Política 12/09/2021

Estado de desecho constitucional

Se filtra la ponencia sobre la prórroga del estado de alarma para desestabilizar al TC

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La sede del Tribunal Constitucional.

MadridLos sectores más recalcitrantes de la derecha en el Tribunal Constitucional rechazan cualquier distensión tras el enfrentamiento de la sentencia que declaró en julio pasado, a petición de un recurso de Vox, la inconstitucionalidad del confinamiento del primer estado de alarma. Un pleno, el que comienza el próximo martes, que en principio abordaba asuntos pendientes sin grandes enfrentamientos, ha sido torpedeado con la filtración de un proyecto de sentencia que declara también inconstitucional, como solicita Vox, la prórroga del estado de alarma durante seis meses votada en el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 2020.  

Estamos a finales de agosto de 2021. El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, uno de los cinco magistrados que defendió la constitucionalidad en el pleno de julio y presentó un voto particular, prepara el orden del día del pleno del nuevo curso que empieza el 14 de septiembre. Recopila los casi treinta asuntos pendientes del Pleno abortado a raíz del boicot declarado el 22 y 23 de julio por los seis magistrados conservadores partidarios del estado de excepción que tumbaron el confinamiento del primer estado de alarma en protesta por el contenido de los votos particulares de sus colegas, en particular el del magistrado Cándido Conde-Pumpido. 

El ponente del recurso de inconstitucionalidad de Vox contra la prórroga de seis meses resuelta por la mayoría del Congreso de los Diputados, el magistrado Antonio Narváez, está elaborando la ponencia, pero todavía necesita tiempo. El presidente del TC, pues, no la incluye en el orden del día en preparación. A primeros de septiembre, González Rivas actualiza la agenda y recibe dos ponencias para añadir. Una de ellas es del magistrado Ricardo Enríquez sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Generalitat de Catalunya contra el Ingreso Mínimo Vital y otra de la magistrada María Luisa Balaguer. Pero la ponencia de Narváez sobre la prórroga del estado de alarma sigue sin estar lista. No se distribuye entre los magistrados. Por tanto, no se incluye en el orden del día. 

Entre los asuntos pendientes del pleno frustrado del 22 y 23 de julio está otro recurso de amparo de Vox relativo a lo que llama el parón del Congreso de los Diputados por el covid-19, provocado, presuntamente, por la presidenta Meritxell Batet. La congelación de los plazos reglamentarios de las iniciativas que hubiesen iniciado su tramitación fue acordada a propuesta de Batet, con el rechazo del PP y Vox, y estuvo vigente hasta el 13 de abril de 2020. Ocho días antes de adoptar dicho acuerdo, la Junta de Portavoces acordó suspender la actividad parlamentaria durante quince días. El acuerdo, equivalente al que adoptó la Mesa del Senado, suponía que todas las proposiciones de ley registradas y calificadas por la Mesa del Congreso, así como las proposiciones no de ley o las mociones, no siguiesen ningún plazo de tramitación parlamentaria. Ocurrió lo mismo con las proposiciones ya admitidas a trámite. La ponencia, también de Narváez, estaba por deliberar los pasados 22 y 23 de julio, pero quedó en el aire. Según fuentes jurídicas, el ponente describe rasgos de inconstitucionalidad en el acuerdo, pero no llega a proponer su declaración como tal. Otra cosa es lo que ocurra en el debate donde algunos magistrados pueden proponer llevar los argumentos del ponente hasta el extremo. 

El recurso de Bassa

Entre las ponencias que irán el próximo martes 14 y días siguientes está también la de la dirigente independentista Dolors Bassa. Y para estudiar su admisión a trámite está la de Vox contra ley de eutanasia y otra contra el decreto exprés de marzo pasado por el cual el gobierno español, y más tarde el Congreso, impiden que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siga adelante con su política de nombramientos, habida cuenta de que los mandatos de los vocales y de su presidente están caducados desde el 4 de diciembre de 2018. 

Esta “normalidad” no se compadecía con los planes de la derecha conservadora en el TC ni con los del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Había una oportunidad que no se podía perder: la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el Congreso de los Diputados del pasado jueves. Por ello, en ausencia del debate sobre el tema de la prórroga del confinamiento, han filtrado el proyecto de sentencia de Narváez -una “exclusiva del periodismo de investigación” del Abc, que cuenta con el apoyo siempre entusiasta del magistrado aspirante a presidir el TC, Pedro González-Trevijano- para crear un “segundo varapalo” virtual contra el gobierno de Pedro Sánchez, sin esperar al debate del asunto en el pleno de octubre. Un varapalo por cada pleno parece ser la consigna de la derecha. 

La actividad conspirativa de los recursos es una expresión más de la crisis del bipartidismo. Con anterioridad, los recursos de inconstitucionalidad solo los podía presentar el PSOE contra el PP o viceversa. Al poder presentar recursos de inconstitucionalidad 50 diputados o 50 senadores, grupos parlamentarios como Vox, muy vinculados a sectores radicales de la judicatura y magistratura, con influencia de abogados de Estado, demuestran tener incluso más capacidad que el PP a la hora de liderar las iniciativas contra el gobierno y contra la mesa del Parlamento y marcar la agenda de los tribunales. 

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