¿Qué puede hacer Felipe VI sin el permiso de Pedro Sánchez?

BarcelonaLas recientes rencillas y tensiones entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el rey Felipe VI, han vuelto a poner bajo el foco la compleja convivencia entre la Jefatura del Estado y el ejecutivo. No es un fenómeno nuevo. El historiador Charles Powell recordaba cómo el expresidente del gobierno español, José María Aznar, llegó a marginar deliberadamente al rey emérito Juan Carlos I en visitas de Estado de gran relevancia internacional, generando enormes recelos en la Zarzuela. Estas fricciones evidencian una realidad ineludible del sistema político español: teóricamente, el monarca y el presidente del gobierno deben llevarse bien por fuerza, ya que prácticamente ningún acto del rey tiene validez sin la aprobación del ejecutivo.

El refrendo es el mecanismo que diseña la Constitución española para que "los actos que se atribuyen al rey tengan detrás el apoyo o la ratificación de un órgano que sí tiene poder real", explica Maria Itziar Gómez Fernández, profesora de derecho constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid. "El poder del rey es inexistente, pero se le da la capacidad de nombrar o refrendar leyes para mantener una continuidad histórica", añade.

Así, según la Carta Magna, cualquier acto con consecuencias jurídicas requiere que el presidente del gobierno o los ministros competentes lo refrenden, a excepción de casos como la investidura o la disolución de las Cortes, que recaen en el presidente del Congreso. Esto hace que el monarca sea "irresponsable en términos políticos", y que ejerza una función de "moderación, arbitraje y conciliación", tal como detalla Joan Ridao, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona. "El rey reina y no gobierna", sentencia por su parte Joan Lluís Pérez Francesch, profesor de derecho constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.

¿Qué puede hacer, pues, el rey solo? La Constitución limita su margen de actuación libre a nombrar el personal civil y militar de su Casa Real y a la libre disposición de su presupuesto. Ridao matiza que sobre las cuentas "ha habido un cierto debate", pero en la práctica es su único ámbito de discrecionalidad.

El Borbón que 'borboneja'

El terreno resbaladizo llega con los discursos. Gómez aclara que mensajes como la declaración de Ceuta, que son "puramente simbólicos", no requieren refrendo porque no son un ejercicio del poder ejecutivo, pero subraya que "por pura cortesía y práctica se acostumbra a consensuar con la Moncloa", como el discurso de Nochebuena. De hecho, en el caso ceutí, fue el mismo gobierno español el que sondeó al monarca sobre la oportunidad de hacer una llamada al rey de Marruecos, Mohamed VI, como destacó El País, mientras que Izquierda Unida (IU) le pidió directamente este viernes.

Cuando son discursos en actos oficiales, la línea es más fina. Pérez Francesch se muestra crítico: "El problema con este rey es que, de vez en cuando, le gusta opinar y hacer determinadas cosas por su cuenta". El gran elefante en la habitación es el discurso del 3 de octubre de 2017. Ridao señala que "no hemos sabido nunca qué margen de discrecionalidad le atribuyó Rajoy", pero advierte que el monarca "excedió su función propiamente arbitral", ya que en vez de llamar al diálogo para buscar una solución, "se dedicó a reñir". Pérez Francesch lo resume recuperando una vieja expresión de la época de Alfonso XIII: "El rey borboneja", es decir, "va más allá de sus facultades explícitas".

¿Y si el rey se niega?

Ante un escenario extremo, ¿podría Felipe VI negarse a firmar una ley aprobada? Pérez Francesch es categórico: “No. Sus actos son debidos y no tiene ninguna reserva de poder propio”. De hecho, solo hay un precedente internacional contemporáneo que los expertos consultados por el ARA recuerdan: el del rey Balduino de Bélgica, que en abril de 1990 dejó de reinar durante 36 horas por no firmar la ley del aborto.

En España esto no ha pasado nunca, a pesar de que Ridao recuerda la insistencia de sectores de la derecha mediática para que el rey se negara a sancionar la ley de amnistía. Gómez admite, sin embargo, que hay “división doctrinal”. Algunos autores defienden que podría negarse por un problema de conciencia o si choca con sus funciones constitucionales de garantizar la unidad, pero ella lo tiene claro: como que no está previsto en la Constitución, si se niega a firmar, “pierde la legitimidad constitucional que tiene”.

En conclusión, independientemente de si hay o no buena química, el sistema exige imperativamente “una cierta lealtad institucional” entre gobierno y Corona, explica Pérez Francesch. “Para mantener el engranaje del Estado, basta simplemente con que cada uno se limite a hacer su trabajo”, sentencia el experto.