El diccionario económico de la investidura

MadridAunque la amnistía se lleve los grandes titulares de la negociación, en la investidura de Pedro Sánchez también empiezan a mezclarse temas económicos. No es nuevo, porque la economía ha marcado todas las negociaciones históricas entre Cataluña y el Estado. Ahora, la negociación hará resurgir viejos conceptos.

Déficit fiscal

El Govern lleva años cifrando el déficit fiscal del Estado con Catalunya. El último cálculo, correspondiente al ejercicio 2021, es de unos 22.000 millones de euros. Madrid no da datos oficiales. Se entiende por déficit fiscal la diferencia entre aquellos ingresos (básicamente impuestos) que las arcas del Estado alcanzan en Cataluña cada año y los gastos efectivos que el Estado destina aquí. En la medida en que Catalunya es una de las comunidades más ricas y con mayor renta per cápita, la balanza refleja un déficit, que la Generalitat identifica como un agravio y que ERC y Junts reclaman revertir.

El déficit se calcula a través de las balanzas fiscales (un entramado complejo de operaciones), que pueden utilizar dos métodos: el del flujo monetario (computa el gasto donde se ejecuta) y el de la carga de beneficio. La Generalitat solo ofrece sus cálculos a través del flujo monetario. Por ejemplo, una estación del AVE en Barcelona solamente se computa en la capital catalana en la medida en que el gasto se ha realizado allí. Del mismo modo, una inversión en el aeropuerto de Barajas solo se computaría en Madrid. En cambio, con el método de la carga de beneficio estas inversiones se computarían en más de un territorio porque se entiende que no únicamente se beneficia Barcelona o Madrid, sino otros lugares: gallegos o andaluces también utilizan y se benefician de infraestructuras como Barajas. Este segundo método suele reducir el déficit, pero en el caso catalán seguiría siendo negativo.

Ejecución presupuestaria

Los presupuestos del Estado prevén cada año de manera sistemática más "inversiones" de las que finalmente se acaban haciendo en Cataluña. ERC y Junts reclaman que el gobierno español cumpla las promesas adquiridas y acabe con esta práctica habitual, que le sirve para generar grandes titulares (el gasto presupuestado crece) pero que después se acaban girando en contra. El último dato en cuanto a inversiones, de 2021, es que solo se cumplió el 35% de lo presupuestado. El grado de ejecución del sector público estatal se publica dos veces al año (ahora se arrastra un retraso de cuatro meses) y suele hacer aguas por la parte de infraestructuras (Adif), que es la carpeta que más inversión aglutina.

Disposición adicional tercera

La disposición adicional tercera del Estatut de 2006 preveía que la inversión del Estado en Cataluña solo en infraestructuras debía equipararse al porcentaje del PIB que Cataluña aporta al Estado –alrededor del 19% anual– durante siete años. Es decir, desde 2007 hasta 2013. Se acordó que las cantidades de la disposición adicional tercera serían abonadas tres años después del ejercicio al que correspondieran. A modo de ejemplo, los 335 millones del año 2007, la Generalitat los cobró en el 2010. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Constitucional lo alteró todo. El TC dictó que lo que establecía el Estatut sobre las inversiones no era vinculante para el Estado. Dicho y hecho. En el caso del 2008, el dinero de la disposición adicional tercera del Estatut ascendía a 759 millones de euros, según cálculos de la Generalitat, y aún quedan 359 por pagar. A partir de 2009, la Generalitat considera que la deuda asciende a 2.970 millones. Juntos calculó hace unos días la "deuda histórica" del Estado con Catalunya incluyendo los incumplimientos en infraestructuras, en la ejecución presupuestaria y el déficit fiscal, y asciende, según el partido, a 450.000 millones de euros.

Competencia fiscal

Tener mayor competencia fiscal es una demanda que ha acompañado a todas las negociaciones. Fuera de Navarra y País Vasco, las competencias de las autonomías son las mismas: gestionan la totalidad del impuesto sobre las transacciones inmobiliarias, el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales (alcohol, gasolina o tabaco). A partir de ahí tienen posibilidades para gestionar otros impuestos y crear propios –con limitaciones. La última demanda de ERC es la de tener una ley de financiación “singular” que transfiera a la Generalitat la gestión y recaudación de "todos" los impuestos generados en la comunidad. También lo ha pedido Junts. Esto supondría salir del régimen común del sistema de financiación autonómica y reabrir el debate que inició Artur Mas sobre un "pacto fiscal". Junts incluso ha hablado de una eventual "cuota de solidaridad" entre Catalunya y el Estado que, si bien no se ha concretado, lleva a recordar al cupo vasco. El PSOE descarta por completo esta opción.

Condonación de la deuda

Otra de las reivindicaciones es la condonación de la deuda que Cataluña tiene con el Estado. Según los últimos datos del Banco de España, la deuda catalana asciende a 85.456 millones de euros, de los que 71.852 millones corresponden al fondo de liquidez autonómico. Sin embargo, el debate no está exento de críticas. Por un lado, otras comunidades con menor deuda han señalado un posible “agravio comparativo”. Por eso, el actual gobierno de Pedro Sánchez no prevé, a priori, una condonación de la deuda que no sea para el conjunto de los territorios. Por otro lado, es necesario discutir qué deuda se perdona, si solo la del FLA o también la de otros mecanismos. Tanto Junts como ERC han pedido la condonación.

Traspaso de Cercanías

"El traspaso integral de Cercanías". Es una demanda histórica que tanto ERC como Junts han puesto sobre la mesa. El debate implica hablar de recursos, titularidad y uso (la Generalitat gestiona ya la planificación del servicio, horarios y tarifas). Sin embargo, de momento no se han puesto de acuerdo con el gobierno español. La cuestión es que la Generalitat quiere todas las vías que mayoritariamente dan servicio dentro de Catalunya, mientras que Madrid solo está dispuesto a segregar algunas de la red porque otras son "infraestructuras de interés estatal". Además, Madrid mantiene que debe hacerse por la vía del contrato programa, mientras que la Generalitat lo rechaza.