El fiscal del caso Pujol: "Es contradictorio decir «España nos roba» y eludir impuestos"
Fernando Bermejo sostiene que el juicio va sobre "la existencia y actuación prolongada de una organización criminal" y sitúa al expresidente catalán en la "cúspide decisoria"
San Fernando de Henares"Este proceso no ataca a Cataluña, pretende defender a todos los ciudadanos catalanes". El fiscal Fernando Bermejo ha arrancado así de combativo su informe final al juicio de la familia Pujol. Al día siguiente de comunicar que mantenía todas las peticiones de pena de prisión ha sido el momento de exponer sus conclusiones. Y después de una hora y media de discurso, en el primer receso, todos los abogados tenían tres palabras en la boca: "España nos roba". ¿Por qué? Porque ha sido una de las menciones que ha hecho el fiscal en un inicio beligerante protagonizado por un alegato eminentemente político: "El análisis obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual «España nos roba» con los hechos investigados. Resulta especialmente contradictorio invocar un discurso de agravio mientras se elude la contribución al sistema. Mientras se ha afirmado que la falta de recursos impedía financiar adecuadamente escuelas, hospitales y servicios públicos, las conductas examinadas apuntan a presuntas prácticas de elusión de obligaciones tributarias".
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Asimismo, ha acusado a las defensas de querer que la cúpula de la policía patriótica declarase como testigo para convertir el juicio en un "juicio político" y un "ataque a Cataluña". "Este procedimiento no trata de perseguir a una familia por su ideología política, va sobre la existencia y actuación prolongada de una organización criminal", ha dicho. El fiscal considera que había un sistema "organizado, continuado y consciente" para originar una "retribución diferida" para conseguir "influencia" y "ventajas en contratación" a través de "la ocultación de la verdadera causa" de los pagos y "el origen ilícito de los fondos". Al final de su discurso, que se ha alargado tres horas y media, ha cifrado en 38 millones de euros el dinero evadido por la familia Pujol: "Desde 1990 hasta 2012, hay una continuidad de saqueo de dinero".
Fernando Bermejo ha detallado el rol de los responsables en "la ocultación estructural y prolongada" del dinero en Andorra. En primer lugar ha dicho que el expresidente de la Generalitat ocupaba el "primer nivel" y la "cúspide decisoria", a pesar de que las menciones que se han hecho a lo largo del juicio han sido mínimas. En segundo lugar ha añadido que en el "centro operativo" estaba el primogénito: "Sin él no funciona nada y con él todo se mueve". Y en tercer nivel estaban los hermanos, que eran los beneficiarios: "Todos dicen lo mismo. Las mismas omisiones, las mismas lagunas y la misma falta de curiosidad". Y ha hecho un particular relato de la Cataluña de finales del siglo XX: "Podríamos determinarla como un club. Primero se pagaba la matrícula a los señores Pujol y, posteriormente, se tenía que enlazar dentro de la perspectiva del 3% [...] para poder conseguir obra pública".
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"Si hubiera habido un papel, este fiscal habría marchado"
En el capítulo de la herencia del abuelo Florenci, el fiscal ha reprochado a las defensas que no hayan ofrecido una "explicación coherente y verificable" sobre el origen del dinero que había en Andorra: "No tenemos ningún papel. Si hubiera existido, lo habrían presentado. Si lo hubieran presentado, este ministerio fiscal se habría levantado y se habría marchado", ha argumentado. Ha recalcado que en la época en que el dinero se movía en Andorra, el primogénito aún no tenía las sociedades que están bajo la lupa, y hablando sobre las supuestas facturas falsas para encubrir comisiones ilegales se ha quitado las pulgas de encima: "No es el fiscal quien tiene que probar que no se hicieron los trabajos, sino que la defensa debería haber acreditado su realidad cuando el pago es objetivamente anómalo". Ahora bien, en realidad debe ser la Fiscalía la que aporte pruebas que demuestren los presuntos delitos.
La Abogacía del Estado cree que eran "favores inconfesables"
La Abogacía del Estado cree que eran "favores inconfesables"
En nombre de la Abogacía del Estado, José Ignacio Ocio se ha desmarcado de la acusación de la Fiscalía: "Nuestra posición no es que los pagos procedan de la comisión de delitos de corrupción". Su tesis es que el dinero que los empresarios pagaban al primogénito respondían a un "favor irregular o inconfesable" –dos adjetivos que ha repetido sucesivamente a lo largo de su intervención– y a un "conjunto de voluntades soterrado y opaco que no sale a la luz". Se ha remitido a la "falta de documentación" y "la ausencia de rastros verosímiles" de los trabajos que hacía el primogénito para sostener que la causa del pago "queda en la penumbra" y tiene un "carácter misterioso". "Tenemos que creer a pies juntillas lo que nos dicen porque no hay nada que lo soporte", ha añadido.
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Asimismo, a pesar de los testimonios que han acreditado la intervención de Jordi Pujol Ferrusola en ciertos negocios, José Ignacio Ocio ha esgrimido que "no ha habido ninguna declaración que concrete o detalle" su participación y ha tildado las explicaciones que se han ido dando de "inconsistentes", "irracionales" e "inconcretas". "Es llamativo que a las constructoras no haya nada. Solo lo conocen los principales directivos. Dentro de las compañías existía la instrucción de no hacer preguntas", ha concluido.