¿Qué decían en 2017 y qué dicen ahora los partidos independentistas sobre el 1-O?

BarcelonaEl 1 de octubre del 2017 los catalanes se ganaron "el derecho a tener un estado independiente que se constituya en forma de República". El entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no dudó en validar los resultados del referéndum a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, las intervenciones y agresiones policiales, la ausencia de sindicatura electoral (amenazada por los tribunales españoles) y la participación del 43% del censo. Todas las fuerzas independentistas coincidieron: el 1-O era un referéndum válido y, en palabras de Puigdemont, las instituciones pasaban a tener el "deber" de implementarlo.

Cuatro años después sabemos que las cosas no fueron como se apuntaba aquel día. Presos, exiliados, intervención de la Generalitat y centenares de personas encausadas es la receta que ha aplicado el Estado durante este tiempo, y apenas ahora se inicia una nueva etapa de diálogo que no se sabe muy bien en qué se concretará. Todavía hay quien proclama la vigencia del 1-O, pero ninguno de los actores principales plantea implementarlo con la fuerza actual del independentismo. Y esto que, por primera vez, este 2021 ha superado el 50% en unos comicios. La ANC es la que más firmemente se continúa posicionando a favor de la unilateralidad: "el referéndum ya se ha hecho".

El cambio de estrategia

Es ERC quien ha abanderado de manera más clara la estrategia del diálogo con el Estado. También fueron los republicanos los que presionaron más intensamente para aprobar la ley de transitoriedad y para que se concretara la declaración de independencia después del 1 de Octubre. El cambio de estrategia se ha ido produciendo por fases: en el programa electoral del 21-D todavía se comprometían a "trabajar para hacer efectivo el reconocimiento del derecho a la autodeterminación ejercido por el pueblo de Catalunya en el referéndum del 1 de octubre".

En la conferencia nacional del verano del 2018 ya abrieron la puerta al referéndum pactado "sin olvidar el 1-O", y en el congreso del 2019 dejaron de hacer referencia explícita a una eventual declaración unilateral de independencia. Aquel mismo año recuperaban la propuesta de referéndum en el programa electoral de las elecciones generales, cinco años después de hacerlo por última vez. Entre sus líderes, Marta Rovira reconoció que al 1-O le faltó "legitimidad interna", y recientemente Oriol Junqueras defendió "la vía del referéndum acordado" porque otras opciones "no son viables ni deseables en la medida en que nos alejan del objetivo".

La vigencia del mandato del 1-O es tan poco concreta que, pese a la nueva estrategia republicana, este jueves han votado junto a JxCat para mantenerlo vivo si no se acaba concretando el deseado referéndum pactado. Una declaración de intenciones sin consecuencias efectivas –al menos a corto plazo– que también ejemplifica la evolución que ha hecho JxCat en estos últimos años.

Unilateralidad sin concreción

Puigdemont validó el resultado del referéndum, pero unas semanas después pretendía convocar elecciones autonómicas ante la imposibilidad de aplicar los compromisos adquiridos con la ciudadanía. La situación giró 180 grados rápidamente: desde el exilio, él mismo encabezó una candidatura que presentaba el 21-D como "la oportunidad para reafirmar y reforzar el resultado del 1 de Octubre". El sucesor de Puigdemont, Quim Torra, era investido, de hecho, para "culminar" la independencia. Esto no impidió que, en su primera reunión con el presidente español, Pedro Sánchez, le reclamara el referéndum pactado y planteara uno unilateral para responder a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del Procés. JxCat defiende hoy el 1-O como un momento fundacional –el Consell per la República su pata institucional– y, a la vez, acepta –sin fe– dar margen al diálogo con el Estado. A falta de concreciones, "la desobediencia civil y la confrontación inteligente" son las apuestas del partido.

¿Y la CUP? Los anticapitalistas incluso flirtearon con la idea de no presentarse a las elecciones del 2017, impuestas por el gobierno español en aplicación del artículo 155. Se presentaron para exigir la "materialización de la República" y el despliegue, entre otras, de la ley de transitoriedad, un documento que cuatro años después solo algunos nostálgicos reivindican. Con el tiempo también empezaron a matizar su posicionamiento hacia el 1 de Octubre, que dejaron de considerar vinculante cuando empezaron a reclamar otro. Esta semana esta ha sido la propuesta estrella de los cupaires en el Parlament, pero ni Junts –no hace falta otro referéndum– ni ERC –solo tendrá validez un referéndum pactado– la han secundado.

Los únicos que no se han movido ni un milímetro respecto a su opinión hacia el 1-O son los partidos que han sido más beligerantes: Cs, el PP y Vox continúan hablando de "golpe de estado" o de "golpe a la democracia". El PSC (y el PSOE) niega su validez y solo habla de "referéndum" porque se hizo durante el gobierno de Mariano Rajoy, y los comuns lo definen como una "movilización pacífica".