Los contratos durante la covid: una puerta abierta a las irregularidades
En los últimos años han aflorado casos con indicios corruptos y otros con prácticas fraudulentas
BarcelonaCuando en marzo del 2020 estalló la pandemia de la cóvid-19, el gobierno español decretó el estado de alarma y, con él, el aval para acelerar cualquier contratación pública para comprar material sanitario o lo necesario para hacer frente a la crisis. El procedimiento de emergencia, hasta ese momento utilizado de forma anecdótica y reservado para casos "de eventos catastróficos", pasó a utilizarse en prácticamente todas las adjudicaciones de las administraciones. Significaba dar vía libre a las contrataciones a dedo y rápidamente les organismos supervisores independientes empezaron a alertar de la falta de controles de este tipo de contratos, ya fuera por la inmediatez con la que debían tomarse las decisiones o por el abuso que se hizo.
Como advirtieron, con el paso de los años han ido aflorando indicios de prácticas fraudulentas en algunos contratos, como el conocido los últimos días que salpica al exministro de Transportes José Luis Ábalos por los sobornos que habría cobrado su mano derecha por la compra de mascarillas. Ahora bien, no es el único caso en el que se han detectado indicios corruptos. Hace dos años, todas las miradas se pusieron en la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en concreto, en las comisiones que se habría llevado a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, también por la compra de mascarillas durante los peores meses de la pandemia. El caso quedó archivado por la justicia española y europea. Poco después también afloró la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de las comisiones que se habrían llevado a dos empresarios para comprar material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid.
En estos casos sobrevuelan o han sobrevolado indicios de corrupción, pero ha habido otros en los que las irregularidades administrativas no han ido tan allá. Fue el caso del contrato en Ferroser –la filial de Ferrovial– que la Generalitat cerró, en medio de un alud de críticas, siete meses después de adjudicar sin concurso por 17,7 millones de euros el rastreo de los contagios. Antifrau también detectó "irregularidades" en los primeros contratos de emergencia que hizo la Generalitat a la hora de comprar mascarillas, respiradores y equipos de protección individual, como el de Basic Devices, por un importe de 60,5 millones de euros euros. Precisamente, ya en abril de 2020 Antifrau hizo un informe reclamando más transparencia y controles a las administraciones y aprovechó para proponer un mecanismo de control a tres bandas entre la Intervención General de la Generalidad, la Sindicatura de Cuentas o la Autoridad Catalana de la Competencia. El Gobierno lo rehusó.
Los toques de alerta de los organismos supervisores
En paralelo, en España organismos como la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que depende del ministerio de Hacienda, también han hecho varios informes lamentando que los contratos de emergencia no estaban suficientemente justificados o que se abusó de este mecanismo una vez superada la peor parte de la crisis sanitaria.
Por ejemplo, en el informe de marzo de 2021, en el que se analiza la contratación especial durante 2018 y 2019, y la de 2020 –de 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, hasta el 31 de diciembre–. En total, se publicaron 22.379 contratos por valor de más de 7.000 millones de euros en todo el Estado. Una de las conclusiones es que en muchos de los contratos no pudo comprobarse la "idoneidad de la justificación". "Tal supervisión (y control por parte de los órganos competentes) se hace imprescindible para evitar los posibles abusos que puedan estar cometiendo al acudir a esa tramitación", avisa el organismo. Aquellos en los que sí estaba justificado adecuadamente, los contratos de "suministros", entre ellos las mascarillas, son los que predominaban, con un 70,3% del total.
Urgencia o emergencia
Durante el 2021, el OIReScon detectó que el volumen de contratos de emergencia "seguía siendo elevado con relación a otros ejercicios anteriores a la pandemia" y consideraba que no es "conciliable" con el uso a hacer de este mecanismo. La pandemia abrió su veda y las facilidades para contratar a dedo hicieron que muchas administraciones mantuvieran la puerta abierta mucho más tiempo de lo que los organismos reguladores consideraban necesario.
Las administraciones tienen la vía de la tramitación de urgencia, que es la que los organismos reguladores consideran que debería haber sido la adecuada en muchos de los casos. Esta vía reduce los plazos, pero mantiene controles previos a la hora de realizar las adjudicaciones. En el caso de la emergencia, no hay vuelta atrás a la hora de revocar un contrato de este tipo, porque ya se ha adjudicado y muchas veces ejecutado. Sin embargo, sí se podría recurrir a la justicia.