La Fiscalía mantiene la petición de pena de prisión para el hijo mayor de los Pujol y el resto de acusados

San Fernando de HenaresDespués de casi seis meses, el juicio del caso Pujol llega –ahora sí– a la recta final, y si los pronósticos optimistas del tribunal se cumplen el jueves quedará visto para sentencia. Este lunes han terminado las declaraciones de los acusados, con los cuatro empresarios que quedaron pendientes hace diez días. A las ocho y media de la mañana los abogados mantenían una distendida tertulia futbolística mientras esperaban que les dejaran entrar. Y, entre bambalinas, periodistas y letrados aprovechaban los recesos para hacer quinielas sobre cuál sería el veredicto del fiscal. Finalmente, Fernando Bermejo ha optado por mantener las peticiones de pena de prisión que solicitó la Fiscalía Anticorrupción inicialmente: 29 años para Jordi Pujol Ferrusola, 17 años para Mercè Gironès –su exmujer–, 14 años para Josep Pujol, 8 años para sus hermanos y 5 años para los nueve empresarios. "Si no ha habido sentido común hasta ahora, ¿por qué lo habrá ahora?", se preguntaba un rato antes uno de los abogados. Y otro aconsejaba excluir a los empresarios que no tienen nada que ver con obras públicas: "Entre privados, es mucho más difícil mantener la acusación, y el filtro del Supremo no es fácil de superar", avisaba, pensando ya en un posible recurso. Pero el fiscal ha seguido adelante.

La Abogacía del Estado ha hecho una única modificación: deja de acusar al empresario andorrano Francesc Robert Ribes porque ha asumido que los convenios que decía que eran falsos son correctos. Por su parte, la defensa de la familia Pujol ha introducido una petición para que una hipotética pena –que es "improbable", ha dicho Francesc Sánchez– se reduzca de acuerdo con el atenuante de dilaciones indebidas, que se aplica cuando una causa se ha retrasado "extraordinariamente" por motivos ajenos a los acusados. Asimismo, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha anunciado que la sala dictará próximamente una interlocutoria para archivar formalmente la causa contra el expresidente de la Generalitat, a quien ha apartado por incapacidad de defenderse a raíz de su ya avanzada edad. El fiscal Fernando Bermejo ha retirado la pena de prisión para él, pero mantiene inalterado el relato de hechos, en el que sostiene que Jordi Pujol i Soley tejió una "red de clientelismo" para lucrarse con los "excelentes beneficios" de concursos públicos.

"Nunca había pensado que la amistad fuera un ilícito penal"

"Nunca había pensado que la amistad fuera un ilícito penal"

El segundo acusado en declarar ha sido Luis Delso, que era presidente de Isolux Corsán. A preguntas de su abogado, Óscar Morales, ha dejado claro que nunca ha tenido derecho a votar en Cataluña y que no es "afín" a Convergencia, un elemento del cual –genéricamente y abstractamente– la Fiscalía acusa a los nueve empresarios. "Nunca había pensado que la amistad fuera un ilícito penal", le ha contestado al fiscal Fernando Bermejo cuando le ha preguntado si era amigo del hijo mayor del expresidente de la Generalitat, con quien ha llegado en taxi a la Audiencia Nacional.

Ahora bien, los momentos más tensos han sido las preguntas de la Abogacía del Estado, que le ha interrogado con cierta beligerancia. "Mire bien la documentación antes de hacer una afirmación que no se corresponde con la realidad", le ha reprochado Morales a Álvaro Bazán, que había minimizado la intervención de Jordi Pujol Ferrusola en una operación en Gabón. En aquel momento el empresario ha recordado una carta entre un ministro gabonés y el primogénito. Previamente, José Ignacio Ocio, también abogado del Estado, había inaugurado el interrogatorio con tono amenazante: "Si yo hubiera estado durante la instrucción, quizás habría aquí sentadas determinadas personas de FCC [una empresa barcelonesa] en su situación".

Más adjudicaciones con el PSC que con CiU

Los empresarios también han querido salir al paso de la afirmación que hace la Fiscalía en el escrito de acusación relativa a que habían sido adjudicatarios de contratos con las administraciones públicas catalanas. Josep Cornadó, que fue presidente de Copisa, ha explicado que su cliente principal era el ministerio de Fomento y ha recalcado que de la Generalitat de Catalunya, que era la segunda, recibieron "muchos más" contratos con el PSC en la plaza Sant Jaume que con Convergència. "Cuando tuvimos más fuerza fue con el tripartito", ha dicho. Luis Delso ha explicado que Isolux recibió 881 millones públicos entre el 2000 y el 2010. Del total, solo 92 millones eran del gobierno de Jordi Pujol, el 10%. "Todas las adjudicaciones importantes fueron de la época del tripartito", ha destacado.

Carles Sumarroca, que fue consejero delegado de EMTE, fue uno de los fundadores de Convergència y mantiene una batalla legal por la operación Catalunya, también se ha desmarcado. La UDEF encontró un post-it en un contrato de 2008 que reflejaba un 5% de un contrato de 2,6 millones de euros. Y llegó a la conclusión de que podía responder a una comisión ilegal de dos adjudicaciones de 2012 y 2013. "No parece razonable que cinco años antes de una adjudicación, que no se sabía si existiría, hubieran planificado algo así", ha destacado su abogado, Diego Artacho. "Sería la primera comisión preventiva de la historia", ha añadido el empresario. Y ha negado que EMTE haya recibido nunca ninguna autorización de parque eólico en Catalunya.