener un hogar se convierte en un problema" y se ha comprometido a "encontrar las vías" que aporten soluciones a este "tema estructural", en una apertura implícita a introducir cambios en el texto para adaptarlo a las objeciones planteadas por el CGE. “Hay que continuar una etapa donde se debe encontrar el camino, porque la principal función de un hogar en nuestro país sea la de tener un techo para una persona o una familia”, ha añadido.

La ley se había empezado a poner en marcha en el Parlament en julio, cuando el pleno de la cámara aprobó tramitarla por lectura única con los votos favorables del PSC, ERC, Comuns y la CUP. La norma, sin embargo, nació con críticas de la bancada de la derecha: Junts y el PP llevaron el texto al CGE a mediados de julio, considerando que vulneraba el derecho a la propiedad –un argumento que ha confirmado el dictamen–, lo que frenó su tramitación en el Parlament. Los comuns acusaron entonces al grupo juntaire de actuar para "proteger a los grandes tenedores" y de ejecutar las órdenes de "la patronal inmobiliaria". La formación defendía que su propuesta no ataca la propiedad, sino la acumulación de vivienda –permite comprar hasta cuatro viviendas, incluidas las destinadas a hijos o familiares– y esperaba tener aprobada la ley a finales de julio.

Los argumentos del CGE

El precepto central de la iniciativa es el artículo 1, que permite que en las zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT) el planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales obliguen a que los inmuebles objeto de determinados actos y negocios jurídicos se destinen a vivienda habitual del comprador o a alquiler habitual. El CGE considera que esta previsión no es, en realidad, una regulación urbanística, sino una norma que incide en el derecho civil, lo que invade competencias estatales y hace inadecuada la vía de lectura única por la extensión y complejidad del texto y de las 49 enmiendas presentadas.

Sobre el fondo, el órgano aplica el test de proporcionalidad y concluye que la propuesta "no supera el test de razonabilidad": no hay un equilibrio justo entre las restricciones impuestas a los propietarios y el objetivo de frenar la especulación, asegura, de manera que la carga que soportan los afectados resulta "excesiva o desproporcionada". Además, considera que los casos que no se destinen a residencia propia y habitual no son "especulativos": "Sea cual sea el concepto de especulación que se utilice".

En cuanto a la libertad de empresa, el CGE llega a una conclusión similar tanto para personas físicas como jurídicas, a pesar de aplicarles cánones diferentes. Para las primeras, entiende que la norma no es necesaria –hay medidas menos restrictivas para alcanzar el mismo fin– y supone "un sacrificio absoluto" de su derecho a operar en el sector. Para las segundas, a pesar de que la ley no les prohíbe la actividad sino que la limita, considera que la restricción a comprar solo edificios enteros y destinarlos a alquiler habitual genera "un desequilibrio grave" entre los beneficios esperados y el sacrificio impuesto.

El dictamen también añade una crítica a la técnica legislativa empleada, por falta de certeza y previsibilidad, y lamenta que no se haya escuchado al Consejo de Gobiernos Locales, tal como exige el Estatuto, apunta. Con todo, el Consejo hace constar que el Tribunal Constitucional tiene "un criterio muy abierto" sobre la admisibilidad de la lectura única, de manera que esta vía, por sí sola, no vulneraría necesariamente la Constitución si el texto fuera más simple. El dictamen no es vinculante, pero su publicación obliga al Parlament a esperarlo antes de continuar la tramitación.

Junts y PP celebran la resolución

El dictamen ha generado reacciones contrapuestas. Junts y el PP, que llevaron la iniciativa al CGE, lo han recibido con satisfacción: la diputada juntaire Judith Toronjo considera que demuestra que la ley se ha hecho "deprisa, mal y por la puerta de atrás", mientras que la portavoz del PP, Lorena Roldán, ha celebrado que "desmonta de arriba abajo esta ley comunista" y ha avisado que su partido la llevará al Tribunal Constitucional si se acaba aprobando en el Parlament. Comunes, en cambio, han rechazado el análisis del órgano: la presidenta del grupo, Jéssica Albiach, ha defendido que "no se ha entendido" que la propuesta no limita la adquisición sino el destino de la vivienda, y ha apostado por seguir explorando "los márgenes legales". La CUP, por su parte, ha recordado que el dictamen "no es vinculante" y ha reclamado dejar de "seguir arrodillados" ante el Estado para continuar "empujando" la limitación de la compra especulativa. Finalmente, ERC ha apostado por “replantear” la norma –aunque el grupo votó a favor—.