El Consejo de la República denuncia "presiones" de Toni Comín al auditor y confirma los gastos "injustificados"
Un comunicado de la junta gestora desautoriza al exvicepresidente de la entidad y rechaza que el auditor rectificara, tal y como asegura el eurodiputado electo

Barcelona / BruselasEl serial del Consejo de la República continúa. Un contundente comunicado de la junta gestora de la entidad desautoriza al hasta ahora vicepresidente de la organización, Toni Comín, y denuncia "presiones" del exconseller para que se subsanara el documento que le acusaba de haberse beneficiado de gastos no justificados. "La junta considera que tiene la obligación de comunicar, por un lado, que ha tenido conocimiento de las presiones y requerimientos verbales y escritos a los que ha sido sometido el auditor, Sr. Miquel Verdaguer, con el objetivo de que modificara, a demanda, el contenido relativo a los gastos del ex vicepresidente", remarca el comunicado. Además, la junta gestora asegura que el auditor se afianza en las conclusiones iniciales y rechaza que haya rectificado, tal como este jueves Comín aseguraba en declaraciones a los medios desde el Parlamento Europeo.
Cabe recordar que la auditoría concluyó que Comín había gastado más de 15.000 euros del Consell sin justificarlos pertinentemente, correspondientes a una multa de tráfico de 363 euros; el alquiler de un vehículo durante quince días por valor de 1.997 euros; un apartamento de alquiler durante quince días de 2.562 euros; el pago de un impuesto relacionado con un apartamento en Lovaina de 4.608 euros, y retiradas en efectivo por valor de 6.000 euros.
Con estas cifras en mano, la junta gestora defiende el "rigor" del trabajo del auditor y celebra que "no cediera en ningún momento a las presiones recibidas" ni modificara "las conclusiones ni las recomendaciones". En este sentido, el comunicado destaca que la aclaración del auditor mantiene el punto más importante: "A priori, estos gastos no parecen estar justificados dentro del marco de la defensa del exilio, dado que están destinados a un cargo que ya dispone de ingresos propios".
Por tanto, más allá de que Comín pudiera disponer del dinero aportado por el Consell, la auditoría insiste en que los gastos no están "justificados" y la junta gestora defiende la conclusión de un auditor al que apoya. Cuando se presentaron las conclusiones de la auditoría del Consell, el gobierno cesado por la convocatoria de elecciones internas ya emitió un comunicado en el que exponía por unanimidad que hacía suyas "todas las conclusiones de la citada auditoría", también la más polémica y la que señalaba directamente a Comín.
Así pues, la junta gestora considera que se ve en "la obligación" de aclarar "las divergencias existentes entre el contenido literal de la aclaración de la auditoría y la interpretación comunicada a la prensa por el exvicepresidente" . "La citada aclaración hace referencia, única y exclusivamente, a una enmienda técnica", añade el escrito. Concretamente, Comín alega que el auditor no había tenido en cuenta el apartado 6 del acuerdo entre CatGlobal y Catcip, que dan amparo legal y jurídico al Consejo de la República ya la Casa de la República, respectivamente.
En este punto del pacto se prevé que un tercio de las donaciones en el Consejo de la República vayan destinadas al sostenimiento del exilio y que se repartan a partes iguales para el expresidente Carles Puigdemont, el exconseller Lluís Puig i Comín. Y, por eso, el exvicepresidente del Consejo de la República asegura que, si hubiera querido, todavía podría haberse beneficiado de una mayor cantidad de dinero, hasta unos 24.000 euros, y sin dar ningún tipo de explicación. Sin embargo, fuentes del Consejo de la República aseguran que este apartado se incluyó en el acuerdo por si alguno de los exiliados sufría necesidades económicas provocadas por la represión y el exilio, algo que no ocurrió.
Hay que recordar que cuando Comín se benefició de estos 15.000 euros todavía cobraba como eurodiputado, con un sueldo de unos 10.000 euros brutos mensuales, aparte de otros complementos. Sin embargo, fue el único de estos tres exiliados que aprovechó el apartado 6 del acuerdo, ya que Puigdemont y Puig –que actualmente son diputados en el Parlament– han descartado en todo momento recibir dinero de las donaciones del Consejo de la República.