El padrón, una obligación y un derecho lleno de trabas

BarcelonaEl Síndic de Greuges y las entidades sociales llevan años advirtiendo de las trabas administrativas que ayuntamientos catalanes de todos los colores ponen para empadronar a los vecinos que no tienen permiso de residencia ni un domicilio fijo o que viven realquilados en habitaciones. Básicamente, a la hora de pedir el registro en el padrón, los afectados se encuentran con un catálogo de requisitos diferentes a cada consistorio: desde la titularidad de la vivienda o el contrato de alquiler hasta el número de ocupantes, pasando por la cédula de habitabilidad o para disponer de una autorización para residir en el país.

Pese a la diferencia de criterios, la ley de régimen local de 1985 es muy clara y establece que el empadronamiento es a la vez un derecho y una obligación tanto para vecinos como para la administración municipal. De hecho, se trata de las pocas leyes que obligan a ambas partes –administración y administrados– a ejercer el derecho. Sobre el papel, los funcionarios no pueden juzgar la situación de quienes quieren empadronarse, así como las condiciones de la vivienda en cuestión, así que deberían aceptar la solicitud y registrarla.

Desde 2019, el síndico ha recibido 252 quejas por las trabas al padrón, la mayoría de Barcelona (29), Martorell (27), Hospitalet (24), Piera (10), Mataró (10) y Tarragona (6), y la Dirección General para la promoción y defensa de los derechos humanos de la Generalidad 189. Son números pequeños porque entre el colectivo afectado hay miedo a quejarse o desconocimiento de la ley.

¿Cuáles son las trabas principales? En la mayoría de los casos, según las ONG y el Gobierno, se trata de pedir más y más papeleo o no responder pasados ​​los tres meses de rigor. En definitiva, se busca que los vecinos desistan en su intento de empadronarse. En estos casos, se trata de personas que por norma desconocen los procesos y circuitos burocráticos, la letra de la ley y sus derechos o que incluso no saben la lengua del país para poder explicarse bien. Por otro lado, los consistorios no suelen tener intérpretes de idiomas. Así, un trámite que debería ser automático puede alargarse meses, e incluso se dan casos en que los vecinos que no se empadronan se van a otra localidad para probar suerte.

En la última década, a raíz de la crisis y también por la pandemia, han aumentado el sinhogarismo –en la calle o en viviendas no dignas– y las personas que deben compartir vivienda fuera del círculo familiar. Las entidades que acompañan a estos colectivos vulnerables se quejan de que los ayuntamientos son reacios a utilizar la fórmula legal que se conoce como domicilio ficticio o sin domicilio fijo y que consiste en registrarse en una vivienda distinta a la real. Es una figura pensada para proteger a las personas más vulnerables, ya que se trata de registrarlas en una dirección de una entidad social o directamente en el ayuntamiento para dejar constancia oficialmente de la residencia en el municipio. De este apartado también se pueden beneficiar los inquilinos a los que el propietario no quiere hacer un contrato oa los que simplemente no autoriza a empadronarse por no perder la prestación social, por ejemplo.

Desde el ente de la Generalitat son conscientes de las dificultades para denunciar penalmente los incumplimientos, porque los ayuntamientos no dejan constancia escrita de la negativa a empadronar, aunque existe el precedente de Premià de Mar, y abren la lleva a la vía administrativa. Por eso apuestan por llegar a un "pacto entre consistorios para igualar al alza los criterios exigidos" y, de este modo, "evitar agravios" y efectos llama. Entre las entidades hay quien también ve viable castigar a los ayuntamientos rebeldes excluyéndoles de algún tipo de subvención.

¿Los ayuntamientos deben inscribir a todos los residentes en el padrón municipal? ¿Debe la Generalitat presionar para que lo hagan?