Déjame decirte

Felipe VI, Illa y la Constitución

El rey Felipe VI saluda al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, en el acto con motivo de la Copa América de Vela
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MadridEstos últimos días hemos vuelto a la realidad. Suele pasar a principios de septiembre. Pero esta vez existen circunstancias especiales. La diferencia reside en que esta vez estamos empezando una nueva etapa política, en particular en Cataluña. Y este hecho afecta a los equilibrios en la maquinaria del sistema, entre otros factores por el cambio en las relaciones entre la Generalitat y la casa real. Culmina un proceso que de la mano del expresidente Pere Aragonès ya se había iniciado hace un tiempo. Pero es evidente que ahora se ha acelerado. Salvador Illa destacó en su toma de posesión que asumía el cargo como presidente por "unir y servir". Con esta segunda palabra adquiría un compromiso relativo a la búsqueda permanente de la mejor gestión posible de la administración catalana, con los recursos humanos y económicos de los que se dispone. El primer concepto –“unir”– plantea connotaciones más profundas, teniendo en cuenta de dónde venimos. El objetivo de superar diferencias en la sociedad catalana, después de los acontecimientos y tensiones de los últimos diez años, requiere un plus de habilidad y paciencia.

En relación con este objetivo pongo el acento en una imagen, la del propio Illa en su saludo al rey Felipe VI al recibir el monarca en la inauguración de la Copa América de vela. Es un hecho protocolario, pero que supone un importante cambio en las mencionadas relaciones institucionales. Es un momento en que debía llegar. Lo digo siendo muy consciente de que no son pocas las personas que creen que el discurso del rey el 3 de octubre del 2017 –tras la represión policial vivida dos días antes– fue un error que no puede olvidarse. Lo recogen periódicamente las encuestas del Centro de Estudios de Opinión (CEO). Pero retomo aquí el argumento del regreso a la realidad. Si los indultos primero y la ley de amnistía después –pese a las dificultades judiciales para su aplicación– marcaban un camino hacia la normalización política, y si los resultados de las elecciones del pasado 12 de mayo implicaban el inicio de una nueva etapa, es evidente que también debía producirse un cambio en las relaciones de las instituciones catalanas con el jefe del Estado y la casa real.

El saludo entre Felipe VI y Salvador Illa puso mucho de manifiesto la satisfacción del primero por el reencuentro con el exministro de Sanidad en su nuevo cargo. Resultó igualmente evidente cuando el rey felicitó al líder del PSC por su nombramiento, con palabras dichas en catalán. Seguro que en la Zarzuela se recuerda la asistencia de Illa a las manifestaciones de 2017 a favor de la Constitución en respuesta a las movilizaciones independentistas. Y también imágenes similares de Josep Borrell y Mario Vargas Llosa. Pero menciono especialmente la asistencia de Illa a esas concentraciones cuando era secretario de organización del PSC por la coherencia de sus posiciones entonces y ahora, y el conocimiento que tienen de este factor sus votantes. Ahora bien, la evolución que ha tenido la política española desde hace siete años no es que suponga una suerte de victoria de la Constitución sobre el independentismo. Lo que ha supuesto es la demostración de que el pacto constitucional del 78 sigue siendo útil para la sociedad española en general y para Cataluña muy singularmente. De entrada, para favorecer la convivencia. Pero también como instrumento para actualizar periódicamente el reparto territorial del poder.

Lo estamos viendo ahora en el debate sobre el acuerdo entre el PSC y ERC por un modelo de financiación singular para Catalunya. El propio Borrell ha subrayado la similitud de la propuesta con el concierto económico del que disfrutan País Vasco y Navarra. Ya tendremos ocasión de comprobar si es así. Yo sigo con muchas dudas al respecto. Pero el caso es que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea ha llegado a decir que el mencionado pacto fiscal entre socialistas y republicanos ha implicado asumir post mortem el relato del Proceso". Es una conclusión exagerada, como la de la victoria de la Constitución por aplastamiento del independentismo. Ni lo uno ni lo otro. La apuesta es por el reencuentro. Y el paraguas constitucional da para mucho. Tendremos constancia el día en que el tribunal de garantías declare ajustada a la Constitución la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español ya reclamó en su discurso de investidura en el Parlamento de Cataluña la vigencia de esta ley y su aplicación. "sin subterfugios". Ese mismo día, el líder de Junts –que había podido hablar libremente en el Arco de Triunfo de Barcelona– huía de los Mossos d'Esquadra mientras el gobierno de Pedro Sánchez lo miraba dejando hacerlo, sin intervenir .

La Constitución, elemento clave

Lo importante, en cualquier caso, es que la Constitución ha permitido reconducir el conflicto hacia el terreno de la política. Ahora bien, los principales protagonistas del Proceso tendrán que plantearse decisiones difíciles una vez recuperada la libertad en sentido amplio, en virtud de los efectos del indulto y de los que tendrá la amnistía, que acabará suponiendo un perdón completo, incluido el delito de malversación y la inhabilitación que se deriva. Pero no será fácil que la aplicación de estas medidas suponga la continuidad de los propios dirigentes para seguir jugando un papel de liderazgo efectivo de las fuerzas independentistas. Puigdemont tendrá que esperar al menos unos meses en la sentencia con la que el Constitucional podrá corregir el Supremo. Y Junqueras ya ve que se enfrenta a una oposición surgida de su propio partido.

Ahora lo que hace falta es que cada uno cumpla el papel que le corresponde respecto a las reglas de la democracia, que conllevan diálogo y pacto. Vuelvo aquí a la relevancia de las funciones que corresponden al jefe del Estado. El propio Felipe VI subrayó en su discurso de proclamación en las Cortes, en el 2014, su "vocación integradora" para añadir que había sido consciente desde siempre que "la Monarquía parlamentaria debe estar abierta y comprometida con la sociedad en qué sirve; debe ser una fiel y leal intérprete de las aspiraciones y esperanzas de los ciudadanos y debe compartir –y sentir como propios– sus logros y sus fracasos”. Ojalá si Felipe VI y Salvador Illa, en el ejercicio de sus responsabilidades, saben desarrollar estos propósitos, respetando la evolución y la voluntad de la sociedad catalana libremente expresada.

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