El Govern confirma que no encuentra banco para los avales de la causa del Tribunal de Cuentas

BarcelonaNo habrá aval de la Generalitat, por ahora. El plazo para depositar la fianza de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a los ex cargos de la Generalitat investigados a la causa de Exteriores se acaba este viernes y, tal como avanzó el ARA el Govern no ha encontrado ningún banco dispuesto a participar en la operación ni tampoco activará el Institut Català de Finances para que lo haga. El tema es sensible y para abordarlo ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo ejecutivo el conseller de Economía, Jaume Giró. Lo ha hecho para, tal como avanzó este lunes el ARA, confirmar que la Generalitat no dispone ahora mismo de los avales bancarios para cubrir la fianza de las 34 personas afectadas, entre ellas los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont o el ex vicepresidente Oriol Junqueras. "No descansaremos hasta que encontremos la solución", ha proclamado el conseller. Ha admitido que el principal problema es que hasta ahora ningún banco ha aceptado participar en esta operación para encontrar los avales. También, tal como explicó el ARA ayer, ha descartado que sea directamente el Institut Català de Finances (ICF) quien avale directamente a los encausados, puesto que Giró no quiere provocar "angustia e inquietud" a ninguno de los profesionales de este organismo.

La operación para intentar ayudar los 34 cargos afectados en esta causa empezó hace dos semanas cuando el Govern aprobó un decreto para responder a las fianzas del Tribunal de Cuentas y evitar el embargo de los bienes de los encausados. Quince días después el movimiento todavía no ha cristalizado y el plazo para aportar las fianzas acaba mañana miércoles a medianoche. Giró ha reconocido que el principal problema es que ningún banco ni cooperativa de crédito con implantación en Catalunya ha querido colaborar. Y eso que, según el conseller, si decidieran participar no incurrirían en ningún riesgo "financiero, ni jurídico, ni comercial". Ha evitado polemizar con las entidades bancarias y ha asegurado que tiene el móvil conectado "24 horas" por si cambian de opinión.

Pero el Govern no puede obviar que esta operación sí que tiene su complejidad y sus potenciales amenazas. Un ejemplo es que hace unos días la misma Generalitat preveía que el Instituto Català de Finances actuara de avalador en sustitución de un banco –como prevé el decreto– y finalmente tampoco lo hará. El motivo, según ha explicado el mismo Giró, es que no quiere someter a potenciales "riesgos" a los responsables de este organismo público, como por ejemplo que se tengan que enfrentar a una hipotética querella por malversación. Según el conseller, desde que el Govern ideó este mecanismo para ayudar a los encausados, han proliferado desde ciertos medios de comunicación las "amenaces" contra los cargos públicos que lo promueven. El diagnóstico que ha hecho el conseller es que ha habido "mucho ruido y poco tiempo" para cerrar la operación. Giró, que ha subrayado que incluso desde el PSC se ha considerado legal el mecanismo, también ha confiado que el Consejo de Garantías Estatutarias –órgano consultivo de la Generalitat– señale que el decreto es perfectamente constitucional y esto ayude a desencallar la situación.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al que le ha tocado hablar del tema en la comparecencia que ha hecho después de reunirse con el presidente flamenco, Jan Jambon. No ha querido entrar en muchos detalles, pero se ha mostrado "convencido" de que el Consejo de Garantías dirá que el decreto es plenamente legal y que esto permitirá "desbloquear" la situación. Es decir que, con el aval del órgano consultivo de la Generalitat, los bancos dejarán de tener inconvenientes en participar en la operación. De hecho, ha asegurado que "continuarán los contactos" con las entidades financieras y que habrá solución "en los próximos días".

¿Y ahora qué?

Con la Generalitat trabajando "contra reloj" para encontrar una salida, la pregunta es: ¿y ahora qué? La primera respuesta del Govern es que prevé que el embargo que imponga el Tribunal de Cuentas no sea inmediato –"La experiencia nos dice que los embargos no son inmediatos pero no tardan mucho", ha dicho Giró– y que todavía tenga un cierto margen para convencer a alguna entidad financiera. Una opción que está sobre la mesa es que, descartadas las entidades con más presencia en Catalunya, se busque el aval de una entidad extranjera, una posibilidad que Giró no ha querido confirmar este martes pero que desde JxCat –el partido que propuso al conseller– ya se ha apuntado poco antes de la rueda de prensa del Govern en un comunicado.

Por si acaso esta vía no prospera, sin embargo, ya se cuece una vía alternativa, según ya explicaba también este lunes el ARA. El mismo conseller ha dicho que "hay otras vías que se están moviendo". Una es que sean "las entidades soberanistas, los partidos y la Caixa de Solidaritat" los que aporten recursos propios para cubrir las fianzas mientras la Generalitat desencalla su mecanismo.

Una entidad extranjera, posible avalista

Así pues, igual que está previsto que Esquerra aporte 2,2 millones de euros para cubrir las fianzas relacionadas con el periodo 2016-2017 –según las fuentes consultadas por el ARA–, Junts también ha activado la recaudación de dinero entre sus militantes para cubrir el resto de las multas. En una carta enviada a la militancia, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, afirma que la "presión mediática y de los organismos del Estado ha hecho que las entidades financieras del país no accedieran de momento a conceder un aval de 5,4 millones de euros", de forma que pide a los militantes que hagan sus aportaciones. "Una vez más la presión del Estado hace que las instituciones bancarias se echen atrás", afirma en un comunicado. Aun así, apunta que es posible que de "aquí a unas semanas" la Generalitat disponga de un aval bancario de una entidad de fuera del país, "alejada de la presión política que impone España", dice la carta a la militancia. 

"Ninguno [de los investigados] cometió ninguna irregularidad y hoy están perseguidos simplemente por haber formado parte como altos cargos de la administración de la Generalitat entre la consulta del 9-N y el referéndum del 1 de Octubre", deja constancia la misiva, que hace un llamamiento a ayudar el ex president Carles Puigdemont, el ex president Artur Mas, el ex vicepresidente Oriol Junqueras o el ex secretario general del Diplocat Albert Royo. A las aportaciones que puedan hacer los partidos se sumará el patrimonio de los encausados, como lo son los bienes que hasta ahora había depositados en la causa del 9 de Noviembre, y otros que puedan aportar los investigados. Los 800.000 euros que ha recaudado la Caixa de Solidaridad irían dirigidos a cubrir la multa del 9-N, que ya es firme. De este modo se podrían resolver las dos cuestiones que ahora mismo tiene abiertas el independentismo al Tribunal de Cuentas.

Comunes y CUP avalan el fondo, mientras que Cs avanza que votará en contra

Actúe o no finalmente como un aval, el decreto de creación del fondo tiene que ser ratificado por el Parlamento. De momento, la cámara espera que el Consejo de Garantías Estatutarias resuelva si se adecúa a la legalidad. Diga lo que diga, sin embargo, el partido naranja ya ha avanzado este martes que votará en contra del fondo cuando llegue al pleno. Los comunes sí que se esperan: a pesar de asegurar que el decreto es "sólido" no se posicionarán hasta que el órgano consultivo publique su opinión. La CUP, en cambio, avalará todas las propuestas del Govern que cubran los implicados en la causa de exteriores, sea un fondo o cualquier otra medida. De todas maneras, la diputada cupaire Eulàlia Reguant ha publicado un tuit donde considera que tendría que ser el ICF quien diera "cobertura a los trabajadores públicos".