El 'president' Aragonès fue espiado por el CNI con autorización judicial

MadridEl actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, fue espiado con autorización judicial por el CNI, según han explicado fuentes conocedoras de la comisión de secretos oficiales a la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Aragonès forma parte de un grupo de 18 independentistas catalanes, entre los cuales también hay personas del entorno del expresident Carles Puigdemont, a los cuales se interceptaron las comunicaciones telefónicas con el aval del juez del Tribunal Supremo adscrito al CNI, Pablo Lucas. De hecho, después de la comisión, los partidos independentistas y también Unidas Podemos han pedido que se desclasifique y se haga pública toda esta información y han insistido en que alguien, apuntando a la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene que asumir responsabilidades políticas por este escándalo.

La directora del organismo, Paz Esteban, se ha negado a hablar de Pegasus y no ha ofrecido ninguna explicación sobre los más de 60 independentistas catalanes espiados con este software israelí según CitizenLab. Las formaciones soberanistas y Unidas Podemos han coincidido en que a raíz de la sesión se hace necesaria una comisión de investigación. "Exigimos la desclasificación de los documentos que nos han enseñado a diez diputados", ha subrayado la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. La formación lila así lo ha trasladado formalmente al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Después de la reunión, tanto Unidas Podemos como ERC y la CUP se han reafirmado en pedir dimisiones. "Es insostenible la situación de la ministra Robles, y apuntaría incluso a Interior", ha afirmado el portavoz republicano, Gabriel Rufián.

Después de más de tres horas de comisión, las explicaciones de Esteban no han convencido a los grupos que reclaman una comisión de investigación. Rufián ha insistido que sus reclamaciones continúan siendo las mismas que antes de escuchar a la directora del CNI y ha señalado que solo se ha confirmado lo que ya se había filtrado: el CNI reconoce el espionaje —con autorización judicial— a una lista de personas que los miembros de la comisión no han querido detallar. Sobre el resto, tanto sobre los independentistas como sobre los miembros del gobierno español espiados, el portavoz republicano ha explicado que Esteban ha dado dos hipótesis: o bien proviene de un país extranjero o bien de un organismo estatal fuera de control. "En los dos casos sería terrible", ha concluido.

El diputado de la CUP en el Congreso, Albert Botran, ha denunciado que el CNI pueda espiar al independentismo "de forma ilimitada y sin garantías" y que él mismo como afectado no tiene ningún organismo estatal al cual dirigirse. Botran ha acusado al PSOE de ser "cómplices" por encubrir el espionaje.

El PSOE y el PP cierran filas

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha limitado a decir que "queda mucha tela aún por cortar", pero ha rehusado dar más detalles. En cambio, el PSOE cierra filas con el CNI y la ministra de Defensa. "Se ha actuado dentro del marco de la legalidad", ha asegurado su portavoz, Héctor Gómez, que ha hecho una valoración "muy positiva" de la comparecencia de la directora de los servicios secretos y ha concluido que ha servido para "esclarecer la desinformación" que, desde su punto de vista, se había creado en relación al Catalangate. En la misma línea, el PP ha quedado satisfecho de las explicaciones porque las escuchas a independentistas cuya autoría el CNI reconoce, se han producido bajo amparo judicial. Además, la portavoz conservadora, Cuca Gamarra, ha asegurado que las directivas de inteligencia que elabora el gobierno español también daban cobertura a investigar personas vinculadas al independentismo.

La segunda pata del espionaje es la que afecta a miembros del gobierno español, de los cuales están confirmados los móviles del presidente, Pedro Sánchez, y la ministra Robles. Sobre esta cuestión, la directora del CNI no ha dado información, y es por eso que Gamarra ha reclamado al ejecutivo que explique qué sabe. Este jueves ha trascendido a algunos medios que el móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también habría sido víctima de Pegasus, pero fuentes de su entorno lo desmienten.

La brecha de seguridad que ha quedado al descubierto ha abierto una crisis en el ejecutivo sobre quién es responsable y Bolaños ha querido reconducirla este jueves trasladando su "afecto, solidaridad y apoyo" a Robles. En las últimas horas ha habido reproches cruzados a través de los medios sobre si era él como secretario general de la Presidencia durante el 2021 o bien el CNI —que depende jerárquicamente de Defensa— el último responsable de mantener la seguridad de las comunicaciones del presidente del gobierno del Estado. "La responsabilidad es del gobierno en su conjunto", ha asegurado el ministro de la Presidencia. En el aire queda la situación de Esteban, si bien el PSOE ha cerrado filas con ella después de su comparecencia. En la derecha, el PP, Vox y Cs han enaltecido su figura y han deseado que se mantenga en el cargo. "Bolaños tendría que pedir perdón al CNI", ha aseverado el portavoz naranja, Edmundo Bal.

El juez ofrece a Sánchez y Robles personarse

En paralelo, el escándalo tiene una derivada a los juzgados. La Audiencia Nacional investiga, a instancia de la Abogacía del Estado , el espionaje a miembros del consejo de ministros. Este jueves el magistrado instructor, José Luis Calama, ha ofrecido a Sánchez y Robles personarse como perjudicados en la causa, el día siguiente que decretara el secreto de las actuaciones, a petición de la Fiscalía . El objetivo es "prevenir una situación que pueda comprometer de manera grave el resultado de la investigación", argumenta el juez en su auto.