La financiación y los escenarios de 2027
MadridEstos días he recordado mucho a algunas conversaciones que tuvimos tiempo atrás con Joan Tardà, el antecesor de Gabriel Rufián como portavoz de ERC en el Congreso. Tardà es un sentimental, pero también un hombre bien razonable, que cada vez que encontraba dificultades en negociaciones abiertas con el gobierno buscaba explicaciones, y si coincidíamos por los pasillos, me exponía su disgusto diciendo: "Brunet, tú que conoces a España, ¿esto por qué nos lo hacen?" Era una pregunta retórica, él era consciente de los problemas de fondo, de los recelos permanentes cada vez que se negociaba una mejora para el autogobierno de Catalunya, sobre todo si se trataba de materias relacionadas con el dinero, con la financiación.
Tardà soplaba, y añadía: "Debemos conseguirlo, no podemos renunciar". Y completaba su razonamiento diciendo: "Tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo con la izquierda española, no tenemos alternativa. Si no lo conseguimos con los socialistas, ¿con quién podremos salir adelante?" Yo le decía que era necesario aprovechar las oportunidades, que posiblemente aparecerían, que la política no siempre era una cuestión de principios, sino de momentos, de espacios coyunturales. Lo demostraba que los grandes avances en el desarrollo autonómico habían llegado de la mano de los debates para la investidura de Felipe González o de José María Aznar.
Todo esto lo he recordado por el acuerdo entre el gobierno español y ERC sobre financiación autonómica, y las dificultades que tendrá su aprobación parlamentaria como proyecto de ley estatal. En especial, en un primer semestre del año caracterizado por las convocatorias electorales en tres comunidades autónomas ahora gobernadas por PP, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Y también lo he evocado por los contrastes de la actual legislatura. Pensamos que gobierna en Madrid el mismo ejecutivo de coalición que espió a los partidos independentistas en los momentos más agudos del Proceso. Un gobierno que después acordó los indultos de los principales dirigentes de esa iniciativa y elaboró una ley de amnistía que todavía no se ha aplicado de forma completa.
En definitiva, ahora se vuelve a esa estrategia de "hacer de la necesidad virtud" a la que apeló Pedro Sánchez para que su partido aceptara y promovera la mencionada ley que implicaba el perdón a los líderes independentistas. Ahora, el gobierno español vuelve a necesitar oxígeno, y ésta ha sido la situación de oportunidad que ERC ha aprovechado.
Un asunto tabú desatascado
Ahora bien, conviene ir más lejos. El acuerdo es positivo. Desencalla un asunto tabú durante toda la legislatura. El gobierno español no se había atrevido a descongelarlo por no abrir múltiples frentes de confrontación con el PP y Vox, que ha ido creciendo en expectativas electorales en los últimos dos años. Pero la relevancia de ese primer paso va más allá. Sánchez no ha ordenado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que saque ahora de la nevera la tarta de la financiación autonómica pensando sólo en un desbloqueo con efectos a corto plazo, sino también en su potencial proyección de futuro más allá de lo que le queda de mandato.
Fuentes de la dirección socialista explican que han aplicado a este problema elementos de análisis de las perspectivas electorales del país. PSOE y PSC comparten el criterio de que tras las próximas elecciones generales hay tres posibles escenarios. Uno, que PP y Vox logren una mayoría suficiente para gobernar. Dos, que pueda reeditarse una fórmula similar a la actual, con acuerdos del bloque que consideran representativo de la España plurinacional. Y tres, que PSOE y PP lleguen a una suerte de pacto más o menos explícito para permitir que el otro gobierne, aunque sea con una mayoría precaria, con acuerdos en cuestiones de fondo y contrapartidas para quien se quede en la oposición. En otras palabras, una Gran Coalición sin gobernar juntos.
Obviamente, de las tres posibilidades la que el gobierno y el PSOE tratarán de obtener es la segunda, la de otro mandato de la "mayoría plurinacional". El desbloqueo en materia de financiación tiene ese sentido. Es el intento de poner una primera piedra para un esquema de cooperación que vaya más allá de esta legislatura. Y se está escribiendo el primer capítulo con el socio que más ha puesto de su parte para apuntalar la precaria estabilidad de la actual administración central. Los socialistas terminaron el año deprimidos por los resultados obtenidos en Extremadura, y han aprovechado el paréntesis de Navidad para tratar de concretar una estrategia que les permita llegar a la frontera del 2027 con posibilidades –eso siempre es teórico– de mantenerse en el poder. Su consigna es que ha terminado el derrotismo –al menos por ahora– y vamos al trabajo.
La complicidad de la Moncloa y Palau
Es evidente que para la preparación y difusión del acuerdo sobre financiación ha funcionado la complicidad entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat. Queda claro por el contenido del pacto y por los escenarios escogidos, con Salvador Illa en primer plano. El objetivo: fortalecer la relación con ERC, facilitar a Junqueras un importante espacio de protagonismo político y construir un proyecto que pueda dejar también en buena posición a María Jesús Montero. Esto quiere facilitarse –ya veremos si se consigue– con un par de cifras. Catalunya recibiría con el pacto 4.686 millones adicionales, mientras que Andalucía obtendría otros 4.846. Con estos datos en mano se hace más difícil que Montero tenga que hacer frente a una dura campaña electoral andaluza en la que sería acusada de haberse vendido la piel para salvar las expectativas de Pedro Sánchez y ayudarle a mantenerse hasta el final natural de la legislatura, sin verse compelido a anticipar a las generales.
Juntos ya han dicho que no, que el sistema no les convence y que no apoyarán el Congreso. Pero tiempo al tiempo. En estos momentos, la política es especialmente líquida. La propuesta del gobierno español no es ni de lejos un modelo similar al concierto del País Vasco, y sin embargo contiene nuevos elementos muy positivos, porque incluye el principio de ordinalidad y mayor control de los principales impuestos. A Junts les interesa que el calendario corra, que Puigdemont pueda volver esta primavera a España sin riesgo de ser detenido, y poder afrontar su futuro inmediato con los acuerdos de reorganización que más les convengan para hacer frente al desafío electoral que para ellos representa Aliança Catalana. En definitiva, los junteros también tendrán que ponerse las pilas.