La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torrent por haber desobedecido al TC

BarcelonaLa Fiscalía quiere que el expresidente del Parlament, Roger Torrent, y los exmiembros de la mesa Eugeni Campdepadrós, Josep Costa y Adriana Delgado se sientan en el banquillo de los acusados por haber desobedecido al Tribunal Constitucional (TC) y haber permitido el debate y la votación en la cámara de varias resoluciones sobre la monarquía y la autodeterminación pese a las advertencias del alto tribunal. El ministerio público ya ha presentado su escrito de acusación, en el que pide que se inhabilite a Torrent, Costa y Campdepadrós durante un año y ocho meses para ejercer cualquier cargo público y que paguen una multa. Para Delgado pide una inhabilitación un poco inferior, de un año y cuatro meses.

En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que Torrent, Campdepadrós, Costa y Delgado eran "plenamente conocedores" de las diferentes advertencias que había hecho el Tribunal Constitucional sobre su "obligación de impedir o paralizar" cualquier iniciativa que tuviera que ver con la independencia de Catalunya, así como de la sentencia del alto tribunal sobre la monarquía. A pesar de todo, dice la Fiscalía, los tres permitieron el debate y la votación en la cámara de varias resoluciones que reprobaban la monarquía, defendían el derecho de autodeterminación y rechazaban la sentencia del Procés. Los acusa de haberse puesto de acuerdo "previamente" para sacar adelante las iniciativas con la "voluntad de infringir" el mandato "inequívoco" del TC.

El 15 de septiembre, Torrent, Campdepadrós y Delgado declararon ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El expresidente del Parlament defendió la libertad de expresión de los diputados para poder debatir sobre cualquier tema y alegó que la advertencia del TC era ambigua. "Les hemos trasladado que si esto acaba en condena será un precedente nefasto desde el punto de vista democrático", aseguraba Torrent después de declarar. Campdepadrós también añadió que la resolución contra la sentencia del Procés solo tenía valor declarativo. En cambio, Costa no se presentó a declarar y al cabo de unos días la magistrada ordenó a los Mossos d'Esquadra que lo detuvieran y lo condujeran a la sede judicial. Después de quedar en libertad con cargos decidió querellarse contra la institución por "detención ilegal".

Sus explicaciones no han convencido al ministerio público, que continúa acusando a Torrent, Campdepadrós, Costa y Delgado de desobediencia grave. En el caso de Delgado, la multa que se le pide también es inferior, de ocho meses. En su escrito, la Fiscalía pide que en el juicio se cite a declarar al resto de miembros no soberanistas de la mesa, así como al letrado mayor del Parlament, Xavier Muro. De hecho, la Fiscalía considera que los letrados del Parlament avisaron a los cuatro investigados del riesgo que suponía tramitar las resoluciones y que a pesar de todo ellos las sacaron adelante.

El ex conseller Jordi Turull, encarcelado por el 1-O, ha sido uno de los primeros en reaccionar y ha denunciado que la Fiscalía está "desbocada en este “' por ellos judicial' donde las togas se imponen a las urnas desguazando los pilares básicos del parlamentarismo democrático".