La Fiscalía señala a Fernández Díaz como líder de la Kitchen
El ministerio público concluye que el operativo no buscaba el dinero de Bárcenas, sino documentación que comprometía a la dirección del PP
BarcelonaLa Fiscalía de la Audiencia Nacional da por acreditado que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participó directamente del "operativo parapolicial delictivo" conocido como caso Kitchen y tuvo el "control" del chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, que actuó como confident. El fiscal César de Rivas ha concluido este martes ante el tribunal que este dispositivo ilegal no perseguía recuperar el dinero oculto de Bárcenas, sino "boicotear" la investigación judicial del caso Gürtel y arrebatarle documentación "comprometedora" para la cúpula del partido.
Como recoge la agencia Efe, durante la presentación de su informe de conclusiones en el juicio en la Audiencia Nacional, el fiscal ha destacado la "errática" y contradictoria estrategia de los acusados, que intentaron "legalizar sus actuaciones buscando distintas finalidades al operativo", como por ejemplo excusándose con la búsqueda de unas cuentas bancarias en Suiza que la policía de la UDEF ya tenía previamente controladas.
Para el ministerio público, la finalidad, desde la captación del chófer en el año 2013, fue únicamente sustraer material sensible —como las grabaciones de audio que Bárcenas sugería tener— que implicaba a líderes del PP, en concreto al dirigente del PP Javier Arenas y al entonces presidente español, Mariano Rajoy. Este objetivo, según ha detallado de Rivas, tenía una naturaleza exclusivamente "bastarda" y "delictiva", utilizando los resortes policiales y del Estado con finalidades puramente partidistas.
Los mensajes
Uno de los ejes de la acusación son los mensajes de texto atribuidos al exministro que su número dos y exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, protocolizó ante notario. El fiscal ha destacado su carácter incriminatorio, "desde el momento de la captación de Sergio Ríos —el chófer de Bárcenas—", tanto por parte del exministro como de su exnúmero dos, y ha recordado un detalle procesal: la misma defensa del exministro evitó preguntar por estos textos comprometedores durante el interrogatorio en el juicio.
En el relato del fiscal destacan comunicaciones del año 2013 donde el ministro evidenciaba estar al corriente del entramado parapolicial y las acciones del chófer confidente. En julio de aquel año, constataba los seguimientos personales: "Chófer B Sergio Ríos Esgueva ahora hace esta función con su mujer". Un mes después, en agosto, mostraba prisa por culminar la misión oculta: "Se tiene que conseguir esta info". Ya en octubre, un texto hacía referencia explícita al vaciado de los dispositivos sustraídos, indicando que el informador les trasladó que "este material lo había dado B a los abogados" para preparar su defensa legal.
La cúpula de Interior y el "número 1"
El fiscal también ha otorgado credibilidad probatoria a las agendas del excomisario José Manuel Villarejo, argumentando que en estas libretas personales "no se engañaba a sí mismo". Los apuntes reflejan la inquietud del director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, por transmitir urgentemente cualquier "novedad del cocinero" (alias policial utilizado para referirse al chófer infiltrado) y "decírselo al número 1". Esta última referencia, para la Fiscalía, apunta al exministro Fernández Díaz y no al expresidente Mariano Rajoy. Al mismo tiempo, las agendas recogen múltiples anotaciones y grabaciones relacionadas con "Chisco", el apodo empleado para referirse a Francisco Martínez.
Así pues, la acusación fija que Fernández Díaz y su número dos ostentaban "la máxima posición de jerarquía dentro del ministerio del Interior" para controlar "de manera indirecta" al chófer de Bárcenas a través de "controladores directos" como los comisarios José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, y el inspector Andrés Gómez Gordo, conocido en el cuerpo como Cospedín por el hecho de haber sido asesor de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el gobierno autonómico manchego.
Ante todo el entramado, que incluyó vigilancias a la mujer de Bárcenas, la entrada a un local o el volcado de dispositivos, el fiscal pide 15 años de prisión para Fernández Díaz, para Martínez, para el ex-DAO Pino y para Gómez Gordo. Asimismo, solicita 19 años para el principal ejecutor operativo, Villarejo, y 12 años y medio para el chófer confidente, Sergio Ríos. Finalmente, reclama dos años y medio de prisión para el exjefe de Asuntos Internos, el policía Marcelino Martín Blas.
