El Defensor del Pueblo liquida la investigación sobre el Catalangate cerrando filas con el CNI
Gabilondo certifica que se espió con aval judicial y rechaza entrar en un "análisis crítico" sobre los argumentos
MadridFue una de las grandes promesas que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hizo a su homóloga en la Generalitat, Laura Vilagrà, en aquella reunión el 24 de abril en el Palau para intentar reconducir la crisis del espionaje, pero la investigación de oficio del Defensor del Pueblo del Catalangate se ha cerrado este miércoles limitándose a ratificar aquello que ya expuso la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia Paz Esteban en el Congreso: que se utilizó Pegasus contra 18 personas vinculadas al independentismo y que había autorización judicial para hacerlo. En su informe, de solo ocho páginas, Ángel Gabilondo ni siquiera menciona a las personas espiadas, no entra a valorar los motivos que llevaron al CNI a seleccionar sus objetivos y tampoco se pregunta qué pasa con la cuarentena de personas que según CitizenLab también fueron víctimas de Pegasus y de las cuales no consta autorización judicial.
El documento no aporta más información de la que ha aparecido en los medios a raíz de la comparecencia de la exdirectora del CNI Paz Esteban en el Congreso. De hecho, no cita ningún nombre de las 18 personas espiadas, pero sí que destaca que el juez que autorizó las escuchas tenía muchos argumentos para motivar la decisión. "Ha constatado que contaba con un alto grado de detalle en la información", dice el informe. También que las interlocutorias judiciales eran extensas y "esencialmente fundamentadas en hechos concretos".
¿Gabilondo avala, pues, que el CNI considerara un peligro al entonces vicepresident del Govern, Pere Aragonès, con quien el PSOE negociaba la investidura de Pedro Sánchez? Gabilondo deja claro que no puede entrar a hacer un "análisis crítico de los razonamientos ni puede cuestionar las decisiones judiciales adoptadas", pero en el apartado de consideraciones el Defensor del Pueblo subraya que el CNI tiene como "principal misión" proporcionar al gobierno español la "información e inteligencia necesarias para prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del estado de derecho y sus instituciones".
El Defensor del Pueblo anota que España no es una "democracia militante" –es decir, que la Constitución permite discrepar, siempre que no se utilicen "actos de fuerza"– y subraya que el CNI no puede interceptar comunicaciones de personas por razones ideológicas. "No es lo que se piense, sino lo que se haga de manera no democrática, con violencia y/o en contra de los derechos de muchos ciudadanos, y del mismo Estado".
Repensar el uso de Pegasus
Como no entra en el fondo, Gabilondo se ciñe a analizar si el control sobre el CNI es suficiente. Sobre la comisión de secretos del Congreso , califica "de anomalía" que no estuviera constituida. "Las discrepancias políticas o la composición de la cámara no pueden ser obstáculos para garantizar el funcionamiento regular de las instituciones", anota. En relación con el control judicial, Gabilondo propone abrir una "reflexión" sobre el tema, dado que la "intercepción de las comunicaciones no significa lo mismo el 2022 que el 2002, ni significará lo mismo de aquí unos años". En otras palabras, sugiere que la intervención de redes como WhatsApp o la posibilidad de activar el micrófono y la cámara del terminal infectado es más invasivo que pinchar una llamada, que era todo lo que se podía hacer anteriormente.
En esta línea, Gabilondo apuesta para tener en cuenta las "preocupaciones de algunos ciudadanos y organizaciones, así como las consideraciones que pueda formular el Parlamento Europeo sobre el programa Pegasus" en el marco de la comisión que ha abierto en Bruselas. En el Congreso , el PNB ha registrado una proposición de ley en que propone que sean tres magistrados los competentes para avalar las escuchas y que el CNI informe de los medios que usa para espiar para que así los jueces puedan evaluar la proporcionalidad. De esto se puede deducir que el magistrado del CNI Pablo Lucas no conocía que los servicios secretos utilizarían Pegasus contra el independentismo.
En el informe, el Defensor del Pueblo también destaca el ejercicio de "transparencia" que han hecho los servicios secretos en este caso específico. Para elaborarlo, Gabilondo hizo visitas presenciales a las instalaciones del CNI los días 26 y 29 de abril y los días 3, 5 y 6 de mayo, en las cuales pudo consultar documentación clasificada, recibir información verbal y hacer preguntas a los funcionarios. El 10 de mayo, además, recibió una respuesta por escrito de la exdirectora del centro Paz Esteban, el mismo día que el consejo de ministros acordó su destitución .