La euroorden interminable

BruselasYa hace 28 meses que hay políticos independentistas en diferentes países de Europa sin que la justicia española haya conseguido extraditarlos y juzgarlos ni por rebeldes, ni por sediciosos ni por malversadores. Después de todo este tiempo, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y también Marta Rovira y Anna Gabriel continúan en libertad fuera de España. Y no es que las autoridades españolas no hayan intentado evitarlo. Ya se pueden contar dos órdenes europeas de detención frustradas y una tercera que, a la espera de una nueva decisión esta semana, cuelga de un hilo. ¿Cómo se explica?

La historia de estos exiliados es también la historia de la euroorden interminable que se explica no solo por el trabajo del equipo legal que trabaja para buscar todas las rendijas del proceso judicial que arrancó después del 1-O, sino también por la naturaleza del sistema de las órdenes europeas de detención, basado en la “confianza mutua” entre países y en la idea de que todos los estados miembros de la Unión “comparten los mismos estándares de integridad y garantías en sus prácticas y sistemas judiciales”.

El caso catalán -en el que ya sea por errores de forma o procedimentales o porque, en el caso de Alemania, se ha descartado el delito de rebelión y España ha preferido no seguir con la extradición- ha hecho que PSOE, PP, Cs y Vox hayan recuperado el debate sobre este modelo y planteado la posibilidad de reformarlo para incluir delitos contra la Constitución en los 32 crímenes de extradición automática. No sin criticar a Bélgica y Alemania por vulnerar el principio de confianza mutua y cooperación judicial, unos reproches que dos expertos en derecho internacional consultados por el ARA no comparten.

Por un lado, Jan Wouters, de la Universidad de Lovaina, recuerda que en el sistema europeo “los Códigos Penales de cada país son muy diferentes”, y subraya que forma parte de la normalidad del proceso que se pidan clarificaciones o información adicional entre jueces. Wouters cree que es superficial afirmar que España vulnera los derechos humanos o que su sistema judicial es deficiente, como también ve superficial criticar la justicia belga por pedir clarificaciones durante el proceso.

André Klip, profesor experto en derecho y en legislación criminal europea de la Universidad de Maastricht, va algo más allá y defiende que si el caso de los políticos independentistas es tan complejo es porque no se trata de un conflicto meramente criminal, sino político, y recuerda que las euroórdenes no están pensadas para este tipo de casos.

Klip apunta que antes el sistema de extradiciones preveía la excepción para los delitos políticos, pero remarca que si en 2002 se eliminó fue porque se consideró que la confianza mutua en la UE era tan elevada que cualquier enemigo político de un estado lo sería para el resto: “Quizás era demasiado temprano”, reflexiona. “Las autoridades españolas tienen dificultades para convencer de que es un caso puramente judicial”, sentencia, y recuerda que de los tres delitos de los que se acusa a Puigdemont, dos no se pueden encontrar en los Códigos Penales de la mayoría de los otros estados de la UE. Klip no cuestiona que en el marco legal español los hechos sean considerados un delito, pero cree que en el resto de los estados de la UE esto no queda tan claro y que el sistema de las euroórdenes no sirve para resolver este problema. Por eso, anticipa que España lo tendrá complicado para que las euroórdenes tengan éxito. Por su parte, Wouters opina que ahora, con la inmunidad parlamentaria como “barrera procesal”, lo más probable es que se suspenda el proceso.

Esta semana la justicia belga decide si suspender momentáneamente (como pide España) las euroórdenes de Puigdemont y Comín o si las anula del todo como pide la defensa de los exiliados. Del caso también cuelga el de Puig, que según la defensa no se tendría que separar de los otros dos a pesar de que él no tiene inmunidad parlamentaria y está acusado solo de desobediencia y malversación. Puig asegura que estará satisfecho con los dos escenarios. Si el día 24 de febrero empieza su juicio, dice que tiene “ganas” de que la justicia belga entre en el fondo de la cuestión y decida si se lo puede extraditar por malversación. Además, si su caso continúa, la defensa espera poder presentar un conjunto de cuestiones prejudiciales en Luxemburgo con el objetivo de poner todavía más en entredicho el proceso judicial arrancado por España. Sea como sea, la historia de las euroórdenes está lejos de acabar y no se descarta que después de esta tercera todavía tenga que venir una cuarta.