ERC se abre a hablar de la reforma del delito de sedición

MadridPronto hará dos años que los comuns hicieron llegar al PSOE su propuesta para reformar el delito de sedición y, desde entonces, pocas cosas se han movido para que la iniciativa que ha abanderado Jaume Asens tenga opciones de materializarse. La Moncloa, de hecho, ha tenido todo este tiempo la medida guardada en un cajón –ha hablado en contadas ocasiones con el socio minoritario, Unidas Podemos, sobre cómo abordarla–.

Pero ahora que el gobierno español y el catalán han retomado las relaciones después de la crisis por el caso Pegasus, los dos ejecutivos se han comprometido a abordar, entre otras cuestiones, la desjudicialización del conflicto. Y es aquí donde el gobierno español podría rescatar la reforma de la sedición –a pesar de que no la incluyó en el plan normativo para el 2022, es decir, el conjunto de las leyes que prevé aprobar a lo largo de este año–. Hasta ahora ERC se había mostrado reticente a entrar a hablar de esta propuesta, pero este lunes la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta, ha modulado su respuesta y ha abierto la puerta a negociarla.

"En todo lo que sean pasos adelante seguro que podremos estar y se podrán trabajar", ha afirmado en rueda de prensa. Vilalta lo ha dicho después de que este domingo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegurara en una entrevista a El Periódico que la reforma no la habían sacado del cajón porque no tenía los apoyos suficientes. De hecho, ha insistido la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, este lunes en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. "El gobierno apuesta por un adelanto y una modernización de este tipo conforme a los países de alrededor, pero los requisitos exigen mayorías parlamentarias que concluimos que no se dan".

Tanto ERC como Junts se habían opuesto hasta ahora y priorizaban sacar adelante una ley de amnistía. Y si bien Vilalta ha vuelto a insistir que la apuesta de ERC continúa siendo una "solución amplia" que pasa por que todos los represaliados sean amnistiados, este lunes ha virado el discurso sobre lo que para los republicanos sería una medida intermedia, como pasó con los indultos.

En el trasfondo del viraje hay la reanudación del diálogo con el ejecutivo estatal, pero también el hecho de que ahora mismo es inviable que una ley de amnistía acabe prosperando en el Congreso: el PSOE se opone y Unidas Podemos no lo ve una solución posible –hay sectores del espacio que también son reticentes– porque no podría salir adelante sin los socialistas. Por eso, el portavoz de los comuns, Joan Mena, ha pedido este mismo lunes a ERC que se sume "al bloque político que quiere reformar el Código Penal para acabar con el delito de sedición". "Este es solo un ejemplo de los acuerdos concretos que hay que construir en materia de desjudicialización", ha afirmado en rueda de prensa.

De hecho, Unidas Podemos ya explicó el año pasado que llevarían esta reforma a la mesa de diálogo. Jaume Asens era partidario de eliminar el delito, pero para intentar llegar a un consenso con el PSOE la propuesta que puso sobre la mesa del socio mayoritario de la coalición fue reformular la definición de sedición para que quedara claro el concepto de violencia, de forma que unos hechos como los de octubre de 2017 no puedan ser sedición.

Si la reforma finalmente saliera adelante, los beneficiados podrían ser los exiliados. Si se eliminara el concepto "tumultuario" o se rebajaran las penas previstas por sedición, como proponía el texto de los comuns, la amenaza judicial sobre los dirigentes independentistas ahora en el extranjero perdería fuerza. Ahora bien, esto no afectaría el delito de malversación por el cual también se persigue a los exiliados. Y tampoco se podría descartar que el juez Pablo Llarena consiguiera extraditarlos y, una vez en el Estado, juzgarlos. Este es, precisamente, uno de los puntos por los cuales los grupos independentistas no veían con buenos ojos esta vía. Este lunes, de hecho, se ha referido a ello el portavoz de Junts, Josep Ríos, que ha recordado que el expresidente Carles Puigdemont "no quiere soluciones personales", sino desjudicializar el conflicto con una amnistía, informa Cesc Maideu. Si el periplo acabara con prisión, el ministro Miquel Iceta ya ha especulado en los últimos días con "soluciones felices" como fueron los indultos a los presos políticos.