Exilio o cárcel y después... ¿En qué situación están ahora los líderes del 1-O?

BarcelonaEl futuro judicial de Carles Puigdemont es todavía una incógnita, y más teniendo en cuenta su fugaz regreso y la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía. El líder de Junts ha sido la toma de caza mayor de la acción de la justicia española, pero gracias al rechazo a las euroórdenes no ha tenido que sentarse en el banquillo. Y es que el futuro judicial de los líderes que impulsaron el 1-O ha sido distinto en función del camino que emprendieron para batallar contra la represión del Estado y los efectos, variados, que han tenido los indultos, la reforma del Código Penal o ley de amnistía.

Carles Puigdemont

La situación del expresidente es la más incierta, aunque su abogado, Gonzalo Boye, aseguró que el regreso fugaz no empeora su situación procesal. Por ahora, está procesado y declarado en rebeldía a la causa del referéndum del 1-O por un delito de malversación agravada, ya que el juez Pablo Llarena decidió que no le aplicaba la amnistía. Y, aparte, el expresidente está pendiente del caso Volhov por si el Tribunal Supremo asume una investigación contra él por delitos de traición y organización criminal. Una nueva causa sobre la que el Supremo también debería decidir si le aplica o no la amnistía. En su largo exilio, fue requerido también por el delito de rebelión y sedición, por los que Bélgica, Alemania e Italia descartaron entregarlo a España. La acusación de sedición, de hecho, cayó más adelante a raíz de la reforma del Código Penal pactada por Esquerra y PSOE en enero del 2023. También fue investigado por el caso Tsunami Democrático por terrorismo, archivado por un error procesal. Ahora mismo se puede mover en libertad por toda la Unión Europea –no hay euroórdenes– menos por España, donde le buscan para detenerle.

Hoy por hoy su estrategia es esperar a que tarde o temprano se aplique la amnistía a todos los casos que le afectan. Por ahora el Tribunal Supremo ha rechazado extinguir su responsabilidad penal, pero espera que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le den la razón y pueda devolver libre de cargos a Catalunya.

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa

El exvicepresidente y los exconsejeros fueron condenados por el Tribunal Supremo a 13 y 12 años, respectivamente, de prisión e inhabilitación, por los delitos de sedición y malversación. Desde noviembre de 2017 hasta junio de 2021 estuvieron en prisión, a excepción de tres meses en el caso de Romeva, Turull y Bassa. Su libertad llegó por los indultos, pero mantuvieron las penas por inhabilitación por el delito de malversación.

La supresión del delito de sedición del Código Penal les eliminó la condena por ese delito, pero se les mantuvo la malversación –como Puigdemont– porque el Supremo consideró que no se les aplicaba la reforma de ese delito pactada entre Esquerra y el PSOE para acabar con las consecuencias penales del Proceso. La amnistía, que era el nuevo intento por hacerlo, por ahora tampoco ha funcionado: la sala que preside Manuel Marchena consideró que ese delito en el marco del 1-O quedaba fuera del alcance del olvido penal porque del referéndum, dice el Supremo, consiguieron un beneficio personal de carácter patrimonial. Una interpretación que las defensas consideran ilegal y finalista por no aplicarles la amnistía. Por este motivo, ahora han empezado a presentar recursos y esperan poder llegar al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poder beneficiarse de la amnistía. En caso de que no les dieran la razón, estarían inhabilitados hasta 2030 y 2031.

¿El fugaz regreso de Puigdemont, con la ayuda de Turull, podría empeorar su situación penal? Por ahora los Mossos han abierto una investigación, pero los expertos consultados descartan que se le pueda atribuir algún delito. Eso sí, si el juez considerase lo contrario, esto no estaría cubierto por la amnistía.

Josep Rull, Joaquim Forn y Carme Forcadell

Los exconsejeros Rull y Forn fueron encarcelados el 2 de noviembre del 2017, y la expresidenta del Parlament fue una semana más tarde. Las condenas a Rull y Forn fueron de 10 años y medio de prisión e inhabilitación, y la de Forcadell fue de un año más, en los tres casos por un delito de sedición. Al resto de miembros independentistas de la mesa del Parlament durante el 1-O, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya les condenó por desobediencia, delito que no comporta cárcel. Todos ellos salieron de prisión en junio del 2021 y sus penas de inhabilitación quedaron extinguidas cuando se eliminó la sedición del Código Penal. Por eso, ya vuelven a tener todos los derechos políticos y Rull, por ejemplo, ha vuelto a la política: ahora es presidente del Parlament. Forn y Forcadell, en cambio, ya no están implicados en la primera línea. El exconseller de Interior es vocal de la junta de Òmnium Cultural y la expresidenta del Parlament es copresidenta honorífica de la Asamblea de Mujeres de ERC.

Jordi Cuixart y Jordi Sánchez

Fueron los primeros presos políticos. Pese a que no tenían ningún cargo institucional, antes de la declaración de independencia suspendida, el 16 de octubre ingresaron ambos en el centro penitenciario de Soto del Real por orden de la Audiencia Nacional, por las concentraciones ante la conselleria de 'Economía los días previos al 1-O. Los líderes de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural fueron condenados por sedición a 9 años de prisión e inhabilitación por el Supremo en la causa del 1-O. Fueron los líderes políticos que más tiempo pasaron en prisión, hasta que se aprobaron los indultos: 1.346 días, por lo que cumplieron el 41% de su condena.

La derogación de la sedición les extinguió también la pena de inhabilitación por los indultos, pese a que el Supremo les impuso una pena –que ya dio por cumplida por el tiempo de encarcelamiento– por desórdenes públicos agravados. No han ocupado cargo institucional alguno desde que son libres. Solo Sánchez, antes de la sentencia y mientras estaba en prisión, fue elegido diputado en el Parlamento y después en el Congreso. También fue secretario general de Junts de 2020 a 2022 y posteriormente dejó la primera línea política. Ahora forma parte del equipo directivo del Síndic de Greuges. Cuixart dejó la presidencia de Òmnium también en el 2022 y no ha vuelto a la vida política.

Marta Rovira, Anna Gabriel, Meritxell Serret y Clara Ponsatí

Las cuatro se marcharon al exilio y ya han vuelto. La exconsejera Meritxell Serret, inicialmente acusada de desobediencia y malversación, se presentó ante el Tribunal Supremo en marzo del 2021 voluntariamente. Al constatar que la sentencia del 1-O no atribuía gastos al departamento de Agricultura que ella dirigía, sólo fue condenada a un año de inhabilitación por desobediencia. En julio de 2022 también se presentó voluntariamente ante el Supremo la ex diputada de la CUP Anna Gabriel, sólo acusada de desobediencia. El Supremo trasladó la causa a Barcelona, ​​que hace medio año archivó sin condena alguna. La ex eurodiputada Clara Ponsatí regresó en marzo del 2023 con una orden de detención por desobediencia y, a diferencia de Serret y Gabriel, no se presentó en los juzgados. Pese a ser miembro del Parlamento Europeo y mantener cautelarmente la inmunidad, los Mossos la detuvieron y la llevaron ante los juzgados. Todavía está pendiente de juicio, pero sólo por un delito de desobediencia que no conlleva prisión, y está por ver si se le acaba aplicando la amnistía.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha sido la última en volver, justo este julio, de Suiza. Fue acusada por la causa del 1-O y por la causa de Tsunami Democrático, en este caso por terrorismo. La causa del 1-O se redujo a desobediencia, que no implicaba prisión, con la reforma del Código Penal. Mientras que la causa por terrorismo quedó archivada recientemente por un error procesal. Fue a partir del cierre de la carpeta de Tsunami que Rovira decidió volver a Catalunya. Ahora sólo está pendiente de juicio por desobediencia o que le apliquen la amnistía.

Toni Comín y Lluís Puig

Junto a Puigdemont, son los represaliados que siguen en el exilio. Estaban acusados ​​de desobediencia –tras la eliminación de la sedición– y malversación agravada. El Supremo también se niega a aplicarles la amnistía, por lo que mantiene una orden de detención contra ellos en caso de que pisen territorio de España. Sin embargo, no hay euroorden, y se pueden mover por toda la Unión Europea como Puigdemont, ya que hasta ahora se han rechazado todas las extradiciones reclamadas por el Supremo. Puig es diputado del Parlament, y Comín eurodiputado, por Junts.

Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila

Fueron los únicos miembros del Gobierno del 1-O que no fueron ni encerrados en prisión ni acudieron al exilio. El Supremo les condenó por desobediencia a un año y ocho meses de inhabilitación y al pago de una multa de 60.000 euros: ni malversación ni sedición. Aunque fueron encarcelados preventivamente como el resto de miembros del ejecutivo en otoño del 2017, Vila durmió sólo una noche entre rejas porque pudo quedar en libertad tras depositar una fianza. Borràs y Mundó, 32 días después y habiendo pagado 100.000 euros de fianza, salen de prisión, y ya no vuelven a entrar en marzo, como sí entraron Romeva, Turull, Bassa, Forcadell y Rull. Su condena se cumplió antes de que llegaran los indultos y la amnistía.