El Consejo de Garantías Estatutarias avisa que la limitación de la compra especulativa vulnera el derecho a la propiedad
El órgano también apunta a una vulneración de la libertad de empresa y tumba que se tramitase por lectura única
BarcelonaEl Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha dictaminado este martes, por unanimidad, que la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda, presentada por Comuns, vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa. Además, el órgano consultivo –las resoluciones que emite no son vinculantes– concluye que tramitarla por lectura única contraviene el artículo 138 del Reglamento del Parlament, que regula este procedimiento expreso, y el artículo 23.2 de la Constitución, que se refiere al derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. El dictamen también añade una tercera pata de inconstitucionalidad: considera que el artículo clave de la propuesta invade la competencia exclusiva del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales.
La ley había empezado a andar en el Parlament en julio, cuando el pleno de la cámara aprobó tramitarla por lectura única –es decir, acortando los trámites– con los votos favorables del PSC, ERC, Comuns y la CUP. La norma, sin embargo, nació con críticas de la bancada de la derecha: Junts y el PP anunciaron entonces que llevarían el texto al CGE considerando que vulneraba el derecho a la propiedad, un argumento que ha confirmado el dictamen. "Las recetas de Comuns nos llevan a un fracaso más absoluto", dijo en aquel momento la diputada de Junts Judith Toronjo. A pesar de votar a favor de la tramitación, también los republicanos expresaron reservas: la diputada Mar Besses advirtió de "dudas" sobre la solidez jurídica de la norma –"No son sobre si hay que actuar, sino sobre si la ley de urbanismo es la mejor herramienta", matizó– y propuso como alternativa modificar el derecho civil, la legislación de vivienda o la fiscalidad.
Tanto Junts como el PP llevaron la iniciativa al CGE a mediados de julio, lo que frenó su tramitación en el Parlament. El movimiento levantó entonces críticas de los comunes, que acusaron al grupo juntaire de actuar para "proteger a los grandes tenedores" y aseguraron que "la patronal inmobiliaria manda y Junts ejecuta". Comuns defendía, antes de la resolución del CGE, que su propuesta no ataca la propiedad sino la acumulación de vivienda –permite comprar hasta cuatro viviendas, incluidas las destinadas a hijos o familiares– y esperaba tener la ley aprobada antes de que acabara el mes de julio.
Los argumentos del CGE
El precepto central de la iniciativa es el artículo 1, que permite que en las zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT) el planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales obliguen a que los inmuebles objeto de determinados actos y negocios jurídicos se destinen a vivienda habitual del comprador o a alquiler habitual. El CGE considera que esta previsión no es, en realidad, una regulación urbanística sino una norma que incide en el derecho civil, lo que invade competencias estatales y hace inadecuada la vía de lectura única por la extensión y complejidad del texto y de las 49 enmiendas presentadas.
Sobre el fondo, el órgano aplica el test de proporcionalidad y concluye que la propuesta "no supera el test de razonabilidad": no hay un equilibrio justo entre las restricciones impuestas a los propietarios y el objetivo de frenar la especulación, asegura, de manera que la carga que soportan los afectados resulta "excesiva o desproporcionada". Además, considera que los casos que no se destinen a residencia propia y habitual no son "especulativos": "Sea cual sea el concepto de especulación que se utilice".
En cuanto a la libertad de empresa, el CGE llega a una conclusión similar tanto para personas físicas como jurídicas, a pesar de aplicarles cánones diferentes. Para las primeras, entiende que la norma no es necesaria (hay medidas menos restrictivas para alcanzar el mismo fin) y supone "un sacrificio absoluto" de su derecho a operar en el sector. Para las segundas, aunque la ley no les prohíbe la actividad sino que la limita, considera que la restricción a comprar solo edificios enteros y destinarlos a alquiler habitual genera "un desequilibrio grave" entre los beneficios esperados y el sacrificio impuesto.
El dictamen también añade una crítica a la técnica legislativa empleada, por falta de certeza y previsibilidad, y lamenta que no se haya escuchado al Consejo de Gobiernos Locales, tal como exige el Estatuto, apunta. Con todo, el Consejo hace constar que el Tribunal Constitucional tiene "un criterio muy abierto" sobre la admisibilidad de la lectura única, de manera que esta vía, por sí sola, no vulneraría necesariamente la Constitución si el texto fuera más simple. El dictamen no es vinculante, pero su publicación obliga al Parlament a esperarlo antes de continuar la tramitación.