El Govern rectifica y sí que avalará las fianzas a través del ICF

BarcelonaEste martes el conseller de Economía, Jaume Giró, decía que no implicaría al Institut Català de Finances (ICF) en el aval de las fianzas del Tribunal de Cuentas. Pero después de varias reuniones el Govern ha rectificado: desde el Parlament, el conseller Giró ha explicado que finalmente ha decidido activar la disposición adicional transitoria que prevé el decreto del fondo complementario de riesgos y que sea este ente público quien avale las fianzas de Exteriores, al menos hasta que se encuentre una entidad financiera que lo haga. "Mis palabras de ayer sirvieron de algo. En las últimas horas he recibido llamadas de la ICF que me han dicho que por ellos no quede", ha explicado Giró, que había dicho que no quería generar inquietud dentro del organismo público -a raíz de las causas del Procés, la maquinaria de la Generalitat es reticente a firmar cualquier cosa que pueda acabar judicializada-.

El conseller ha detallado que esta mañana ha hablado con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para volver a valorar la situación y ha asegurado que al presidente "le ha parecido muy bien". "Utilizaremos esta medida", ha remachado Giró, que ha agradecido la "generosidad y la prudencia" del ICF. No han sido las únicas reuniones de estas últimas horas, puesto que según las fuentes consultadas también se han implicado en la decisión el vicepresidente, Jordi Puigneró, y el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez.

El presidente Aragonès también ha hecho referencia a la cuestión en la sesión de control minutos después del anuncio de Giró, y lo ha hecho para agradecer al conseller de Economía "el compromiso y el trabajo" del Govern para desencallar las fianzas. Pero una parte de la oposición ya ha dado señales de que querrá presentar batalla con este tema. Aún no está claro que lo vayan a llevar ante la justicia, pero como mínimo batalla política seguro que habrá. El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha avisado a los dirigentes del ICF que "se la juegan" con este movimiento puesto que, a su parecer, este organismo no puede dedicar dinero público a ayudar a "supuestos oprimidos". La CUP, en cambio, en una rueda de prensa posterior, ha celebrado la decisión pero también ha reprochado al ejecutivo que no haya seguido esta vía "desde el primer momento".

Este miércoles se acaba el plazo para depositar la fianza de 5,4 millones de euros en el Tribunal de Cuentas por la causa abierta contra la acción exterior de la Generalitat. El Govern no ha conseguido que ningún banco participe en la operación y ayer se activaron los partidos, la Caixa de Solidaritat y los mismos encausados para aportar el dinero. De hecho, estaba previsto que Esquerra pusiera dos millones de euros, que Junts movilizara dinero de los asociados y que varios investigados pusieran su piso como garantía al Tribunal de Cuentas.

Con el cambio de criterio del Govern, sin embargo, los acontecimientos se tienen que producir ahora contra reloj: según fuentes conocedoras del funcionamiento del ICF se tiene que producir una reunión de la junta de gobierno durante la jornada de hoy y se tiene que aprobar el aval. Esta junta está formada todavía por los miembros del anterior mandato y la preside el ex secretario general de Economía Albert Castellanos -actual secretario de empresa y Competitividad- de la época de Aragonès como vicepresidente. Según la ley que regula el Institut Català de Finances, es la junta quien tiene la capacidad de "aprobar los contratos y las operaciones que firma el Institut".

El debate sobre implicar o no el ICF ha sido intenso en el seno del Govern y de las cúpulas de los partidos independentistas en las últimas horas, puesto que activarlo lo sitúa en el ojo del huracán. Además de la inquietud que puede generar a los altos cargos y trabajadores públicos que forman parte por si la operación acaba judicializada, también puede ponerse en riesgo la otra asignatura pendiente del Institut en esta legislatura: conseguir la ficha bancaria del Banco de España.

El gabinete jurídico central de la Generalitat defenderá a los Mossos

También ha habido otro anuncio este miércoles durante la sesión de control del Govern. El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciado al pleno del Parlament que trasladarán la defensa de los Mossos al gabinete jurídico central de la Generalitat, que depende del departamento de Presidencia. "Queremos seguir defendiendo a los agentes de los Mossos con la misma claridad cuando sufran lesiones y con los mismos criterios que el resto de trabajadores públicos", ha justificado Elena. Fuentes de Interior apuntan que con este traspaso de competencias se corregirá una disfunción histórica, puesto que el departamento liderado por Elena era la única conselleria con un gabinete penal propio. De este modo, afirman, se unificarán criterios, a pesar de que los abogados serán los mismos y no habrá cambios en el personal.

Este era uno de los puntos que el actual Govern había acordado con la CUP para la investidura del president, Pere Aragonès. El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha aplaudido la medida como un "primer paso"para avanzar en el cumplimiento del acuerdo, pero ha pedido avanzar en otras reclamaciones como la retirada de las acusaciones particulares contra manifestantes independentistas.

"Nuestro comportamiento siempre es defender los derechos y la libertad, también de la policía de la Generalitat cuando actúa y sufre agresiones. Siempre defenderemos a los Mossos en caso de que sufran algún tipo de agresión", ha defendido Elena. Hasta ahora los agentes de los Mossos que sufrían agresiones eran defendidos por el gabinete jurídico de Interior, que el diputado cupaire ha calificado "de anomalía". "Ha sido correa de transmisión de las peores dinámicas corporativistas policiales, impulsando la persecución de la movilización", ha criticado Pellicer. "Igual que este anuncio, esperamos que tenga que nuevos que vayan en el mismo sentido", ha pedido Pellicer.

Además de la sesión de control al Govern y al presidente, este miércoles el pleno también votará una propuesta de resolución sobre la reforma del Código Penal y también sobre la libertad de Pablo Hasél. El texto lo han consensuado ERC, JxCat, la CUP y los comunes.