El dilema del Supremo: suspender o no el fiscal general del Estado

BarcelonaEl Tribunal Supremo deberá decidir si suspende al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su procesamiento. Así lo pide la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce de acusación popular en la causa contra García Ortiz y que este miércoles ha presentado un escrito en el alto tribunal en el que pide que se le suspenda provisionalmente del cargo una vez se le abra juicio oral. Esta asociación ve "imprescindible" la suspensión por "garantizar el correcto desarrollo del procedimiento".

El APIF argumenta que si García Ortiz sigue siendo fiscal general del Estado mientras se le juzga "él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir", y considera que debido a esta relación jerárquica "podría impartirle órdenes", lo que provocaría "una distorsión inaceptable". Según el escrito presentado, el reglamento marca que debe ser el ministerio fiscal quien tome esta decisión. Ahora bien, el mismo texto apunta a que este órgano "debería abstenerse por tener un interés directo en el asunto", y sostiene que el Supremo es quien debe tomar la decisión en este caso. Para el APIF, si el Supremo puede adoptar medidas cautelares "tan contundentes" como la cárcel provisional o el embargo de "millones de euros", sería "sumamente paradójico" que no pudiera suspender provisionalmente de trabajo a "un funcionario ya acusado", expresa el escrito.

Vale la pena recordar que esta asociación de fiscales pide una condena para García Ortiz de 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y revelación de secretos. Se trata de una asociación minoritaria y conservadora que hace un mes, junto a otras asociaciones, llamó a la huelga por las reformas que el gobierno español ha impulsado en el ámbito de la justicia.

La petición del APIF llega después de que ayer la sala de apelación confirmara el procesamiento del fiscal general por un delito de revelación de secretos al apoyar la decisión del juez instructor de la causa, Ángel Hurtado, de investigarle. La decisión se tomó con el apoyo de dos magistrados –Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres–, pero un tercer magistrado, Andrés Palomo, emitió un voto particular al considerar que no se pudo acreditar una "base indiciaria sólida" sobre García Ortiz que permita procesarlo.

Más peticiones de dimisión

Coincidiendo con la solicitud de la acusación popular, la Asociación de Fiscales (AF) también ha pedido la dimisión de García Ortiz. En declaraciones a Efe, la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, ha remarcado que la imagen del fiscal general sentado en el banquillo es "demolidora". Dexeus considera que, aunque "no se está enjuiciando a la Fiscalía", si García Ortiz se mantiene en el cargo, la imagen que "proyecta" la institución "resulta muy comprometida", y asegura que "el daño reputacional es máximo". Por eso dice que lo "lógico" sería que dimitiera.

En cuanto a los jueces, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) tacha "de anomalía absoluta" a que el fiscal general del Estado en activo esté procesado. Su portavoz, Sergio Oliva, invita a García Ortiz a hacer una "profunda reflexión" sobre la situación, así como a ponderar "el impacto institucional" de seguir en el cargo y su "legítimo derecho a la defensa". En la misma línea, Franciso Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI) expresó que el procesamiento de García Ortiz vuelve a hacer "oportuna" la pregunta de si el actual fiscal general "puede seguir o no ejerciendo el cargo".

Las asociaciones progresistas se distancian

En cambio, desde Jueces y Juezas para la Democracia no se pronuncian sobre si García Ortiz debería dimitir o no, pero apuntan a que los indicios de que la noticia era conocida por varios medios de comunicación "dificultan apreciar que pueda haber un delito de revelación de secretos" y recuerdan el voto particular de Palomo. En cualquier caso, se remiten al juicio, donde deberá "dilucidarse" esta cuestión.

También la Unión Progresista de Fiscales pone el foco en una "clamorosa falta de indicios" y en la que la decisión de la sala de apelación no se tomó por unanimidad: "El voto particular nos dice que al menos otras veinte personas pudieron tener acceso a este famoso correo y no han sido investigadas", argumentó Mar. en declaraciones a RNE. En la entrevista, González aseguró que si la asociación que preside pidiera la dimisión del fiscal general, cometería "dos enormes errores". Por un lado, un error "con la defensa de la verdad y de la justicia" y por otro, "un gran error político", aseveró.

Pese a la situación, García Ortiz se ha negado reiteradamente a renunciar al cargo. Contó con el apoyo del gobierno español en todo momento, un apoyo que el ejecutivo mantiene en estos momentos: Pedro Sánchez aseguró ayer martes, después de que se confirmara el procesamiento, que cree en la inocencia del fiscal general, que "tiene el aval" del gobierno español. El PP, en cambio, ha utilizado el caso para presionar al ejecutivo estatal por no haber forzado la salida de García Ortiz, y ha instado en varias ocasiones al propio fiscal general a presentar la dimisión.