La Fiscalía investiga a Vox por delitos de odio
El ministerio público ha abierto diligencias después de una denuncia de las comunidades islámicas de Catalunya
La Fiscalía de Barcelona investiga a Vox por delitos de odio por haber subido durante la campaña electoral catalana varios contenidos a las redes sociales con el título Stop islamización. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el ministerio público ha acordado abrir diligencias después de que las comunidades islámicas de Catalunya denunciaran a Vox hace dos semanas por delitos de odio por estos mismos hechos. Una acción jurídica que protagonizaron la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (Ucidcat), la Federació Consell Islàmic de Catalunya (FCIC) y la Federació Islàmica de Catalunya (FIC), que agrupan al 90% de las 330 mezquitas del territorio. En el escrito de denuncia, las tres entidades denuncian vídeos que Vox ha colgado en su canal de YouTube en los que aparecen imágenes de los atentados del 17-A y se hacen afirmaciones como "la islamización perpetrada por el separatismo ha convertido a Catalunya en un peligroso refugio para los yihadistas" o bien "responsabilizamos a todos los partidos políticos de haber promovido la peligrosa islamización de Catalunya".
Ha sido a partir de esta denuncia que la Fiscalía ha iniciado una investigación por si algunas de las afirmaciones del vídeo en cuestión pueden constituir un delito de odio. En el escrito de la acusación, las comunidades islámicas indican que el montaje audiovisual "no diferencia nítidamente entre las personas musulmanas que viven con normalidad y las personas terroristas que cometieron los terribles atentados y se presenta a los musulmanes como extranjeros peligrosos, sospechosos o potencialmente terroristas". Además, las asociaciones condenan que se utilicen grabaciones que no están grabadas en Catalunya, como por ejemplo de mujeres vestidas con burka o nicab. Para los denunciados, todavía es más grave que se difundan este tipo de vídeos en plena campaña electoral.
De hecho, el partido ultra publicó estos contenidos pocos días antes del inicio de la campaña electoral y los ha ido repitiendo hasta las elecciones del 14-F. Unos comicios que lrs han permitido entrar por primera vez con fuerza en el Parlament, con once diputados, cinco más que Ciudadanos y ocho más que el PP.
Otras causas abiertas
Esta no es la primera denuncia por delitos de odio que se interpone contra Vox. Otras asociaciones repartidas por todo el Estado han llevado a la Fiscalía al partido de extrema derecha, ya sea por tuits, declaraciones o imágenes. Algunas han sido de partidos políticos contra líderes de la formación ultraderechista, como la de Más Madrid contra Javier Ortega Smith por haber afirmado ante mujeres con velo que protestaban contra los cortes de luz en La Cañada que "no hay que fomentar la cara dura y el delito de los que ocupan viviendas, de los que roban la luz y pretenden vivir de las subvenciones". El PSOE también denunció el mes de abril del año pasado al partido de extrema derecha ante la Fiscalía por "una manifiesta y reiterada incitación al odio que lesiona tanto el honor del partido como del gobierno". Finalmente, las dos denuncias acabaron archivadas por la Fiscalía.
Otras causas, sin embargo, siguen abiertas, como las que afectan a Joan Garriga, primo del líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, y Mónica Lora, los dos miembros de las listas de Vox el 14-F como número tres y número cinco, respectivamente. Pero estas acusaciones son de la etapa anterior a militar en Vox, cuando formaban parte de Plataforma per Catalunya. Tanto Garriga como Lora están acusados, junto con once antiguos miembros de PxC, de un delito de odio por haber repartido propaganda con mensajes xenófobos durante la campaña electoral del 2011, un proceso judicial que todavía está pendiente de la vista oral.
La investigación a Vox también llega pocas semanas después de que Twitter cerrara temporalmente la cuenta oficial del partido ultra por "incitación al odio" contra los musulmanes. La formación tuiteó que "suponen aproximadamente el 0,2% de la población y son responsables del 93% de las denuncias". Varias ONG condenaron el tuit.